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El conflicto con un sector del campo, representado por tres de las cuatro entidades patronales de la Mesa de Enlace, es reflejo de una tensión estructural no resuelta en la construcción de un sendero de desarrollo.
La decisión unilateral de las compañías de telecomunicaciones y de prestación del servicio de televisión por cable de aplicar un aumento del 20 por ciento en el abono de este mes, pese a la medida oficial de autorizar sólo un 5 por ciento, es otro síntoma de esa tensión histórica.
Estos dos frentes beligerantes no refieren sólo a la intervención oficial y a la reacción privada destemplada de sectores económicos poderosos. Uno lo hace por ser un actor relevante en la generación de divisas de exportación como también por ser productor del insumo (maíz) para la generación de otros alimentos (carne vacuna, carne porcina, pollos, huevos, leche). Otro, por no querer regulaciones básicas para ejercer la posición dominante sin interferencia estatal en lo que hoy se ha convertido en un servicio público esencial para la población.
El establishment no oculta la oposición abierta al gobierno de Alberto Fernández, al cual apunta con toda su artillería hasta por tímidas medidas de regulación en el comercio exterior, en el negocio del seguro de la medicina prepaga, en las tarifas de los servicios públicos y en los precios de alimentos.
El nuevo bando del Foro de Convergencia Empresarial difundido este sábado enumera esos puntos, con la siguiente declaración en el primer párrafo: "La repetida intervención del Estado en las actividades del sector privado de la economía, a través de medidas similares a las tomadas en el pasado que tuvieron efectos adversos, afecta el crecimiento económico y el proceso de inversión privada, que ya está en mínimos históricos".
Empate
La clave es indagar acerca de cómo se resuelven esos y otros conflictos distributivos y, en definitiva, cómo se logra superar el empate hegemónico (definición del sociólogo Juan Carlos Portantiero) que está actuando como un potente perturbador de la estabilidad general.
El rescate del concepto de empate hegemónico no es definitivo, sino que es excusa para convocar a la reflexión de una situación compleja. Esa idea presenta al Estado como una entidad capaz de reorganizar a la sociedad, despojándolo así de su carácter de clase, lo que restringe la evaluación de la disputa estructural.
El empate hegemónico de todos modos ofrece un marco analítico desafiante. Portantiero escribió que "es la incapacidad que ostensiblemente muestran sus clases dominantes para construir alguna forma de dominación legítima sobre la sociedad".
Define que los comportamientos de los principales actores económicos y sociales son capaces de vetar los proyectos de los otros, pero sin recursos suficientes para imponer, de manera perdurable, los propios.
Opciones
Hasta ahora no ha habido una alianza política, social y económica que permita romper ese empate. Es una restricción evidente que debilita el desarrollo, revelando la fragilidad para definir una articulación efectiva y constructiva entre el Estado, los dueños del capital y el mundo del trabajo formal e informal, entendiendo la existencia de la lucha de clases como límite a esa eventual convivencia temporaria. Pero aquí, con las crisis recurrentes, ni aparece ese horizonte por ese empate hegemónico.
En forma esquemática, en las primeras dos décadas de este siglo, la forma de abordar ese vínculo entre los principales actores políticos, económico y sociales se puede presentar en tres opciones:
1. Subordinación: el gobierno acepta las condiciones que imponen las corporaciones, ya sea por presiones o directamente ocupando algunos de sus miembros espacios clave del Estado, como sucedió durante cuatro años con la alianza macrismo-radicalismo.
2. Enfrentamiento: el gobierno disputa con las grupos económicos y financieros, locales e internacionales, las formas de implementar reglas de juego que permitan un crecimiento sostenido con inclusión social, estrategia elegida durante el ciclo kirchnerista, especialmente en los dos mandatos presidenciales de Cristina Fernández de Kirchner.
3. Consenso: el gobierno busca acuerdos con empresarios, sindicatos y organizaciones sociales para resolver políticas sectoriales y estructurales, con la aspiración de conseguir cooperación de los principales protagonistas tras el objetivo del bien común. Con suerte dispar, ese ha sido el sendero que en el primer año de gestión privilegió la administración de Alberto Fernández, incluso con una crisis devastadora por la pandemia.
¿Cuál de estas opciones es adecuada para conseguir primero una relativa estabilidad para luego favorecer el fortalecimiento de un ciclo largo de desarrollo?
No es una respuesta sencilla ni estas líneas tienen la aspiración de ofrecerla, sólo plantea un debate necesario teniendo en cuenta el vértigo político y económico de estos años. Es necesario, fundamentalmente, por la evidente saturación de la sociedad por el padecimiento de crisis recurrentes, ya sean las propias como las provocadas por shocks externos, como la actual por el coronavirus.
Sometimiento
Sin extender la evaluación desde el período de la Colonia y la Independencia, la primera opción tuvo tres versiones en los últimos 45 años. Fueron experiencias de predominio del neoliberalismo como política económica, que estuvo liderada por ejecutivos de grupos económicos en acción directa o por representantes de esos intereses.
Fueron la dictadura cívico-militar con José Alfredo Martínez de Hoz, el gobierno de Carlos Menem con Domingo Cavallo y el gobierno de Mauricio Macri con un nutrido elenco de financistas.
Con sus particularidades, cada uno de esos procesos políticos sentó las bases para crisis de envergadura, desarticulando el entramado económico y social, para terminar condicionando las gestiones siguientes y dejando legados que hasta hoy siguen siendo fuertes limitantes.
La política deliberada de desindustrialización de la dictadura, que el menemismo profundizó, continúa siendo una restricción notable para el desarrollo.
