La Unión de Inquilinos e Inquilinas de Salta adhirió a un pedido que se está realizando a nivel nacional para que se extienda el decreto 320/20, que impide los desalojos y el aumento de los alquileres. La urgencia de este pedido se debe a la persistencia de la pandemia de la covid-19 con el rebrote de contagios, y por la situación de endeudamiento en que se encuentran muchas personas que al ver restringidos sus ingresos no han podido pagar el alquiler.

"Si esto no se resuelve, va a haber más desalojos", dijo a Salta/12 la integrante de la organización en la provincia, Natalia Soraire. Dijo que por ello necesitan respuestas respecto al pedido de extensión del decreto, que ya había sigo prorrogado hasta el 31 de enero. Señaló que en caso de que deje de tener vigencia este decreto, los inquilinos e inquilinas necesitan políticas públicas, sobre todo de desendeudamiento, porque muchas personas han quedado sin empleo durante el aislamiento y distanciamiento social por la pandemia y no han podido cumplimentar el pago de alquileres o servicios. 

Otra integrante de la Unión de Inquilinos e Inquilinas, Marta Garnica, sostuvo que el contexto de pandemia es difícil de sobrellevar para quienes tienen bajos ingresos porque afrontan la suba de precios generales a diario y que las inmobiliarias han seguido con los aumentos. Señaló que en la provincia no se respeta la ley de alquileres. "Nos utilizan como un negocio y no ven más alla de eso. El déficit habitacional es muy grande", manifestó. Añadió que, en contraposición, están "desamparados, el Estado está ausente y no hay solución. Si nos echan vamos a estar en situación de calle". 

"En Salta hubo más de 6 tomas al mismo tiempo", y muchas de las personas que fueron a parar allí habían sido desalojadas pese a la vigencia del decreto que lo impedía, recordó Soraire. Además de señalar que hay un incumplimiento de propietarios e inmobiliarias, la referenta sostuvo que no hubo control ni defensa de los inquilinos por parte del Estado. Otra situación que refirió es que mucha gente trabaja en la informalidad y también alquila en esas condiciones y en la precariedad, al no tener un recibo de sueldo.

"Estamos dando esta lucha para que nos respondan", manifestó Soraire. También dijo que el año pasado tuvieron una conversación con la ex ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, quien se comprometió a responder a las demandas que plantearon, pero con su renuncia no tuvieron más novedades y aún no pudieron hablar con el actual ministro Jorge Ferraresi.

En lo que respecta a las autoridades provinciales, Soraire indicó que le escribieron al gobernador Gustavo Sáenz el año pasado para que les brinde una audiencia pero no les dio una respuesta. 

Enfatizó que necesitan también un abordaje con perspectiva de género, ya que las mujeres y el colectivo LGBTIQ afrontan situaciones de discriminación a la hora de alquilar. Indicó que las mujeres son discriminadas cuando tienen hijos. Y pidió políticas públicas que contemplen la situación de las víctimas de violencia de género.

La referenta afirmó que en Salta "no hay un plan para solucionar las problemáticas habitacionales" y que el gobierno ha respondido incluso con "amenazas" de demorar los trámites para quienes tienen una carpeta en el Instituto Provincial de Vivienda y esperan un lote o una casa. También se les advirtió que quedarán fuera de los sorteos del Plan Mi Lote a quienes participan de asentamientos o tomas. 

Soraire insistió en el pedido de una defensoría para inquilinos e inquilinas. "Hablamos de un mercado, donde se necesita una defensoría que cuide a las personas más vulnerables. Avanzaron las construcciones de la industria inmobiliaria y se necesita a alguien que controle. Sabemos que es un gran negociado el acceso a la vivienda, pero exigimos que se revea que es un derecho humano básico, por lo menos hay que asegurar un techo alquilado en condiciones dignas", afirmó.

Por otra parte, Garnica acotó que en Salta adhirieron al comunicado que emitieron con otras organizaciones del país las diputadas nacionales Alcira Figueroa y Verónica Caliva y la diputada provincial Jorgelina Juárez, también la fundación GEMA (de Géneros y Masculinidades).