En el cuarto día de piquete de pescadores en el puente a Victoria, y con el juez que impuso la veda ausente por vacaciones, un fiscal de Cámara reaccionó con un planteo a tono con lo que propone el Ejecutivo como solución parcial al entuerto: que se suspenda la prohibición de pescar durante 45 días porque la pretensión de la medida cautelar que originó la medida "no es razonable". En ese período de dispensa, el Gobierno debería convocar a audiencia pública para establecer algunas medidas de preservación de la fauna ictícola. La Casa Gris sugirió que la pesca comercial tenga luz verde tres días a la semana, y la pesca con devolución (deportiva) continúe sin cortes. Las ONG ambientalistas justificaron su acción judicial y reiteraron que sea el Estado quien afronte el costo social por no tallar en el negocio de los frigoríficos exportadores ni proteger la población de peces, hoy con el trastorno extra de la extraordinaria bajante del río.

En la protesta de pescadores ayer al mediodía habían quedado solo los que venden directo al público. Los que trabajan como acopiadores para frigoríficos se habían retirado ya. Fue entonces cuando se enteraron de que el fiscal de Cámara la Cámara de Apelaciones de Rosario Guillermo Corbella respondió la apelación que el Gobierno santafesino había presentado en la víspera contra la medida cautelar que impuso la veda pesquera.

Corbella puso por escrito que el criterio que planteó la ONG El Paraná No Se Toca y que atendió el juez Luciano Carbajo "no es razonable", por cuanto privó de un día para el otro a miles de familias de su medio de vida y con la cuestionable jurisdicción de hacerlo solo sobre la mitad santafesina del río. En este sentido, el cuestionamiento del fiscal resultó similar a la apelación planteada por Fiscalía de Estado. Allí el gobierno calificó el dictamen de Carbajo como “arbitrario”, “contradictorio” y lo acusó de “avanzar indebidamente” sobre competencias que la Constitución de Santa Fe asigna al Poder Ejecutivo. Además, cuestionó al magistrado por no considerar "el impacto social y económico" de la medida.

Corbella entonces pidió a la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial que suspenda por 45 días la medida cautelar y, por lo tanto, la veda total para pesca comercial y deportiva. 

Como contraparte, propuso el fiscal que en ese lapso el Ejecutivo realice una audiencia pública entre pescadores, ambientalistas, científicos y demás para acordar y establecer "medidas de prevención", como un tope a la cantidad de pescados y alguna forma de hacer parcial la veda. 

Las prevenciones ya están contempladas en la ley provincial 12.212. El problema es que el Estado no la hace cumplir con la fiscalización debida, y tampoco esa legislación está en consonancia con la de provincias vecinas. Esta es una crítica compartida por los distintos actores que intervienen en la actividad pesquera. 

Como Carbajo entró en licencia por feria judicial, el planteo del Ejecutivo recayó en la jueza Mónica Klebcar, quien trasladó la decisión a la Cámara (Edgar Baracat, Angel Angelides y Guillermo Llaudet Maza). 

Ambientalistas. La ONG El Paraná No Se Toca despachó un comunicado tras anoticiarse del planteo del fiscal Corbella. En resumen, responsabilizó al Ejecutivo provincial por el conflicto. Dijo que el Gobierno "dilata y esquiva" hace siete meses este problema, y culmina ahora con "una propuesta de veda parcial". 

Su abogada, Patricia Araguás, señaló ayer por LT8 a los frigoríficos exportadores como responsables detrás de la cortina. "Ganan en dólares y pagan en pesos", dijo. Y remarcó que sea "el Estado quien se haga cargo del conflicto".

La entidad apuntó que también un grupo de diputados provinciales había solicitado la veda pesquera, y que "las reacciones que han alterado la convivencia ciudadana" (así le llaman al reclamo de los pescadores) es consecuencia de "la falta de un período de adecuación a la veda total de pesca".

Esa ONG se manifestó dispuesta a aceptar la veda parcial que propone el Ejecutivo, y también considera "razonable" el pedido del fiscal Corbella.

El comunicado finaliza así: "Una situación natural extraordinaria desnuda la desidia con la que se han tratado históricamente durante muchos años estos temas de por sí complejos. Estamos frente a una oportunidad inédita de revertir la situación esta vez en beneficio de los pescadores artesanales y de la preservación de la biodiversidad. Los responsables tienen el deber de estar a la altura de las circunstancias".

Ahora le toca mover a la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario.

En el piquete. Los pescadores en la cabecera del enlace vial a Victoria cumplieron el 4° día de protesta, pero ya sin el apoyo de sus colegas que no venden directo al público sino que pescan y compran para entregar a los frigoríficos. Como muestra de buena voluntad, y después de varias discusiones tensas, resolvieron permitir cada dos horas el tránsito vehicular. Ayer a las 17.30 liberaron la traza, y hoy a las 8.30 volverán a cortarla.

La veda parcial que propuso el Ejecutivo cayó bien entre ellos. "Eso podría ser porque podríamos seguir trabajando. Ya se hizo en Entre Ríos", dijo uno de los acampantes. Al lado, otro explicó lo que falta para que ellos levanten el último piquete de la protesta: "Necesitamos una respuesta concreta, escrita y firmada oficialmente que nos diga que mientras la cuestión está apelada, nosotros podemos salir a pescar, sin riesgo de que nos quiten todo. De lo contrario, seguiremos acá". Estamos cansados que nos saquen las canoas".