Bajo el título "El gobierno busca entablar diálogo entre pueblos originarios y productores vallistos", la Provincia informó el pasado 7 de este mes de una reunión celebrada en Cachi en el marco de una mediación convocada para tratar de encontrar una solución a los conflictos territoriales en los Valles Calchaquíes. Sin embargo, el delegado de la Comunidad Las Pailas y de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita en Salta (UPNDS), Ulises Yanes, afirmó ayer que hay malestar en las comunidades porque no fueron convocadas a este encuentro. 

"Nuestra disconformidad tiene que ver con que no se invitó al sujeto de derecho", sostuvo Yanes. Dijo que en su caso, fue avisado por teléfono el día antes "como a las 9, 10 de la noche" y que luego de que se difundió la realización de ese primer encuentro recibió consultas de referentes de las otras comunidades del territorio que afirmaban no haber sido convocados. El delegado adelantó que la organización que reúne a las comunidades del Pueblo Diaguita, la UPNDS, está preparando un comunicado señalando que "desde un principio están cometiendo errores y desprolijidades en poder armar una mesa de diálogo que sea intercultural e interinstitucional". 

La Provincia informó que en esa primera reunión realizada en el salón municipal de Cachi, el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, indicó que “el Gobierno no viene a generar más divisiones, sino a tratar de entablar puentes de diálogo efectivo, para terminar con la discordia" y que para eso propone "la mediación como herramienta para obtener un punto intermedio y el entendimiento voluntario”.

Refrendando esta intención, el secretario de Justicia, Diego Pérez, y el subsecretario de Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, Gustavo Skaf, afirmaron que la mediación es “un método participativo, efectivo y pacifico para la resolución de conflictos”, una instancia de diálogo en la que "nosotros no venimos a definir quién tiene la razón o no, sino que buscamos ser una vía para las partes vean la conveniencia”.

El gobierno detalló que de ese encuentro participaron "representantes de las comunidades originarias, productores, autoridades provinciales, municipales y legisladores provinciales y nacionales". 

Los referentes comunitarios que participaron fueron el presidente interino del Instituto Provincial de Pueblos Originarios de Salta (IPPIS), Héctor Fabián, y el abogado Martín Plaza. Sin embargo, Yanes sostuvo que si bien Fabián pertenece al Pueblo Diaguita, su función en el IPPIS lo ubica como parte del gobierno, y ratificó que la Provincia debió invitar a los referentes de las instituciones de su pueblo. 

"Estamos expectantes a que el gobierno provincial pueda remediar esto", insistió el delegado. Dijo que trató de comunicarse sin éxito con al subsecretario de Regularización Territorial y Registro de Comunidades Indígenas, Ariel Sánchez, "para mostrarle nuestra disconformidad y que para la próxima se arme con tiempo y en conjunto", porque "no puede ser que el gobierno se largue solo armando la mesa de diálogo". 

Para Yanes, "lo correcto" es "construir esa mesa de diálogo para tratar de resolver los conflictos territoriales". "Vamos a estar a la espera, ojalá que se logre entender que sí o sí tienen que convocar al sujeto de derecho y no es que tiene ser una convoctoria a cada una de las comunidades, sino que para eso nos organizamos, para eso nos institucionalizamos y que en ese sentido el Estado provincial tiene que también respetar y reconocer la institucionalidad" de los pueblos originarios, aseguró.

Respecto de la participación del IPPIS, explicó que si bien "tiene que gestionar y trabajar para que como estado empiecen a avanzar en cuanto a la aplicación y ejecución del derecho indígena", "no es el organismo de consulta hacia los pueblos".

"Todas estas falencias que van ocurriendo nos molestan, porque nos siguen desconociendo, nos siguen ninguneando y si es así estamos viendo que no hay una voluntad real para avanzar en un diálogo genuino, un diálogo intercultural", añadió. Recordó que las comunidades originarias ya manifestaron a este gobierno y a las anteriores gestiones su disposición a "dialogar y ver cómo avanzar en cuanto a que en el marco de un estado de derecho los estados puedan avanzar en el reconocimiento (de los derechos de los pueblos indígenas) y por lo tanto, empezar a resolver los conflictos que hay en cuanto a la posesión en los territorios". 

En este contexto, Yanes aseguró que en este año de gobierno de Gustavo Sáenz "no hubo voluntad para podernos sentar con las instituciones legítimas del pueblo", a pesar de que incluso el secretario de Asuntos Indígenas, Luis Gómez Almaraz, "sabe cuántas veces hemos instado a que nos podamos sentar a dialogar y pasó más de un año y ni siquiera nos han convocado para dialogar".

Yanes recordó asimismo que ya en diciembre pasado pidieron al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) "que se avance en una mesa de diálogo interinstitucional tanto con las instituciones del Estado nacional como del Estado provincial y con nosotros para poder avanzar en la resolución del conflicto". 

Según la información oficial que difundió el Gobierno, en aquella primera reunión en Cachi, Fabián destacó la propuesta del Ministerio de Justicia y recordó que las comunidades originarias “están de pie y dispuestos al diálogo”. Plaza, por su parte, subrayó la importancia de reconocer a las comunidades como “actoras”.

De aquel encuentro también participaron los diputados nacionales de Cambiemos Martín Grande y Miguel Nanni, conocidos por sus posturas a favor de los titulares registrales que disputan el territorio a las comunidades. Según el gobierno, Nanni calificó como “positiva” a la reunión ya que "busca compatibilizar los derechos de las comunidades originarias a la propiedad comunitaria y la de los productores a la propiedad privada, que hoy se encuentran en pugna”. 

Y estuvo, entre otros, el representante de la Asociación de Productores de Fincas de Salta, Raúl Dávalos, quien celebró la intervención del Gobierno “preocupado por solucionar un conflicto que ya tiene larga data y que mantiene consternados a los vallistos”.

Siembra 

Los últimos sucesos que pusieron en la palestra la tensión constante por el territorio en la zona de los Valles se dieron el 9 de diciembre pasado, cuando la Policía reprimió y detuvo a cuatro diaguitas en el marco de un conflicto territorial con la finquera María Florencia Wayar, que disputa tierras con la Comunidad Las Pailas, cuyo territorio fue relevado por el INAI como de uso ancestral y está comprendido en las previsiones de la ley nacional 26160, que prohíbe los desalojos de comunidades originarias.  

La Comunidad había pedido a la jueza de Garantías Claudia Puertas que dictara una medida de no innovar, pero fue rechazado. Yanes contó que tras éste y otros rechazos, y la incursión de trabajadores de la titular registral al territorio, la familia Mamaní, que ocupa esta parte en disputa, comenzó a sembrar, pero intervino la policía. Luego de que el delegado interviniera explicando que no había ninguna orden judicial que dijera que los Mamaní no podían sembrar, los policías se fueron, pero más tarde volvieron y finalmente, a la noche fue el comisario a decirles que "tiene una orden de no dejarlos trabajar, pero nunca con una notificación formal donde diga que hay un impedimento a trabajar".

Yanes destacó que los policías les hicieron una identificación simple a "los hermanos que estaban sembrando y los hermanos también les han planteado por qué cuando la otra parte ha ido y ha entrado con 20 personas, ni siquiera se le ha hecho una identificación simple, por qué cuando la hermana empieza a trabajar van, los hostigan, y hay constantes amedrentamientos por parte de la policía. Eso también molesta".