La interrupción del proceso de sustitución de importaciones, que necesitaba un salto cualitativo para hacerla compleja, alteró ese camino que había emprendido el país desde la década del '30 del siglo pasado.
Tuvo como consecuencia la fragmentación del mercado laboral y la debilidad del tejido industrial, que pasó a ser aún más dependiente de insumos importados, lo que agudizó la restricción externa. Esta última, o sea la escasez relativa de divisas, cuando se manifiesta deriva en crisis financieras y económicas de envergadura.
El menemismo, por su parte, entregó el control de los servicios públicos básicos al sector privado, herencia que continúa afectando la estabilidad general por las tensiones que genera la discusión por las tarifas.
El macrismo, en tanto, dejó un endeudamiento externo que será un potente condicionante por muchos años, además de introducir al FMI en la economía argentina, auditoría que determinará aún más los estrechos márgenes de autonomía de la política económica.
En definitiva, la opción del sometimiento sólo asegura negocios de corto plazo para grupos económicos locales y extranjeros, acentuando la concentración de la riqueza y hundiendo la economía en crisis prolongadas. Debacles que terminan generando reacciones populares hasta desplazar esa opción política que pierde la capacidad de imponerse.
Enfrentamiento
Uno de esos estallidos dramáticos, el de la convertibilidad, abrió las puertas para la irrupción del kirchnerismo, una anomia del sistema político que resultó necesaria en la primera etapa para la recomposición de la tasa de ganancia y la recuperación relativa del mercado laboral.
Alcanzados esos objetivos, la intensa puja distributiva posterior fue uno de los factores que explican las tensiones de base y la oposición a una fuerza política que planteaba el objetivo de mejorar el reparto de la riqueza con la pretensión –aunque con debilidades instrumentales- de modificar la matriz productiva para alejar la restricción externa.
En ese avance complejo, las resistencias a esas transformaciones reformistas se fueron intensificando en diferentes frentes hasta conforman un férreo bloque de poder opositor.
Medidas como las retenciones a las exportaciones del agro, la eliminación del fiasco financiero de las AFJP, la administración de precios con la misión de mejorar el salario en términos reales, la ley de medios para disminuir la posición dominante del Grupo Clarín, la reforma del Poder Judicial, entre otras, fueron reuniendo en una mesa virtual a los integrantes de los poderes fácticos.
En ese bloque estaban casi todos: grupos económicos locales, multinacionales, bancos locales e internacionales, representantes de las finanzas globales liderados por los fondos buitre, amplios sectores reaccionarios del Poder Judicial y la intervención de Estados Unidos.
Se conformó así un escenario político y económico muy conflictivo que sólo por la fortaleza del liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner pudo culminar el gobierno con una Plaza de Mayo colmada en su despedida y sin una crisis generalizada.
Sin embargo, este tipo de enfrentamientos con el poder, que algunos pueden definir como "institucionalista" porque fue con normas constitucionales y leyes debatidas en el Congreso, exhibió sus límites prácticos, no así en la construcción de un capital político simbólico que permite la vigencia de CFK con un liderazgo tan fuerte.
Consenso
La idea de gobernar sin subordinación a los poderes fácticos ni colisión contra ese bloque opositor fue y sigue siendo la apuesta del gobierno de Alberto Fernández.
Es una estrategia que se reconoce en la inicial declaración de CFK al anunciar la fórmula presidencial, que luego ganó con holgura la elección de octubre de 2019: "Esta fórmula que proponemos estoy convencida que es la que mejor expresa lo que en este momento en la Argentina se necesita para convocar a los más amplios sectores sociales y políticos y económicos también, no solo para ganar una elección, sino para gobernar".
Era el reconocimiento explícito de que ella como candidata a Presidenta probablemente podía ganar la elección pero que, en base a la experiencia de resistencia violenta del bloque de poder que padeció durante sus dos mandatos, sería muy complicada la reconstrucción luego del desastre macrista.
Desde el mismo momento en que fue proclamado candidato, luego cuando triunfó y durante el primer año de gobierno, Alberto Fernández está intentando instalar la estrategia política del consenso, cooperación y acuerdo en la diversidad.
Con una oposición política derrotada y fragmentada, la conducción política del bloque de poder liderada por los grupos Clarín y Techint rechaza esa posibilidad.
Esa impugnación la manifiesta de diferentes formas, mientras la inmensa red de medios dominantes, con sus satélites subalternos, se encarga de horadar diariamente cada una de las iniciativas oficiales, hasta impulsar una campaña contra las medidas de cuidado por el coronavirus y de salud pública con la vacuna Sputnik V.
El domingo pasado se señaló en este espacio que promover el crecimiento de los contagios y muertes son daños colaterales del objetivo primordial: la guerra contra el Estado interventor y distribuidor del ingreso. El fracaso sanitario es la misión prioritaria para mostrar el fracaso de ese Estado resistido por el bloque de poder.
La conducción política del poder económico, con estrechos lazos de dominación sobre miembros del Poder Judicial, pretende imponer la opción de subordinación sin importar sus conocidos costos económicos, sociales y políticos, incluso en medio de la pandemia.
¿Y entonces?
Ni subordinación, ni enfrentamiento ni consenso han demostrado ser viables para romper el empate hegemónico.
Como se mencionó al comienzo, este análisis global acerca de las tensiones que arrastra la realidad nacional no aspira a una respuesta única, pero sí a reflexionar acerca de un debate imprescindible que exceda una instancia electoral, para encontrar una vía para consolidar un espacio de estabilidad económica y política, base indispensable para comenzar un ciclo de crecimiento sostenido con inclusión social.
