La causa que involucra a la diputada provincial Carolina Píparo y a su esposo confirma la permanencia de una estructura político-judicial que se consolidó durante el Gobierno de María Eugenia Vidal y que se mantiene vigente. Fuentes consultadas por Página/12 coincidieron en señalar que las principales figuras de ese entramado son el procurador general de la Suprema Corte provincial, Julio Conte Grand, el senador de Juntos por el Cambio Juan Pablo Allan y el fiscal general de La Plata, Héctor Vogliolo, entre otros.

Como parte de ese grupo señalado como “eje” del manejo de las causas judiciales, es mencionada la jueza Marcela Garmendia, quien en 2019 fue separada por “sospecha legítima de parcialidad” en una causa de presunta corrupción contra el antecesor de Vidal, el ex gobernador Daniel Scioli. Hoy, Garmendia está a cargo de la causa que involucra a Píparo y a su marido, Juan Ignacio Buzali. 

Lo que se afirma es que la figura central es Conte Grand, abogado del Opus Dei que María Eugenia Vidal llevó a la Procuración General. Su ladero principal es el legislador provincial Allan. Ambos están sospechados de integrar la mesa bonaerense de espionaje ilegal, bajo el amparo del extitular del Ministerio de Seguridad Cristian Ritondo, y de la ex gobernadora Vidal. Conte Grand sigue en su cargo, a pesar del cambio de Gobierno, con el apoyo de los 26 senadores de Cambiemos que son mayoría en la cámara y garantizan, hoy por hoy, la inviabilidad de un juicio político que pueda lograr su destitución.

En relación con las políticas punitivas que avanzaron en los cuatro años de Vidal, Roberto Cipriano García, secretario de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), le recordó a Página/12 que esa gestión agravó la situación en territorio bonaerense. Se profundizaron “las políticas de mano dura que persisten desde hace 20 años”, por el accionar de ese poder político-judicial, más “un creciente plafón de discursos mediáticos que endurecieron el tratamiento estatal del problema de la seguridad”. Así lo señaló la CPM en su Informe Anual 2020, en el que se analizó la gestión de la ex gobernadora Vidal.

En ese “plafón” mediático es en el que se intenta refugiar ahora la legisladora provincial Carolina Píparo, para eludir su propia responsabilidad en el hecho investigado, aunque se trate de un accionar violento y descabellado que pudo haber provocado la muerte de dos jóvenes elegidos al azar.

La CPM, al analizar la gestión Vidal, sostuvo que “Cambiemos profundizó la tendencia punitiva, con consecuencias gravosas sobre los derechos humanos”. El accionar represivo estuvo orientado de manera central “a la persecución de delitos menores cometidos por los sectores sociales más vulnerados”. No se sabe todavía si por efectos del alcohol, pero si por su visión de la “seguridad”, el marido de Píparo “disparó” su Fiat 500L sobre dos supuestos “motochorros”, un término acuñado desde la presión mediática que estigmatiza a todo joven que esté subido a una moto.

El diputado provincial Guillermo Escudero le dijo a este diario que “el eje de la política punitiva fue Conte Grand”, que se mantiene en el cargo, a pesar de los pedidos para que renuncie. “En el proceso de domesticación de los jueces mediante la amenaza del juicio político, tiene como compañero al senador (Juan Pablo) Allan y cuentan con el acompañamiento de la jueza Marcela Garmendia”, que es la que hoy tiene en su poder, casualmente, la causa que involucra a Píparo y a su esposo. Por sus antecedentes de parcialidad, los abogados querellantes que representan a los dos motociclistas atropellados, presentaron la recusación de la magistrada, rechazada por Garmendia.

En noviembre de 2019, la Sala V del Tribunal de Casación Penal bonaerense resolvió apartar a la jueza Garmendia por “sospecha legítima de parcialidad” en una causa contra el ex gobernador Daniel Scioli. Se trataba de una causa por presunto lavado de dinero y desvío de fondos promovida por la diputada Elisa Carrió. Los jueces Mario Eduardo Kohan y Carlos Natiello sostuvieron en su fallo que el “temor fundado o sospecha legítima de parcialidad es justamente el que se verifica en el caso” dada la existencia de “elementos suficientes para temer que la señora Garmendia ha abandonado su rol de tercero imparcial”. Un año antes, la Sala III de la Cámara de Apelaciones había rechazado la recusación a la jueza. Escudero precisó que “Garmendia es la jueza del grupo y por esa razón siempre buscan que las causas importantes para ellos caigan cuando ella está de turno”, explicó Escudero.

