El presidente de Indonesia, Joko Widodo, reglamentó la implementación de la castración química para abusadores infantiles en su país, luego de que el parlamento aprobara la iniciativa por primera vez en 2016.

El proyecto se aprobó hace cinco años después de las protestas por un caso de violación infantil, mientras que en 2019 se usó por primera vez en un hombre condenado por violar a varios niños.

La castración química, que es legal en los Estados Unidos y partes de Europa, usa inyecciones para reducir los niveles de testosterona y la excitación sexual. Los efectos pueden desaparecer a menos que la inyección se administre cada tres meses. Los infractores se someterán a esta práctica una vez que completen su sentencia de cárcel por el delito en cuestión.

Según las nuevas pautas aprobadas por Widodo, los agresores sexuales calificarán para la castración si sus víctimas han muerto, agredieron a varios niños, propagaron enfermedades de transmisión sexual o provocaron trastornos mentales, lesiones graves o problemas reproductivos en las víctimas. Los delincuentes sexuales condenados solo se someterán al tratamiento durante un máximo de dos años.

La regulación, firmada por el jefe de Estado de Indonesia el 7 de diciembre, también detalla otras formas de castigo para los delincuentes sexuales infantiles condenados, como revelar públicamente la identidad de los delincuentes y realizar un monitoreo electrónico mediante chips implantados después de su liberación de la prisión.

Previo a la implementación de la castración, equipos de expertos médicos realizarán una revisión clínica para evaluar si el castigo puede ser llevado a cabo. Si la respuesta es negativa, se dará lugar a un nuevo estudio.

Desde el sector de la salud indicaron que este procedimiento podría producir varios efectos secundarios, como osteoporosis, anemia, enfermedades cardiovasculares y deterioro cognitivo, lo que genera preocupación entre algunos defensores de los derechos humanos.

“El abuso sexual de niños es indescriptiblemente horrible, pero someter a los delincuentes a la castración química o la ejecución no es justicia; es añadir una crueldad a otra", expresó Nurina Savitri, directora de campaña y medios de comunicación de Amnistía Internacional en Indonesia, a través de un comunicado. 

En ese sentido, agregó que aquella medida "viola la Convención Internacional de Derechos Humanos contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes" y remarcó que desde que se aprobó la castración en 2016 en Indonesia, la violencia sexual contra los niños ha aumentado.

El procedimiento fue aprobado recientemente en Pakistán y también se usa en Ucrania, Reino Unido, Corea del Sur, Kazajstán, Rusia, Polonia y algunos estados de Estados Unidos.