Un amparo judicial impulsado por varias organizaciones sociales y gremiales porteñas, y un proyecto del bloque del Frente de Todos (FdT) en la Legislatura buscan que la Ciudad garantice la asistencia de alimentos a los estudiantes durante el receso escolar de verano, en un contexto marcado por el aumento de la pobreza y la indigencia. Según datos oficiales, uno de cada tres porteños es pobre. Las dos iniciativas, por vías diferentes, intentan darle continuidad a la prestación del servicio alimentario realizado a través de la distribución de la Canasta Escolar Nutritiva que el gobierno dejó de entregar el 11 de diciembre pasado, cuando finalizó el ciclo lectivo 2020.

La medida cautelar para que el gobierno porteño continúe entregando las Canastas Escolares Nutritivas que se repartían cada quince días, en más de 1.250 escuelas, en los tres servicios de Desayuno, Almuerzo y Refrigerio, fue impulsada por la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Capital), el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la FIUBA (CLIC), la APDH – Regional CABA, el IPYPP, la CTAA-Capital y La Defensoría de Laburantes.

Al respecto, el abogado y titular del ODC, Jonatan Baldiviezo, dijo a Página/12 que el amparo fue presentado una semana después vez de que finalizara el ciclo escolar. Sin embargo, el 30 de diciembre la jueza Romina Tesone rechazó la cautelar y otorgó una medida distinta a la que habían solicitado las organizaciones. Dispuso que que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta debía informar a la comunidad educativa qué políticas alimentarias tenía vigente, dónde se podían solicitar y cómo hacerlo.

"Hasta este miércoles, el Gobierno no cumplió con la medida que había sido notificada por Tesone en diciembre, y de la que volvió a ser notificado por la jueza (Elena) LIberatori en enero cuando habilitó la feria judicial para que continúe el trámite", dijo el letrado. Baldiviezo explicó que "la jueza cuando rechaza la cautelar dice que no existe ninguna norma que obligue al Gobierno a continuar con la política alimentaria porque esta política era como el servicio de comedor en los colegios, que termina cuando finaliza el año lectivo".

Ante el rechazo, las organizaciones plantearon un recurso de reconsideración para que la misma jueza, o quien la subroga, en este caso Liberatori, revea la decisión. El argumento, explicó el letrado, es que "lo que planteamos, y seguiremos insistiendo, es que el Gobierno estableció una nueva política alimentaria para la Ciudad durante la pandemia. Y que esa nueva política no es la de comedores escolares sino la que ellos mismos llaman Canasta Escolar Nutritiva, los bolsones alimentarios, que tienen cuestiones distintas: no es universal como los comedores sino que es para quienes tienen becas alimentarias y se reparten cada quince días".

Además, Baldiviezo remarcó que "durante el receso de invierno, el Gobierno continuó entregando los bolsones a partir de un compromiso que asumió en el marco de la causa que impulsó la legisladora Myriam Bregman por la calidad de los alimentos. Lo que hizo el Gobierno fue una asistencia alimentaria por la crisis sanitaria y la pandemia, y lo que motivó esta política no terminó. Los niveles de pobreza e indigencia no cayeron y , además, volvieron a incrementarse los contagios".

En el mismo sentido, la ingeniera María Eva Koustsovitis, coordinadora de CLIC, dijo a este diario que "es inadmisible que se discontinúe la asistencia, la necesidad alimentaria del alumnado y del estudiantado no se toma vacaciones. El 45,9 por ciento de la niñez porteña vive en hogares cuyos ingresos no superan la línea de la pobreza. Por este motivo, con el objetivo de garantizar el derecho a la alimentación, a la salud y a la vida de los estudiantes y alumnos recurrimos a la justicia para que ordene al Gobierno continuar durante el receso escolar con la prestación del servicio alimentario, teniendo en cuenta sobre todo que los indicadores de pobreza del último trimestre resultan sumamente críticos".

Por otra parte, en la Legislatura porteña se presentó un proyecto firmado por Ofelia Fernández, Matías Barroetaveña, María Bielli, Lucía Cámpora, Claudio Morresi, Lorena Pokoik y Manuel Socías para que el Ministerio de Educación e Innovación establezca "de manera extraordinaria la continuidad de la asistencia alimentaria escolar durante el receso de verano 2020-2021".

La iniciativa plantea que se garantice la asistencia a todos los estudiantes de escuelas de gestión estatal o privada con cuota cero que soliciten la asistencia extraordinaria a través de sus establecimientos mediante "una transferencia monetaria directa acreditada en cualquiera de las tarjetas magnéticas ya otorgadas por el Gobierno de la Ciudad o en una cuenta bancaria asociada al destinatario/a o al adulto responsable en el caso que correspondiera".

Consultado por este diario, Barroetaveña sostuvo que “al comienzo de la pandemia propuse la implementación de una tarjeta alimentaria escolar. Esa propuesta contó con el respaldo del Bloque del Frente de Todos y de los principales gremios docentes pero no fue implementada por el Ejecutivo. Con este proyecto de ley estamos pidiendo su implementación durante el verano para garantizar la continuidad de un piso alimentario para los alumnos en condiciones seguras”.

En cualquier caso, Baldiviezo remarcó que "hay un principio constitucional que es que cada vez que el Estado reconoce nuevos derechos y establece políticas para garantizarlos, principalmente cuando es para niños y niñas, no puede interrumpirlos en forma arbitraria. Es el principio de no regresividad en materia de derechos humanos".