La sonrisa de Micaela García en la foto que la muestra con su remera “Ni una menos” se reprodujo al infinito desde el sábado pasado, cuando la aparición de su cadáver confirmó que había sido una más de las víctimas de femicidio. Al mismo tiempo, no fue una más. La bronca recorrió el país de punta a punta y el martes, en su velorio, miles de militantes, compañerxs, amigxs, conocidxs, la despidieron al ritmo de las “banderas en tu corazón” de los Redondos, con una pancarta que reproducía la consigna “Las paredes se limpian, las pibas no vuelven”, que esta estudiante de Educación Física de 21 años había salido a pintar por su ciudad, Concepción del Uruguay. Al mismo tiempo que los canales de televisión exprimían al infinito el espectáculo del dolor, se esparcía desde esas mismas usinas la idea de mano dura, de cárcel perpetua a violadores, de impedir las salidas anticipadas para condenados (y condenadas, claro). Kilos de sal para una herida que las mujeres sabemos arderá más sobre nuestros cuerpos en tiempos de ajuste y restauración conservadora.  

El mismo presidente Mauricio Macri –y la presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres, Fabiana Túñez– decidieron embestir contra el juez Carlos Alfredo Rossi, que había decidido la libertad de Sebastián Wagner, principal sospechoso     –confeso– de haber secuestrado y matado a la chica. Hasta acusan al magistrado de ser co-responsable del crimen. El juez enfrenta múltiples denuncias, desde el senador provincial de Entre Ríos por Cambiemos, Nicolás Mattiauda; del Frente para la Victoria, Aldo Ballestena, hasta la Multisectorial de Mujeres de Paraná y se deberá dilucidar si actuó o no de acuerdo a la ley. Desde el movimiento de mujeres y feministas el reclamo es mucho más amplio. “Estamos trabajando, nos hemos dividido en comisiones, hay algunas que van a hacer un seguimiento de causas, condenados y denuncias por violencia de género  en la justicia de Entre Ríos, estamos teniendo en cuenta una reforma del procedimiento penal que existe en nuestra provincia que permite a los jueces aplicar el juicio abreviado. Nosotras estamos en contra del juicio abreviado para este tipo de delitos contra la integridad sexual, porque no se escucha a la víctima”, expresó Liliana Vera, abogada de la Multisectorial que será una de las encargadas de redactar el pedido de jury de enjuiciamiento por mal desempeño. Será parte de una batería de pedidos a los tres poderes del Estado que se reactivó a partir del femicidio de Micaela.  “Queremos una transformación total del sistema judicial y de las leyes, vamos más allá del jury”, agregó Vera. 

Mientras tanto, el linchamiento mediático tiene un efecto inmediato: soslayar la cadena de responsabilidades sociales e institucionales que provocan un femicidio cada 18 horas. Achacarle a una sola persona todos los males para seguir ignorando de qué se trata la violencia machista como mensaje patriarcal de disciplinamiento.

Incluso, sin apelar a la mirada de género, el padre de Micaela usó una metáfora más atinada que la de quienes ocupan altos lugares institucionales. “Es la justicia que falla. Esto hay que cambiarlo. Meterlo en cana a Carlos Alfredo Rossi, apartarlo de su cargo, es como haber sembrado chinches en el piso, tirar un globo, que reviente y nosotros salir sólo a correr la chinche que reventó el globo. Cuando tiremos otro globo, va a volver a reventar, porque hay un promedio de 200 violadores que la justicia deja libres por semana en este país, 8400 violadores que la justicia deja libre al año que están a la vuelta de la esquina esperando a otra Micaela”, dijo Néstor “Yuyo” García, la voz menos crispada de las que pudieron escucharse en estas horas. 

Para los medios hegemónicos, el mantel estaba servido: un juez garantista al que cuestionar, pedido de más condenas y un tiro por elevación para la “doctrina Zaffaroni”, que enseguida asimilan al aumento del delito. Ninguna pregunta sobre la falta de formación en género en la Justicia, sobre las dificultades del sistema penal para advertir los peligros que corren las mujeres no sólo en la calle, sino en sus propias casas. “Me preocupa mucho más cuando viene del lado del propio movimiento feminista, del movimiento de mujeres, que consternadas y llenas de bronca, salimos a expresarnos en la calle, por las redes. Creo que el feminismo tiene mucho más que aportar a este tipo de cuestiones que simplemente salir a pedir más pena o pedir la cabeza de un juez. Hay muchísimos jueces, vamos a empezar a hacer una purga y eventualmente podríamos tomarles un examen de perspectiva de género a los jueces, o podemos pensar en un montón de estrategias, pero con sacar a un juez no vamos a solucionar nada”, expresó Ana Clara Piechestein, criminóloga, docente de la Universidad de Buenos Aires e integrante de Limando Rejas (USINA). Desde su experiencia de trabajo en la cárcel, advierte fuertemente que “el feminismo tiene tanta capacidad de subvertir, de modificar todo de una manera tal, que no podemos dejar la cárcel como un bastión del patriarcado, también hay que discutirla. Tampoco podemos dejarlo para la manipulación mediática, política, y que esto revierta en más mano dura para las mujeres y los varones pobres que son quienes llenan las cárceles en nuestro país. Nuestra lucha es una lucha por la libertad, como militante del tema cárceles, no puedo quedarme callada”. Piechestein subrayó también que “hay que escuchar al papá de Micaela diciendo no hay que ir por la mano dura. Ese pedido no puede venir del feminismo porque justamente somos un movimiento que lucha por la libertad y el uso de la mano dura por el Estado es algo incompatible con esa libertad, porque después lo sufrimos, lo sufren las mujeres más vulnerables, como en el caso de Belén (la joven tucumana que estuvo 29 meses presa por un aborto espontáneo) o de Higui (que está presa acusada por homicidio cuando lo que hizo fue defenderse de una agresión)”.

