Las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Obras y Servicios Públicos remitieron el 16 de diciembre pasado una nota al ministro de Gestión Pública, Rubén Michlig, en la cual le solicitan aclaraciones e información complementaria para poder dar inicio a su tratamiento legislativo. Y de paso le recordaron que funcionarios provinciales cancelaron tres reuniones previamente acordadas, en las que se abordarían los dos mensajes del Poder Ejecutivo referidos al Programa de conectividad.
“El Programa de Conectividad fue anunciado como una prioridad del gobernador Omar Perotti y ahora pide a la Legislatura su tratamiento. Sin embargo, desde que ingresaron los dos mensajes los funcionarios de su propio gabinete no se hicieron presentes en la Comisión para que podamos evacuar las contradicciones y falta de información precisa que presentan, tanto como del Decreto 616/20 también relativo a conectividad”, sostuvo la presidenta de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, Clara García (Socialistas-FPCyS).
“Los proyectos tienen una serie de inconsistencias que necesitamos que el gobierno aclare para poder avanzar”, explicó García, al tiempo que agregó: “Queremos información precisa sobre algunos puntos centrales que aparecen confusos:
• ¿Cuál es realmente el Programa a desarrollar ya que cita varios nombres y contenidos, y sólo se acompaña un perfil de proyecto a título enunciativo pero no vinculante?
• Se adjunte un documento detallado y a nivel definitivo que precise la tecnología para la conectividad, la tecnología y modo de tendido de fibra óptica, la infraestructura de nodos, la cantidad de radio enlaces, el tipo y tecnología redes wifi, los equipamientos, las obras civiles, la estructura de mantenimiento de red, soporte y capacitación técnica, entre otros.
• Se aclare si el préstamo será de 100 o 120 millones de dólares ¿Cuáles son las condiciones definitivas que aprobó la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina)?
• ¿Por qué no se citan en el Presupuesto 2021 los 24 millones de dólares que debe aportar la Provincia?
• ¿Será el Ministerio de Gestión Pública o el Ministerio de Infraestructura quien licite los bienes y servicios por 124 millones de dólares?
• ¿Cuál será, asimismo, el organismo que opere los servicios de conectividad? ¿Lo hará por administración o concesionando a una prestadora privada?
• ¿Cuál es el programa educativo que se propone para la inclusión digital y si será utilizada la plataforma educativa integral, ya desarrollada por la provincia en software libre?
• ¿Porqué no se ha citado al Consejo Provincial de Telecomunicaciones, creado por este gobierno como órgano participativo?
• ¿Se han tomado en cuenta los proyectos legislativos, en especial los seis que cuentan con media sanción de la Cámara de Diputadas y Diputados?
Asimismo, la diputada planteó la preocupación que existe respecto a la superposición de inversiones y a la operatoria integrada de toda la red: "¿Cómo se vincula este Programa con la planificación estratégica nacional y los programas nacionales que actualmente aportan a las provincias recursos para la conectividad: Argentina Unida (desarrollo para barrios populares), Acceso a TICs en zonas adversas, Despliegue de redes para comunicaciones móviles, Acceso a conectividad para instituciones públicas, Conectividad para corredores viales?
• ¿Cuál es la participación de Santa Fe en la tercera etapa de la red federal de fibra óptica y en el Plan plurianual de espectro?
• ¿Cuál es el plan de complementariedad de las inversiones proyectadas con las infraestructuras ya existentes: invertidas por la provincia, por prestadores privados (cables, telefonía, etc.), por Universidades y por ARSAT (empresa nacional de soluciones satelitales)?
• ¿Se planifica que la provincia licite nuevas licencias ante ENACOM: como proveedor de internet, servicios de valor agregado, radio/TV o telefonía móvil? Lo hará en competencia con actuales prestadores?
Por otra parte, se consulta sobre la pertinencia de endeudarse en moneda extranjera ante directivas en contrario del Gobierno Nacional, y siendo que las cuentas bancarias oficiales arrojan un saldo 6 veces superior al préstamo pretendido.
