La Justicia terminó por darle la razón al Gobierno provincial, al fiscal de Cámara Guillermo Corbella, y también a los pescadores, y desautorizó en graves términos al juez que en vísperas de la feria judicial había dictado una veda total de pesca hasta el 31 de marzo, a instancias de las ONGs ambientalistas El Paraná No Se Toca e Identidad Ambiental que así lo habían pedido. En consecuencia, los pescadores levantaron el corte del puente a Victoria con el que protestaban desde hace cinco días.
La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial anuló la medida cautelar de primera instancia y la prohibición de pescar en la mitad santafesina del río, tal como había pretendido el fallo del juez Luciano Carbajo. En su lugar, estableció el criterio propuesto del Ejecutivo al apelar la medida: veda parcial por cuatro días (martes, viernes, sábados y domingos, más feriados), y que los otros tres sí se pueda pescar.
El fallo firmado por Edgar Baracat, Avelino Rodil y Angel Angelides tildó la decisión del juez Carbajo de "inoportuna por el momento en que fue dictada, un 29 de diciembre, en vísperas de la feria judicial, y por su desproporción en modo y extensión hasta el 31 de marzo". Además, los camaristas coincidieron con la observación de que hubo extralimitacion de facultades del juez por cuanto marcaron que la ley provincial de pesca (N° 12.212) ya confiere al Ejecutivo –y no al Judicial– la autoridad para disponer vedas parciales o totales si el caso lo amerita.
Por lo tanto, el tribunal consideró "adecuado modalizar la veda en ciertos días de cada semana y permitir en otros días la pesca comercial". En estos términos, dispuso la Cámara que se prohíbe pescar martes y viernes, además de los días ya vedados, que eran sábados domingos y feriados. En cambio, para la pesca deportiva (eso sí, con devolución), se rehabilitó a hacerlo todos los días, tal como reclamaban los empresarios del turismo litoraleño.
Pasado el mediodía, los pescadores liberaron el enlace vial Rosario - Victoria con satisfacción. “Estamos más que felices, y lamentamos los inconvenientes que causamos a otros en los cortes, pero somos trabajadores y traemos la materia prima del río, que es fundamental para la gente. Vamos a pescar lunes, miércoles y jueves, y estamos conformes con eso, es más justo", dijo Azucena, hija y madre de pescadores a Rosario Plus.
El pronunciamiento judicial, no obstante, deparó un tirón de orejas no solo para el juez Carbajo, sino también para el Ejecutivo, en concreto, para el Ministerio de Producción que conduce Daniel Costamagna: lo conminó a que "realice el máximo esfuerzo posible en controlar y fiscalizar el recurso pesquero", algo que señalan desde hace tiempo todos los sectores involucrados, hasta los frigoríficos, incluso.
Por la cartera aludida, habló el secretario de Agroalimentos, Jorge Torelli. "Veníamos intensificando los controles a través de puesta en valor de los puestos de fiscalización, donde el pescador entrega su pescado y se genera un documento, que es la guía que permite entrar luego a los frigoríficos, para que lo que entra sea lo mismo que lo que se certifica”, dijo en contraste con el reto judicial. Pero se excusó en que "tenemos casi 700 kilómetros de costa y es complicado controlarla toda. Vamos a reforzarlo por pedido del juez", agregó.
Pero el epicentro del mensaje que dejó el dictamen de apelación está destinado a la pretensión de las ONGs ambientalistas y al magistrado que les hizo caso y cerró el juzgado por la feria judicial. "Cuando se trata de conjurar un posible daño ambiental las medidas a adoptar deben tener cierta proporción con el perjuicio que se pretende evitar", citó la Cámara, en tácita alusión al conflicto social y económico que causó. En concreto, la privación del medio de vida a 4.200 familias de pescadores santafesinas, lo que detonó la protesta con corte de rutas y conflicto entre ciudadanos por ver interrumpida su libertad de tránsito.
El Gobierno celebró el fallo de inmediato. La ministra de Medio Ambiente, Erika Gonnet, llamó a conferencia de prensa y marcó: "Se resolvió lo que la Provincia había recomendado: suspender la veda a la pesca deportiva y en cuanto a la pesca comercial sumarle 2 días a los 2 días de veda que ya se contaba por ley en Santa Fe, y de esta manera coincidir con la misma reglamentación de Entre Ríos", resumió junto al secretario de Turismo, Alejandro Grandinetti.
Gonnet expresó lamentación por "este conflicto que causó ese fallo; como el fiscal de Cámara también lo dijo: fue apresurado y desató este enfrentamiento social entre quienes reclamaban su derecho a trabajar y quienes reclamaron su derecho a transitar. Agradecemos la celeridad de la Justicia en contestar nuestra apelación y tener en cuenta las recomendaciones que hizo la Provincia".
La ministra rechazó críticas de las agrupaciones ecologistas y aseguró que el Ejecutivo no ignoró la cuestión de la bajante, la crisis del recurso ictícola y los pescadores. Para ello, señaló a Rosario/12 como un logro haber impulsado una reducción del cupo de exportación de sábalos de 22 toneladas en 2019 a 11,5 toneladas en 2020, lo que debería haber implicado una menor presión extractiva. "Veníamos trabajando a lo largo del año justamente para que no ocurriera algo como esta medida cautelar dictada un 29 de diciembre. Fue como llegar a trabajar y encontrarse con la fábrica cerrada. Fue una medida muy imprudente", cuestionó Gonnet.
Además, la ministra reflexionó con que "al final siempre se termina perjudicando al más débil, al imponerles a la comunidad pesquera que por tres meses no podrían trabajar. Nunca hay que atentar contra la paz social, ni tampoco contra los recursos productivos, como lo sabe un sector tan afectado como el turístico". Y en un aparte, recordó la decisión del gobierno de Antonio Bonfatti en 2012 de levantar la veda pesquera de entonces "con tal de dejar de pagarle el subsidio a los pescadores; es menester actuar con más responsabilidad y visión integral de la problemática", reprochó.