Porque además, poner el foco sólo en el juez Rossi es –entre otras cosas– exculpar la actuación del fiscal Diego Young, que acordó un juicio abreviado con una pena de 9 años como toda condena para dos violaciones comprobadas, y una tercera posible. Podría haber estipulado una pena de 20 años. “Ahora está en debate lo que hizo el juez, y yo creo que incluso es un poco más profundo, porque se falló desde mucho antes. ¿Qué se hizo con ese violador condenado, cómo se lo trató, qué trabajo se hizo con él para ver si se podía de alguna manera trabajar sobre su conducta, lo que había hecho, o decir , a lo mejor también había que decir que no hay recuperación posible. Pero cómo se evalúa y qué se hace con esto. Vos decís este tipo es realmente irrecuperable, qué hacemos con eso, porque si es irrecuperable hay que hacer algo, y si es recuperable, también hay que trabajar. Estas son las consecuencias que se pagan por no trabajar con este tipo de personas”, sostuvo Ana Pipi Oberlin, abogada, que fue directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y desde allí formó parte de la confección del Registro Nacional de Femicidios, con el objetivo de ir más allá de las estadísticas, estudiar las causas, los procesos, y tener datos cualitativos que permitieran diseñar políticas de prevención.

Lo que queda soslayado –no en este suplemento, pero sí en la mayoría de los ámbitos– es que la violación dista mucho de ser una conducta individual. Y aunque en estas páginas suene a reiteración, viene bien recordar tal como lo dijo Rita Segato. La antropóloga argentina, integrante de la Academia de Ciencias de Brasil, autora de “La guerra contra las mujeres” y “Las estructuras elementales de la violencia” fue clara esta semana en una entrevista que le hicieron Reynaldo Sietecase e Irina Hauser. “Lo que sucedió con Micaela, como lo que sucedió con Lucía (Pérez, en Mar del Plata, en octubre pasado) son ataques a la sociedad   y a la vida en el cuerpo de la mujer. El problema no es un hombre o un violador, como un ser anómalo. No es para nada anómalo, en él irrumpe un contenido, determinados valores que están en toda la sociedad. Entonces, nos espantamos y el violador se convierte en un chivo expiatorio pero él fue el actor, el protagonista de una acción que es la acción de toda la sociedad, que es una acción moralizadora de la mujer. Hasta no comprender eso, no es con la cárcel de un violador, mucho menos con su castración química, que habrá soluciones. Porque la violación no es un hecho genital, es un hecho de poder. La violación puede realizarse de manera genital, pero también de muchas otras formas. Si no cambia la atmósfera en que vivimos, el problema no va a desaparecer. Uno de los países que tiene las penas más severas con la violación, que es Estados Unidos, es un país que tiene una incidencia máxima de violaciones”, señaló la investigadora. “No es un problema de un criminal raro, es un problema mucho más difundido, y omnipresente en toda la sociedad, en las relaciones de poder, de dominación que se expresan en un violador, en la sociedad. Entonces, yo lo siento mucho pero no puedo dar una receta fácil, cárcel, castración química, pena de muerte, reclusión perpetua, porque eso no va a ser nunca la solución para este tipo de problemas”, explicó con vocación didáctica para complejizar el tema.

Mientras tanto, los pedidos de juicio político y destitución del juez Rossi avanzan, y no será este suplemento el que defenderá a un magistrado sin perspectiva de género. Lo que sí señalan Oberlin y Piechestein es que los informes del Servicio Penitenciario están tarifados y por eso no significan una herramienta definitoria para decidir la libertad de un detenido. “Tiene que haber un equipo conformado desde distintas disciplinas, obviamente que la salud mental tiene un lugar principal, pero también desde otras disciplinas para analizar este tipo de casos. Una persona que cometió dos violaciones y probablemente haya cometido una tercera, hay que evaluar lo que se hace con esa persona, pero de verdad, no que sea un informe del Servicio Penitenciario, que se compra y no sabés la fiabilidad que tiene. En el anteproyecto de (reforma del Código Penal impulsada por Eugenio) Zaffaroni había la propuesta de hacer una especie de Junta con una mirada de muchas disciplinas para evaluar realmente, porque es una responsabilidad muy grande, desde el mismo sistema, ya que vos estás dejando en libertad a una persona que vuelve a cometer un hecho terrible como ya había cometido”, señaló Oberlin. 

