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Facebook e Instagram mantendrán bloqueadas de "manera indefinida" las cuentas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para evitar las incitaciones a "una insurrección violenta contra un gobierno elegido democráticamente". Así lo definió su CEO, Mark Zuckerberg, quien agregó: "Los riesgos de permitir que el presidente continúe utilizando nuestro servicio durante este período son simplemente demasiado grandes". De esa forma Facebook decidió extender el bloqueo que había impuesto el miércoles, luego de que Trump difundiera un mensaje en el que, si bien llamó a los manifestantes que invadieron el Capitolio a volver a sus casas, insistió en su teoría ya rechazada por la justicia de que hubo fraude en las elecciones que perdió contra el demócrata Joe Biden.
Twitter, la plataforma favorita del mandatario saliente, también bloqueó su cuenta durante doce horas y amenazó con suspenderla de forma permanente. Además borró sus dos últimos mensajes. La pregunta que subyace a estas decisiones es si efectivamente se trata una medida tendiente a mantener el orden y la paz social, o se trata de un comportamiento que bordea la censura. "Creo que es problemático que las empresas dueñas de las plataformas digitales se arroguen el derecho de decidir qué es lícito y qué no lo es, que se comporten como policías del contenido sin que haya una norma democrática que autorice tal comportamiento", advierte el profesor e investigador del CONICET Martín Becerra en diálogo con PáginaI12.
"Los impactantes eventos de las últimas 24 horas demuestran claramente que el presidente Donald Trump tiene la intención de usar el tiempo que le queda en el cargo para socavar la transición pacífica y legal del poder a su sucesor electo Joe Biden", explicó Zuckerberg al justificar el bloqueo al mandatario saliente. Durante la caótica jornada del miércoles, Facebook buscó y eliminó contenido que motivara el asalto al Congreso o alentara la violencia. También prohibió publicaciones referidas al grupo supremacista y firme aliado de Trump, QAnon.
En la misma línea Twitter argumentó que los mensajes del presidente saliente suponían violaciones de las "reglas de integridad cívica" de la plataforma y que cualquier violación futura "resultará en la suspensión permanente de la cuenta @realDonaldTrump", que actualmente cuenta con más de 88 millones de seguidores. Los mensajes detectados "no se podrán volver a tuitear, responder ni recibir 'me gusta'", dice la red social en los dos últimos mensajes del magnate republicano, que ya no se pueden ver.
Para Martín Becerra lo que sobresale en este caso es que "las reglas de Facebook o Twitter son cambiantes y opacas para todo el mundo menos para sus directivos, que van alterando qué puede publicarse, qué no, cuáles son las sanciones en cada caso, según su propia evaluación del contexto". En definitiva, se trata de reglas privadas, flexibles y sin una auditoría pública democrática, lo que constituye un problema debido al carácter dominante y cuasi monopólico de estas compañías.
"En el plano comunicacional, alzar la bandera de la libertad de expresión como estrategia para quedar inoculados de regulación sobre los excesos y la incitación a la violencia en espacios comunicacionales es una trampa", manifiesta por su parte la periodista, docente e investigadora del CONICET Natalia Aruguete. "Son medidas unilaterales tomadas por empresas privadas que en la mayoría de los casos dicen no ser editoras de contenidos sino intermediarias de contenidos, aunque en algunos casos actúan no solo como editoras sino también como censoras", agrega a este diario Natalia Zuazo, especialista en política y tecnología.
En mayo del año pasado, cuando Trump embistió contra Twitter por haber editado algunos de sus posteos bajo la amenaza de legislar sobre las plataformas, Aruguete cree que se inició un camino "con consecuencias irreversibles, que tocaban las dimensiones comunicacional y política". A la apuesta de apropiarse de la estrategia discursiva digital mediante la compra de acciones en Twitter por parte del financista republicano Paul Singer le siguió el inicio del enfrentamiento contra Trump por parte de Twitter, al que se sumaron Facebook e Instagram.
"¿Lo habrían hecho en otro contexto político? ¿Habría sido viable si los republicanos ganaban las elecciones el año pasado? ¿Lo han aplicado con el mismo criterio en otros países o ante la violencia iniciada por otros dirigentes políticos? La respuesta es 'no'", agrega la autora junto a Ernesto Calvo de Fake news, trolls y otros encantos.
"Si Trump constituye una amenaza a la convivencia democrática, y muy probablemente así sea, son los poderes democráticos y públicos de su país quienes deben tramitar el recorte de su poder y no empresas privadas", plantea en ese sentido Becerra. Además cualquiera podría preguntarse si la censura de una persona como Trump va a evitar que siga actuando de la forma en que lo hizo hasta ahora.
Por su parte Zuazo sugiere extender el debate más allá de la figura del flemático líder republicano. "Hay mecanismos para que los usuarios denuncien a determinadas cuentas o publicaciones y que esos reportes entren en revisión o directamente en suspensión", explica la directora de Salto Agencia.
El problema es que ese poder es unilateral para una empresa que participa activamente sobre los contenidos de terceros. "Nos alarma que esto suceda con Trump pero no genera tanta impresión cuando estas censuras suceden permanentemente contra minorías, personas de identidades sexuales diferentes o corporalidades no hegémonicas. La censura ocurre permanentemente en las plataformas", asegura Zuazo.
Frente a un escenario delicado donde los límites y las regulaciones suelen ser difusos, se impone ir hacia una regulación democrática de las plataformas. Para Becerra, especialista en el estudio de los sistemas de medios de comunicación en América latina, resulta difícil que decisiones unilaterales como las que vienen adoptando Facebook o Twitter cuenten con consenso y aprobación debido a que "son adoptadas a espaldas del resto de la sociedad y la respuesta democrática sería tomar la dirección inversa: abrir la participación sobre una cuestión que afecta el derecho a la libertad de expresión, a la no discriminación, al acceso a la cultura, a la protección de datos personales, a la competencia económica y a la salud de consumidores y usuarios".
