En una indagatoria de más de cinco horas, el marido de la legisladora Carolina Píparo insistió en que lo sucedido el 1º de enero fue “un accidente” y sostuvo que “nunca tuvo la intención de lesionar ni lastimar a nadie”. Su relato contrasta con las pruebas que llevaron a la Justicia a procesarlo porque al atropellar a los dos jóvenes actuó “con claro desprecio por la vida ajena”. En la ausación se afirmó que Juan Ignacio Buzali tuvo que representarse la posibilidad “del resultado muerte” cuando embistió la parte trasera de la moto Honda en la que iban los dos chicos, a los que dejaron tirados en la calle.

Fernando Burlando, uno de los abogados de Buzali y su esposa, consideró que lo más probable es que su representado “siga detenido”, aunque confirmó que solicitaron su excarcelación. Admitió, respecto de esa posibilidad, que “es difícil una excarcelación ordinaria, puede ser una extraordinaria”.

Por su parte, los abogados de la parte querellante adelantaron que solicitarán que la acusación por “tentativa de doble homicidio en grado de tentativa” se haga extensiva a la legisladora de Juntos por el Cambio, quien acompañaba a su marido en el Fiat 500L. Consideraron que ella debe ser considerada “coautora” del mismo delito.

Según dijo Burlando, su defendido “dijo lo más importante, que no quiso lastimar a nadie, además de hacer apreciaciones vinculadas a que siempre estuvo tratando de contactase con el personal policial para dar aviso de lo que estaba sucediendo”. Reconoció que “lo que corresponde” es que Buzali siga preso, aunque ellos pidieron su excarcelación.

Burlando dijo que Buzali dijo que estaba “tenso, con pánico” la madrugada en la que ocurrieron los hechos. Agregó que ahora está “acongojado y muy afectado por haberse confundido” al pensar que los dos chicos habían “participado en el robo que sufrieron esa misma noche; es una situación de mucha pena”. En sus declaraciones públicas, Píparo nunca expresó solidaridad ni pidió disculpas a la familia de los dos motociclistas.

También hizo declaraciones la fiscal del caso, María Eugenia Di Lorenzo. “El imputado prestó declaración en base a los videos, que se vieron una sola vez, con las pausas necesarias para poder hacer una valoración”, explicó la titular del Ministerio Público. Confirmó que Buzali calificó el hecho de “accidente” y aclaró que “hay diferencias con lo que piensa la Fiscalía”. Dijo que la que decidirá “en definitiva”, será la jueza Marcela Garmendia.

La magistrada rechazó la recusación presentada en su contra por los abogados de las dos víctimas. Por ahora, Garmendia avaló la dura imputación que hizo la fiscal. Estos son los argumentos principales:

“Existen en autos indicios vehementes y semiplena prueba para sostener que, aproximadamente a las 03:00 del día 01 del mes de enero (…) Juan Ignacio Buzzali, en momentos que se encontraba circulando por calle 21 entre 39 y 40, a bordo de su automóvil (…) en compañía de su esposa, y en ocasión de encontrarse en una persecución” a los supuestos ladrones “el conductor y su esposa-, sin importar las consecuencias de su accionar y con claro desprecio por la vida ajena y debiendo representarse el Imputado (el) resultado muerte, embistió con el frente de su vehículo -zona media- el sector trasero del motovehículo marca Honda”

Como consecuencia de ello, la moto “en la que transitaban ambas víctimas quedó enganchada debajo del sector delantero del automóvil e(…) y sin importar dicha circunstancia, su conductor emprendió la fuga del lugar arrastrando el rodado menor mientas éste desprendía chispas por el roce con el asfalto”. Esta circunstancia “no podía pasar inadvertida por los ocupantes del automóvil- por una distancia aproximada de trescientos metros”.

Otro de los agravantes que se plantea en el auto de procesamiento tiene que ver con el abandono de los dos jóvenes, que quedaron tirados en la calle, con lesiones y heridas que podrían haber producido, incluso, su muerte. “La conducta posterior asumida por el imputado, ya que lejos de detenerse, llamar a la policía y preocuparse por los jóvenes a los que atropelló, huyó del lugar a gran velocidad, arrastrando consigo la moto antes embestida, no mostrando interés respecto a si alguno” de los chicos “pudiera haber quedado atrapado debajo del vehículo, demostrando con ello un total desprecio por el resultado de su accionar, quedando ello de manifiesto, no solo con la falta de asistencia a los sujetos que arrollara, sino también por haberse dado a la fuga del lugar, todo ello con la intención de ocultar su participación en el suceso”.

El texto señaló también que “el conductor del vehículo perseguía a alta velocidad a un grupo de motocicletas -para finalmente impactar de lleno a una de ellas- las que venían por delante del vehículo, pudiendo el conductor del Fiat 500L haber optado por dejar ir a los motociclistas que estaban en movimiento que siguieran su camino o en su defecto girar en alguna intersección, pero lejos de ello decidió seguirlas y sin importar las consecuencias, embestir a una de ellas”.

Por tales razones “el conductor no puede basar su accionar en un supuesto riesgo de vida, toda vez que en ningún momento las motos rodearon al vehículo, sino que, de acuerdo al cúmulo de pruebas reunidas, éstos siempre estuvieron delante del mismo, con posibilidad (…) de realizar otra maniobra como ser pasar entre las motos o en su caso retroceder”.

En esta parte de la resolución no se menciona a Carolina Píparo, quien por su condición de legisladora y funcionaria de la Municipalidad de La Plata conoce la legalidad y la gravedad del hecho de haber abandonado a su suerte a las dos personas que atropellaron. Un de ellas fue despedida hacia un costado de la moto y la otra pasó por encima del Fiat 500L en el que iba la pareja.