La Unión de Trabajadores de la Economía Popular reclamó que las trabajadoras de los comedores populares y merenderos sean incluidos entre los grupos con prioridad para recibir la vacuna contra la covid. En los movimientos hay preocupación por el aumento de los contagios, y ante en escenario de una segunda ola salieron a visibilizar que quienes sostienen los comedores están más expuestos al virus.

“Sostener un comedor, repartir las viandas, llevarlas a la casa a las personas mayores es estar en la primera línea. Hemos tenido muchos más casos de contagios entre estas compañeras, y nos parece injusto que aunque el Estado las reconoció como trabajadoras esenciales en la pandemia, que dan asistencia alimentaria permanente, no se las haya incluido entre los grupos con prioridad para vacunarse”, señaló el diputado Juan Carlos Alderete, referente de la Corriente Clasista y Combativa.

Aunque no hay números chequeados sobre la cantidad de comedores populares abiertos en el país, las estimaciones hablan de unos 15 mil trabajadores sociocomunitarios. En el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, donde ya hay inscriptas 1.480.000 personas, un 33 por ciento son de la rama de servicios sociocomunitarios.

Para visibilizar el reclamo fue lanzada una campaña con banners en las redes sociales. Y acompañado por otros diputados del Frente Todos, Alderete presentó una solicitud formal al ministerio de Salud. “La lucha contra la pandemia se basó en dos estrategias centrales: el aislamiento y la entrega diaria de alimentos, que permitió sostener una situación económica que de otro modo se hubiese tornado desesperante. El estado nacional, los provinciales y municipales se apoyaron en el trabajo de las organizaciones para atender a millones de familias. La vacunación de sus trabajadores y trabajadoras esenciales va a permitir mantener los espacios abiertos, y recuperar acciones de educación popular y promoción de derechos que sobrepasan, con creces, la asistencia alimentaria”, señala su texto.

Ana Ramírez trabaja en un comedor de la Villa 21-24 . "Trabajamos mucho con los abuelos, les llevamos la vianda, también les acercamos cajas con mercadería. Es algo que tenemos que hacer sí o sí porque están solos, en el barrio hay casi 700 abuelos que necesitan que alguien les acerque la comida. Además, tenemos 200 vecinos asistidos que vienen a buscar la vianda y aunque lo hagamos con distanciamiento, siempre el riesgo está. Me parece muy necesario que podamos vacunarnos", dijo Ramírez, integrante de la Corriente Villera (MP La Dignidad-UTEP).

Las organizaciones sociales vienen impulsando el reconocimiento de las trabajadoras sociocomunitarias por parte del Estado.  No les resulta fácil; en las semanas iniciales de la cuarentena debieron plantear que fueran sumadas al listado de las actividades exceptuadas de cumplir el aislamiento, por los frecuentes problemas que tenían con la policía al desplazarse. En la pandemia, el gobierno nacional reconoció que el aporte que realizan es clave, y el ministerio de Desarrollo Social las incorporó -no a todas, pero sí a una parte- al programa Potenciar Trabajo. En diciembre, el estado pagó un bono de 5 mil pesos a más de 50 mil trabajadoras y trabajadores comunitarios.  Sin embargo, en el momento de listar a los grupos con prioridad para recibir la vacuna, el sector no fue incluido.

"La falta de reconocimiento genera mucha frustración", dijo Dina Sánchez (Frente Popular Darío Santillán) a este diario. "Parece que nuestra tarea se invisibiliza cada vez más. Las trabajadoras de los comedores estuvieron desde el primer día sosteniendo las ollas populares y muchas compañeras terminaron contagiadas de coronavirus y fallecieron, justamente por estar en la primera linea. Hoy pedimos que sea una prioridad vacunar a esas compañeras que siguen en la primera línea de fuego porque la pandemia sigue y la respuesta no llega. Son compañeras esenciales y esperamos que el reconocimiento no llegue demasiado tarde".