El abogado Santiago Pedroza anunció la presentación de una acción popular de inconstitucionalidad ante la Justicia Federal de Salta contra la ley de aborto voluntario que aún no fue promulgada.
El letrado esgrimió que la IVE es inconstitucional porque contradice el artículo 4 de la Constitución Nacional que dice "que la vida se protege desde el momento de la concepción". Además, dijo que la ley es contraria a lo previsto en el artículo 75 inciso 22, que incorpora la adhesión de Argentina a tratados internacionales, y en particular nombró a la Convención de los Derechos del Niño.
"Para poder aprobar el aborto se debe modificar la Constitución", adujo. El letrado sostuvo que la acción de inconstitucionalidad "la puede plantear cualquier ciudadano". Consideró que la presentación puede hacerse aunque la ley no esté promulgada, porque entiende que se hará efectiva. Sin embargo, hasta el horario de cierre de esta nota, Pedroza no confirmó si finalmente la ingresó.
El abogado sostuvo que el protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), que ya permite el aborto por causales en el país "era permisible porque la mujer manifestaba haber sido víctima de un delito sexual, o (por causal salud) cuando se ponía en riesgo la vida de la madre". Manifestó que no está de acuerdo con la ILE pero que "más allá de lo que pueda pensar, es un razonamiento jurídico".
El 1 de enero en Salta se presentó también ante la Justicia Federal una acción de inconstitucionalidad contra la ILE con la firma de las diputadas provinciales Cristina Fiore y Gladis Moisés y el diputado Andrés Suriani. El juez federal Miguel Medina habilitó la feria para tratar este recurso.
En cuanto a Pedroza, el abogado viene sosteniendo también de forma pública sus quejas respecto a la ley de protección integral, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Uno de sus planteos fue que la ley solo protege a la mujer y no al género masculino. "La mujer hace una denuncia que puede ser verdadera, que puede ser falsa, que puede ser cambiada, que puede ser aumentada, que puede ser manipulada y se toman decisiones sin investigar absolutamente nada", sostuvo hace dos años al medio local Muy Crítico. Además, aseguraba que había "casi un 70% de denuncias falsas".
En 2017, el letrado fue denunciado por su esposa Nadia Ayala, quien lo acusó de haberla golpeado. La denunciante sostuvo que el abogado era agresivo y que no pagaba los alimentos de sus hijos, ni la obra social ni el alquiler donde vivían, según publicaron medios locales. A los pocos días la mujer se retractó y retiró la denuncia.
