Los servicios de inteligencia estaban muy interesados en lo que sucedía en las cárceles con los presos políticos y las denuncias que sobre ellos iban a presentar los organismos de derechos humanos cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitara el país para septiembre de 1979. Así surge de varios documentos confeccionados ese año por la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que ahora fueron entregados a la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH) después de un extenso relevamiento ordenado por la interventora en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño.
En mayo de 1979, la SIDE decía que la LADH encabezaba una "campaña psicológica" en la Unidad Carcelaria 9 (U9) de La Plata, que dependía del entonces Servicio Correccional Bonaerense, hoy Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Según los servicios, la organización estaba juntando fondos entre los familiares de los presos políticos para que la familia de Alberto Pinto, fallecido por los tormentos padecidos en el penal, pudiera viajar a Estados Unidos para denunciar ante la Liga por los Derechos Humanos local lo que había pasado con él.
“Los familiares deberán informar que el citado Pinto mantuvo contacto con personas que alegaron ser del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Ello habría ocurrido en AGO 78 (agosto de 1978), circunstancia en la cual los internos del Penal habrían expresado ‘sus quejas y solicitaron garantías por sus vidas en casos de traslados porque temían desaparecer en el trayecto’”, puede leerse en el informe fechado el 9 de mayo de 1979. En efecto, antes de esa fecha, ya se habían producido nueve desapariciones o ejecuciones de los presos políticos cuando eran sacados del Penal y casi una veintena de desapariciones de los familiares que iban a visitarlos.
Alberto Pinto era docente en Río Cuarto, donde había estudiado Ciencias de la Educación. A Pinto lo recuerdan como un hombre brillante, un buen jugador de ajedrez y con amplios conocimientos del Derecho y la Historia. Fue secuestrado en 1977 en Córdoba y luego puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). Lo llevaron de cárcel en cárcel hasta que lo trasladaron a la U9 para fines de octubre de 1978. Cuando lo trasladaban en el avión sufrió ya una crisis epiléptica -- recordaron sus compañeros en el juicio que se llevó adelante por los hechos sucedidos en el penal. El 15 de noviembre de ese año, tuvo otro episodio y los guardias le dieron una golpiza. A los cuatro días, lo pusieron en una celda de castigo, de donde lo sacaron el 23 de noviembre para trasladarlo al Instituto del Tórax de La Plata. Nunca volvió. Murió allí el 5 de marzo de 1979.
Por los tormentos que llevaron a su muerte, su hermano Carlos logró que en 2010 no sólo condenaran a los penitenciarios sino también a tres médicos que prestaban servicios en la Unidad. Al momento de la muerte, el caso Pinto había despertado las alertas en la SIDE, según la documentación que recién ahora se conoce. “La coordinación de este plan de acción psicológica estaría a cargo de la filial Buenos Aires de la LADH y consistiría en utilizar lo sucedido al detenido fallecido como argumento para crear una falsa imagen sobre el trato discriminatorio e injusto que se le conferiría a los internos en las cárceles que en Argentina alojan a delincuentes terroristas”, decía el informe de la SIDE. “La intención es sensibilizar la mayor cantidad de áreas conexas al tema Derechos Humanos a efectos de condicionar psicológica y políticamente a los funcionarios que habrían de concurrir al país en representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA”, agrega.
La dictadura le atribuía una importancia central a la denuncia sobre lo que sucedía en las cárceles -- que iba concitar la atención de los funcionarios de la CIDH durante su visita -- y eso se entiende al ver que estos partes en los que se menciona a la LADH y el caso Pinto eran recibidos por el presidente de facto, el Ministro de Interior, el Ministro de Justicia, la jefatura de Inteligencia de las fuerzas, la propia U9 y el Servicio Penitenciario Federal (SPF).
“La U9 había quedado bajo jurisdicción del ejército, como todas las unidades donde había detenidos políticos”, explica la abogada querellante Guadalupe Godoy a Página/12. “El Servicio Correccional Bonaense y el SPF eran parte de la comunidad informativa y la inteligencia era parte del aparato represivo. De hecho, las personas a quienes los presos políticos señalaron como los que identificaban en las filas a los familiares que había que secuestrar eran agentes penitenciarios que estaban imputados en el juicio por la U9 y que, después se terminó acreditando, formaban parte de la estructura del centro clandestino conocido como La Cacha”, añade, mostrando que la conexión entre las estructuras "legales" e "ilegales" era total.
La inteligencia penitenciaria es uno de los ejes que siguen teniendo relevancia hoy, ya que en la causa de Lomas de Zamora por espionaje durante el macrismo se mostró cómo esos aparatos seguían vigentes y orientados a la extracción de información con fines políticos. De hecho, organismos de derechos humanos que visitan a los presos kirchneristas también fueron espiados entonces.
Los archivos de la SIDE
“Siempre supimos que nos espiaban, pero cuando uno recibe como hemos recibido ahora de la intervención en la AFI los 390 documentos del período dictatorial, la sensación es una combinación de orgullo por la labor de los compañeros y también una convalidación de la mirada de lo que significaban los aparatos clandestinos dentro del Estado”, dice José Schulman, referente de la LADH, a Página/12. La interventora Caamaño le llevó en persona una caja con documentación del organismo que será puesta por la LADH a consulta de investigadores en su propia sede. “La decisión que ha tomado el presidente Alberto Fernández y la ejecución de la interventora Caamaño es seguramente la acción más disruptiva que ha tomado el gobierno, es la acción más formidable contra el Poder Judicial puesto que empieza a despegar a los jueces de este aparato clandestino”, concluye.
El material recibido por la Liga al igual que por otras entidades es parte de las 250.000 fichas relevadas por la intervención en la AFI junto con otras 700 cajas de documentos. Parte de ese material fue entregado el 10 de diciembre pasado por el presidente a la Secretaría de Derechos Humanos e incluye información sobre el seguimiento a los organismos durante la úlltima dictadura.
EL PADRE DE ROSENKRANTZ
Uno de los documentos que la SIDE confeccionó sobre la LADH en los años ‘60 tiene una lista de abogados que trabajaban con este organismo. Uno de ellos era Eduardo Rosenkrantz, padre del actual presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz. La lista consignaba la dirección del estudio jurídico y el teléfono. Desde la vocalía del juez confirmaron a este diario que se trataba del padre del supremo, que no descolla por su afinidad con los organismos de derechos humanos. Rosenkrantz (padre) militaba en la línea intransigente del radicalismo y se dedicó a la defensa de presos políticos, por lo que él mismo terminó detenido, contaron fuentes cercanas al juez. Su esposa, Noemí González Hayes, era dirigente gremial docente.