El diputado del Frente de Todos dijo que otro de los integrantes del “eje” es Alex Campbell, diputado provincial por Cambiemos y además “coordinador del grupo de inteligencia” que habría realizado seguimientos ilegales durante la gestión de Vidal y del ex presidente Mauricio Macri. La extensión del grupo trasciende el territorio bonaerense: “Se sabe que Julio Garro (el intendente de la ciudad de La Plata) tenía vinculaciones con Silvia Majdalani”, quien acompañó en su gestión al ex director de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) Gustavo Arribas. Ambos están involucrados en el espionaje ilegal del Instituto Patria y en el domicilio de la ex presidenta Cristina Kirchner.

El legislador provincial agregó que en ese contexto de “manejo de las causas”, Betina Lacki y María Cecilia Corfield “fueron las dos fiscales emblemas de Conte Grad”. Escudero mencionó “como dato de color” que Lacki tiene tal identificación con el Gobierno anterior que en el comedor de su casa tiene una gran foto del ex presidente Macri. Retomando la actuación de Allan, sostuvo que él fue quien “domesticó al fiscal (Jorge) Paolini y al juez (Pablo) Raele, utilizando un látigo en extremo riguroso, con el compromiso de parar los jury de enjuiciamiento contra ambos". Los dos estaban denunciados por irregularidades en su desempeño en el Poder Judicial y hoy “las causas duermen en la Comisión de Enjuiciamiento que maneja Allan” en la Cámara de Senadores de la provincia.

Escudero aseguró que “con ese esquema judicial intervinieron directamente en el accionar de la Justicia provincial durante los cuatro años de gobierno de María Eugenia Vidal”.

En ese marco, es necesario mencionar a Juan Manuel Martínez Garmendia, subsecretario de Proyectos Especiales de la Municipalidad de La Plata, “un área a la que no se le conocen tareas específicas, salvo el contacto permanente del funcionario con su madre”, la jueza Marcela Garmendia, la misma que lleva la causa Píparo.

El hijo de la magistrada fue señalado de tener una presunta actividad delictiva, en el marco de la investigación de la megacausa de la denominada “banda mixta de policías, jueces y ladrones”, en la que está involucrado el ex juez Daniel Llermanos. Uno de los pedidos, en la causa, fue que se investiguen las comunicaciones existentes en el celular del funcionario platense. Se señalaba la posible existencia de “presuntos pedidos de coimas”.

El pedido fue presentado por el fiscal Juan Menucci, en relación con una causa iniciada a partir de la denuncia del detenido Javier Ronco en contra de Martínez Garmendia. El nombrado Ronco está acusado por el doble crimen de Maria Martini y Carlos Rodríguez , ocurrido en 2008. Según Ronco, el funcionario le pidió una importante suma de dinero, a cambio de conseguirle el arresto domiciliario, con salidas laborales.

Escudero recordó que en esa causa, también está involucrado el ex fiscal Tomás Morán , por haber beneficiado con salidas laborales a Ronco, es decir lo mismo que ofrecía Martínez Garmendia. “Ronco está acusado por el doble homicidio y le ofrecían salidas laborales muy generosas que le permitían moverse a sus anchas en su local de compra-venta de autos. La jueza Garmendia fue quien otorgó esa morigeracion en un proceso récord de solo tres horas”.

La otra pata de la organización, de acuerdo con lo dicho a este diario por Escudero, es “el brazo policial, que siempre fue Sebastián Martínez Paz”, designado jefe de la Departamental de La Plata, la policía local dependiente del municipio. “Antes, el primero que hacía de nexo en la fuerza policial fue Daniel Piqué”. El nombrado, un policía retirado, fue secretario de Seguridad de la comuna platense, hasta su procesamiento por el caso de Emilia Uscamayta Curi, la joven de 26 años que murió ahogada en una pileta en 2016, en una fiesta clandestina de Año Nuevo. “Hoy el que sigue en esas funciones es Darío Ganduglia”, primer concejal de la gestión Garro, secretario de Seguridad y posible actual intendente interino por licencia del titular de la comuna platense. Ganduglia es quien aparece asistiendo a Píparo al final del recorrido en que atropellaron y dejaron abandonados a dos motociclistas.

