El grito la paraliza: “Te voy a hacer sentir mujer, forra, lesbiana”. Él la tira al piso y le pega patadas, no le da oportunidad de salir corriendo. Higui siente que no es el único hombre que le está tirando patadas por todo el cuerpo. Medio atontada por los golpes se da cuenta de que entre varios le rompen el pantalón y el bóxer para violarla. Como puede, Higui saca un cuchillo que lleva en el corpiño y se lo clava en el pecho.

Un barrio sin lesbianas

No es que a Higui la tomaron al azar aquella noche del 16 de octubre de 2016. Aquel grupo de varones hacía tiempo venía haciéndole advertencias: “en este barrio no queremos lesbianas”. Ella trató de evitar al agresor. Fue a visitar a unos amigos que le aseguraron que Cristian no iba más por esa casa, porque se había peleado con todos. Pero no ocurrió como le dijeron. Higui pasó a saludar por el Día de la Madre, y él estaba ahí.

En sede judicial, Higui (Eva Analía de Jesús, 42 años, nacida el 7 de junio de 1974 en Haedo) declara: “Yo ando cuando voy por allá con el cuchillo, por miedo, porque los chicos son malos y no quieren a las lesbianas, ya tuve problemas antes, y creo que tengo tres o cuatro puntazos en la espalda, y también me prendieron fuego la casa y me tuve que ir. De esto no hice denuncia porque tengo sobrinos y hermana y no quise hacer problema”.

Higui desoyó las advertencias de Cristian y sus amigos. Entonces le aplicaron el correctivo que desde hace siglos las sociedades disponen para las lesbianas: la violación. Pero no cualquier violación. No es igual a la que se comete contra una mujer heterosexual. Se trata de un dispositivo de control del que nadie habla, no tiene nombre ni aparece mencionado en ninguna legislación. Constituye un disciplinamiento aceptado y promovido solapadamente -o no- en todas las sociedades a las lesbianas para que dejen de serlo. Contexto, móvil y víctima de la violación conforman un cuadro particular. Es un correctivo de orientación sexual.

Metodología de una violación

Hay registros de casos extremos de violaciones disciplinarias a lesbianas, seguidas de muerte, especialmente en Sudáfrica. No cualquier abuso, sino violaciones para sacarles lo malo, o sea, lo tortillera. Higui probablemente habría terminado de la misma manera, de no haberse defendido.

Las lesbianas feministas llaman a estos casos “violaciones correctivas”. La mayor parte de las veces ocurren dentro de la familia o en el círculo cercano de amigos y vecinos. No se conocen porque en la mayor parte de los casos no terminan en muerte para la víctima. El victimario no necesita matar a la lesbiana que pretende corregir, aunque esta lo reconozca, porque sabe que ella sentirá vergüenza o miedo de denunciarlo. Si la mata tampoco habría cumplido su propósito de corregirla, a menos que el objetivo sea amedrentar a otras lesbianas. 

El victimario cuenta con que la tortillera siente vergüenza de serlo (así fue tradicionalmente). Y con que la policía y la Justicia no la tomarán en serio. Una lesbiana chonga posiblemente sienta mucha vergüenza de no haber tenido fuerza física para rechazar el ataque, y no haga la denuncia.

Si se trata de una lesbiana orgullosa y empoderada, los victimarios son más directos. Los asesinatos de las chilenas Mónica Briones y Nicole Saavedra, y el de la cordobesa Pepa Gaitán, pretendieron ser ejemplificadores y correctivos para otras lesbianas. Los de Mónica y Nicole, para las militantes lesbianas. Y el de Pepa, correctivo para su novia.

Pero antes de aplicar violación correctiva, a las lesbianas les hacen llegar otras advertencias a través de una policía de proximidad constituida por parientes, amigos de la familia, vecinos, docentes, entrenadores, curas, pastores, monjas, compañeros de colegio, de club, de parroquia. Por lo general, son simples amenazas, advertencias, culpabilizaciones, burlas.

Cuando estos trucos no producen el resultado buscado, no faltará el varón que acorrale a la joven lesbiana, la manosee o se le eche encima para sacarte lo tortillera. Oh, sí. Que levante la mano la lesbiana que no vivió nada de esto, aunque más no fuere en su mínima expresión.

¿Qué puede esperar la torta que no obedece culpabilizaciones, burlas y amenazas varias? Ya le sacaron el celu en una fiesta y le leyeron los mensajes en público, con tono de burla. Ya le pegaron el cartel en la espalda. Ya le tiraron naranjazos en el colectivo. En la casa le dijeron que a mamá le iba a dar un ataque al corazón si seguía así, y el primo la amenazó con agarrarla a la hora de la siesta si sigue tan machona arriba de los árboles. Pero no, la señorita no quiere entender.

Muchas veces esas amenazas se cumplen. La violación correctiva puede ser un padre que le impone una mano en los genitales para mostrarle quien manda. Un compañero de colegio que la acorrala y le agarra un pecho para mostrarle que es mujer -mujer para él y para ellos- y no quien ella quiera ser.

