Desde Caracas

Venezuela transita una modificación del tablero político, tanto nacional como internacional, dimensiones muchas veces inseparable en el actual conflicto. Esa reconfiguración no es nueva y por momentos aparece con evidencia, como en estos días en que la nueva Asamblea Nacional ya se encuentra en funciones y Juan Guaidó parece estar ante sus últimas, o ya agotadas, reservas. Una de las señales de esta situación vino por la decisión de la Unión Europea de no reconocerlo como “presidente interino”. La posición fue expresada con diplomacia y filo: Guaidó fue calificado como “representante de la Asamblea saliente”. La Unión, al afirmar que la Asamblea que presidía Guaidó no sigue vigente, como afirma un sector de la oposición, descarta la continuidad de la “presidencia interina”.

Esta modificación ya había sido anticipada. Posiciones duras contra el gobierno de Nicolás Maduro, como las de Alemania, Holanda o Francia, cambiaron ante el nuevo escenario. Una pregunta viene al caso: ¿se trató de un reacomodo europeo en soledad o de una posición acordada con la nueva administración entrante en Estados Unidos? La modificación del tablero ocurre sobre varios niveles a la vez. EE.UU. seguramente mantendrá el reconocimiento a Guaidó como “presidente interino” en lo que fue un acuerdo bipartidista desde el principio. Pero seguramente, en simultáneo con la ratificación de ese posicionamiento, ocurra la modificación de la táctica, de la forma de abordaje del expediente Venezuela que, a todas luces, no dio los resultados esperados por Washington.

Otros gobiernos mantendrán junto con EE.UU. una línea de reconocimiento de la “presidencia interina”, como aquellos ubicados en el arco más a la derecha en América Latina, como Colombia, Brasil y Chile, y aliados estadounidenses en política exterior, como Canadá, el Reino Unido y Japón. Pero la decisión de cómo continuar para lograr un cambio de gobierno en Venezuela no será una decisión de esos gobiernos sino, como fue desde el inicio, exclusivamente de EE.UU.

Guaidó está fuera del centro político, agotado como para cumplir los objetivos políticos bajo los cuales fue construido. Lo saben todos los actores, independientemente de su narrativa pública. Por eso existen reposicionamientos internacionales y numerosas fracturas sucesivas dentro de la oposición venezolana, donde cada dirigente, partido -o fragmento de partido- busca posicionarse de cara al escenario abierto y en construcción. Se trata del posible final de una estrategia representada en Guaidó, la de una institucionalidad paralela. El gobierno venezolano logró desactivarla en un lapso de dos años, con un costo general para la economía sobre la cual se profundizó un bloqueo, la población, en particular los sectores populares y capas medias, y sobre la política, que se convirtió en posiciones de trincheras.

¿Cómo será la nueva etapa? Por el momento pueden verse algunos contornos. El discurso de la nueva Asamblea, con mayoría chavista, plantea tanto la importancia del diálogo como la reconciliación y la necesidad de que no exista impunidad. Iris Varela, vicepresidenta del poder legislativo, afirmó en la sesión del jueves que  “acordamos como junta directiva crear una comisión especial que va a investigar las acciones perpetradas contra la República desde las directivas y algunos miembros de la Asamblea en el período 2016-2021 (…) en un mes tiene que haber resultados y ya tiene que salir el exhorto para que actúe la justicia de manera contundente”.

El mensaje apuntó directamente a Guaidó, que a partir del 5 de enero perdió la inmunidad parlamentaria. Quien el 23 de enero del 2019, entonces desconocido para el país, se autoproclamó presidente, sabe ahora que su final político es cuestión de tiempo. Quedará en una disolución de capital político hasta reducirse al Twitter, o será detenido por la justicia. ¿De qué dependerá? De tiempos políticos, posibles diálogos y negociaciones internacionales donde el chavismo tiene una posición de fuerza política, pero de debilidad económica.

La apuesta del gobierno para la nueva etapa se centra en el intento de ingreso de capitales privados, nacionales y extranjeros, a diferentes áreas claves de la economía. Es lo que oficialmente comenzó a partir de la ley anti-bloqueo votada en octubre en la Asamblea Nacional Constituyente, que plantea, entre otras cosas, que ese proceso de ingreso de capitales se hará de forma confidencial para evitar las persecuciones del bloqueo por lo que, hasta la fecha, no han existido rendiciones de cuenta al respecto.

Aún no pueden medirse los resultados de esa orientación que comenzó con anterioridad a la ley. Según la efectividad o no, es decir que permitan una mejora de los ingresos en las arcas del Estado, de los servicios públicos, en empresas estratégicas como PDVSA, el gobierno tendrá mayor o menor urgencia para negociar una flexibilización del bloqueo en un posible diálogo/acuerdo con EEUU. La apuesta del gobierno es, además, que, dentro del rompecabezas, esa misma ley y las oportunidades de inversión que ofrece, funcione como elemento que empuje hacia acuerdos.

Por el momento se trata de debates, análisis y puertas cerradas, pero no de impactos en una cotidianeidad que se encuentra desde hace años bajo metamorfosis, con salarios y jubilaciones que van desde dos dólares mensual en el Estado hasta alrededor de 50 o 100 dólares en empresas privadas, con dificultades de abastecimiento de agua, gas, luz, y gasolina, y una moneda nacional que retrocede ante el avance del dólar desde lo pequeño hasta lo macro. Esa cotidianeidad es el principal tiempo de las mayorías en Venezuela.