Y como militante del Movimiento Evita, es posible que Micaela tampoco se hubiera contentado con una respuesta punitiva. Así lo dijo su padre, que salió a hablar del legado de su hija, mientras miles de compañerxs estaban allí, haciendo del duelo colectivo una despedida llena de convicciones. “Micaela no hacía caridad, era una militante política, ella quería cambiar el sistema”, rememoró García. Micaela vivía en Gualeguay, donde estudiaba desde hacía tres años y había nacido en Concepción del Uruguay, adonde volvía cada fin de semana también para militar. Las imágenes en el merendero de la Villa Mandarina se repitieron al infinito en estos días. En los medios, el espectáculo de la chica de clase media que iba a las villas es rendidor, aunque no está tan subrayada su militancia política. Unos días antes, el martes anterior al hallazgo del cuerpo de Micaela, el diario Clarín había lanzado el estigma contra la joven. Ese día, en su edición online, volvía sobre su vieja práctica, tantas veces objetada, de culpar a la víctima. Un párrafo de la nota titulada “Micaela no aparece y revisan todas las cámaras de seguridad” expresaba: “El fiscal había dicho a este diario que el lunes rastrillaron ‘la zona del río con 40 cadetes de Entre Ríos’ y que había recibido los chats de WhatsApp ‘de Micaela, los de su novio y los de un chico que conoció en la militancia’. También reveló que tras hablar con los amigos de la chica todos coincidieron en que estaba muy triste después de haber roto con su ex porque descubrió la infidelidad”. Esta vez no llegó a tanto como con la nota sobre Melina Romero (la fanática de los boliches que no había terminado la secundaria, según ese diario), pero otra vez, la “culpa” sería de la víctima (por militante e infiel, una palabra patriarcal que sigue asociada sobre todo a las mujeres). 

Luego, la condición de joven secuestrada en la calle por un violador reincidente que no conocía restituyó a Micaela al campo de la “buena víctima”. Y si bien su velorio se mostró como un espectáculo conmovedor, también es cierto que fue un anzuelo para reproducir las andanadas de violencia verbal contra la militancia política que muchos sectores de la sociedad repiten, y que se pueden observar especialmente en los comentarios de las páginas web. 

No cualquier victimario es castigado ni todas las víctimas acceden a la misma posibilidad de justicia. Oberlin recuerda que “el sistema penal es selectivo desde los dos lados, selecciona qué infractores van a caer en sus redes, y selecciona a las víctimas. Entonces están las buenas víctimas y las malas víctimas. Angeles era una buena víctima, y Melina era una mala víctima. A Micaela se le llegó a poner en tela de juicio si había estado con un  novio, y tenía otra relación, y si volvía sola a las 5 de la mañana. Entonces, me parece que también ese aspecto no hay que descuidarlo, porque también es una forma de promover que las cosas sigan ocurriendo”, afirmó la abogada.

La desviación individual es también una forma muy tranquilizadora de soslayar las relaciones de poder y dominación que provocan los femicidios. Y también permite mirar para otro lado sobre las responsabilidades de un estado que recorta los presupuestos para políticas públicas que prevengan la violencia machista, que bastardea el programa de Educación Sexual Integral y que confía sólo en el sistema penal una respuesta a estas conductas “anómalas” que gustan recortar en el horizonte como excepcionales. “En este estado de cosas, en este sistema en el que vivimos, tenemos al sistema penal como una parte de lo que regula las relaciones entre las personas en esta sociedad. Creo que es correcto que si esas leyes están y alguien transgrede las normas de una manera tan terrible como es un delito contra la integridad sexual, se aplique el castigo, pero eso no va a solucionar el problema más grave que tenemos qué es que esto no ocurra. Nos tenemos que plantear un montón de estrategias, en todos los niveles”, consideró Oberlin. Para ella, lo más sugestivo es la actitud “esquizofrénica” que pide castigo y a la vez propicia las violaciones. “Es fundamental que se tome la dimensión de que esto no es un problema individual de 5, 10 o 20 varones que salen a violar o matar, es un problema social mucho más profundo y las raíces son mucho más profundas, y  el mensaje que estamos dando es esquizofrénico. Es: violá, matá, torturá, hacele todo porque es tuya, es un objeto, es una cosa, no importa, se descarta, se muestra, pero después, si vos lo hacés, te vamos a matar y te vamos a hacer un montón de cosas porque sos un desviado”, ejemplificó la abogada, para quien “hay que empezar a dar el debate sobre qué hacer con esas personas que cometen ese tipo de delito, porque evidentemente meterlos presos no está dando resultados. Hay que trabajar con las personas que cometen estos delitos de otra manera. Probablemente, nosotras vamos a seguir trabajando con las mujeres pero el Estado es quien tiene que resolver qué se hace, y cómo se trabaja y cómo se aborda lo que pasa”, consideró Oberlin, para quien hay que “deconstruir y construir de nuevo para que no pase. A mí que cinco violadores queden sueltos no me parece tan grave como que se siga promoviendo que se viole”.