O como en el caso de Higui, un vecino que la muele a golpes y se le tira encima, rompiéndole la ropa para intentar penetrarla. En el caso de Higui tal vez hayan procurado una búsqueda de correctivo a otras lesbianas del barrio. “Miren lo que le pasó”. Pero Higui logró defenderse.

Legislación necesaria

La legislación argentina no contempla el “abuso correctivo” ni la “violación correctiva”. Es un problema. Cuando los policías se llevaron a Higui acusada de homicidio, se le reían en la cara: “Quién te va a querer violar a vos, si sos horrible”. De ser reconocida como delito la violación correctiva, se hubieran quedado inmediatamente sin letra y les habría sido más dificultoso ingresar el caso como homicidio y punto. Lo único que reconocen -y cuando quieren tomarle la denuncia a la víctima- es el delito de violación narrado a la manera hétero, como Dios manda. A un hombre no se le va a ocurrir violar a “un chongo”.

Este tema abre un dilema para las feministas lesbianas. ¿No nos estaremos enrolando en el punitivismo? ¿Por qué tenemos que resolver esta cuestión por la vía del Código Penal? ¿Sirve de algo endurecer las penas?

Tipificar la violación correctiva no implica endurecer penas. Es exigir que se reconozca como delito una forma específica de abuso que padecemos las lesbianas, y buena parte de la comunidad lgbtiq. Y no existe simetría respecto de los heterosexuales. No existe la violación correctiva de heterosexuales en cuanto tales para que se adapten a lo que la sociedad espera de ellos.

La contracara problemática es que el debate se daría en medio de la reforma del Código Penal que se estudia en un momento muy crítico para el país. Se estudia una reforma integral del viejo Código Penal de 1921, emparchado y desemparchado a lo largo de un siglo, en un contexto de presas y presos políticos, de causas armadas a militantes -militantes lesbianas y bisexuales incluidas- por resistencia a la autoridad. Un contexto donde la reforma contemplaría como posibilidad el no otorgar libertad condicional a reincidentes (¿reincidentes de qué delitos?, cabría preguntarse hoy). Este último punto se complejiza con el asesinato de Micaela García. ¿Cómo obtuvieron la confesión de Wagner? De eso no se habla. A las lesbianas nos torturan con violaciones correctivas. ¿Avalaríamos la tortura como método de confesión a un violador reincidente? Pero la legitimación de la tortura no es lo que está en juego en la reforma del Código Penal.

El problema no sería hoy la inclusión de la figura de la violación correctiva sino el contexto en que se da la reforma. 

El caso Higui nos quema las manos

Higui está presa porque la sociedad argentina legitima la violación correctiva al no tipificarla como delito. La mayoría de las lesbianas, cuando las abusan para sacarles lo tortillera, no conocen el concepto de “violación correctiva” y no saben que pueden apoyarse en otras lesbianas para defenderse. No es que los violadores correctivos necesariamente vayan a detenerse porque el Código lo prohíba, pero su status social cambiaría. También saldrían a la luz los prolegómenos de los abusos correctivos. Y quizá se abriría un debate en los medios de comunicación.

El caso de Higui plantea la legítima defensa frente a la violación correctiva. La defensa, a cargo de la abogada Raquel Hermida Leyenda, reúne elementos para probarla y sentar jurisprudencia.

Por el momento, a Higui solo pueden visitarla en el destacamento femenino de San Martín, familiares directos (madre y hermanas) y la abogada defensora.

El 5 de abril le realizaron la última pericial psiquiátrica y psicológica, donde consta que el padecimiento que vivió coincide con los hechos que declaró. Sin embargo la pericia a las prendas íntimas no será confiable, porque no está garantizada la cadena de custodia. Dentro de un mes, la abogada defensora pedirá la morigeración de la prisión preventiva, para que Higui pueda esperar el juicio en libertad. Pero resta aún un informe psicológico conjunto entre la asesoría pericial de San Martín y la perito de parte, Alicia Castro, de Red de Contención.

La defensa de Higui plantea que mató en ejercicio de la legítima defensa. Y que el agresor cometió antes el delito de abuso sexual agravado por acceso carnal, en grado de tentativa. Si este planteo tiene éxito, sentará jurisprudencia la legítima defensa para casos de violación correctiva contra lesbianas.

Pero la gran novedad del caso es que la abogada Raquel Hermida Leyenda planteará, además, la necesidad de reformar el artículo 119 del Código Penal, para incluir la figura del abuso sexual correctivo. Hasta ahora nadie en la Argentina había planteado legalmente el problema desde este punto de vista. La situación que desde un primer momento se planteó para Higui, en el momento en que la detuvieron, parece estar señalando este vacío legal.

El caso de Higui no es comparable a otros casos de abuso sexual donde las víctimas son mujeres heterosexuales. No se trata de una doble victimización como mujer y como lesbiana sino de un encuadre diferente. Un encuadre que hará que la violación correctiva sea nombrada y puesta sobre el tapete. Un paso para lograr que la sociedad condene este dispositivo de disciplinamiento aplicado a las lesbianas.