La denuncia para que se investigue a los responsables de la fiesta clandestina en la que murió Emilia Uscamayta Curi, está a cargo del abogado de la familia, Adrián Rodríguez Antinao. “El andamiaje judicial que protege al Gobierno municipal de La Plata está intacto y eso tiene que ver, sobre todo, por la falta de investigación a fondo en temas que involucran a personajes del poder político o cercanos al mismo”, aseguró el letrado. Para Rodríguez Antinao “una de las personas clave en este andamiaje es alguien poco nombrado, Héctor Vogliolo, quien desde hace años viene actuando como fiscal general, como jefe de los fiscales” del Departamento Judicial de La Plata.

Consideró que Vogliolo es “una especie de monje negro, anónimo para la ciudadanía, pero desde que está en funciones se han sucedido escándalos de todo tipo, que le han costado el puesto a muchos fiscales, sin tocar nunca a Vogliolo”. Precisó que eran “fiscales que armaban causas contra personas, para sacarles dinero, dado que se trataba de empresarios con poder económico”.

Recalcó que el caso de la chica que se ahogó en la pileta es “una muestra clara de cómo se manejan las causas cuando involucran a personajes del poder político”. Explicó que “la maniobra consiste en que, en lugar de enviar juntos, en la misma causa, a todos los funcionarios y ex funcionarios involucrados, lo que hacen es dividir la causa y terminan mando una sola persona a juicio”.

Con posterioridad “esa persona, ese único imputado, es sobreseído, mediante un mecanismo complejo para generar impunidad”. Como existe una “garantía procesal de prohibición de doble persecución penal que ampara a la persona que fue absuelta, en el caso de Emilia, todos dicen ‘yo no fui, fue el comisario Piqué”, que es el único procesado que irá a juicio oral por el caso de la chica.

“Hasta ahora, lo tenemos a Piqué como imputado, pero si lo hubieran absuelto, como lo intentaron varias veces, no podría volver a ser juzgado aunque todos los demás lo acusen de ser el culpable”. Definió la maniobra como “cae uno y salva a todos los demás”.

Martín de Vargas, uno de los abogados que representa a los chicos atropellados por el marido de la legisladora Carolina Píparo, justificó la recusación de la jueza Marcela Garmendia, en sus antecedentes de parcialidad. La causa ya fue dividida, por un lado el robo denunciado por Píparo, por el otro, la de “homicidio en grado de tentativa”. El único imputado es Juan Ignacio Buzali y la legisladora declaró como testigo denunciante en la causa por el robo, pero habló sobre los dos hechos. La estrategia de su abogdo Fernando Burlando es “sacar de la mejor manera al marido y evitar que ella pueda ser imputada, como pide la querella”, dijo una fuente judicial consultada por este diario.

En el caso Uscamayta Curi, al comisario Piqué “lo quisieron absolver tomando como base los sumarios administrativos de la policía, en los cuales, por supuesto, los efectivos no denunciaban a su jefe. Tuvimos que apelar a la figura de la ‘certeza negativa’, que es la que establece que no se puede sobreseer a nadie si no hay ‘certeza negativa' que establezca fehacientemente que no es culpable”. El juicio oral todavía no tiene fecha.

La fiesta clandestina en la que se produjo la muerte de la joven ocurrió el 1º de enero de 2016. Para llegar a la imputación del comisario Piqué, primero hubo que lograr que se apartara de la causa al primer fiscal, Alvaro Garganta, por “graves falencias investigativas”.

Los responsables de la fiesta que se hizo en una quinta de Melchor Romero, aunque había sido prohibida expresamente, fue organizada por empresarios amigos del poder. Fueron ellos Gastón Haramboure, Santiago Piedrabuena y Carlos Bellone. El cuarto fue Raúl “Peque” García, un militante del PRO que se hizo famoso por aparecer en fotografías, abrazado con el expresidente Mauricio Macri, la gobernadora María Eugenia Vidal y la diputada Elisa Carrió.

La prohibición de la fiesta se produjo por una medida de la Dirección de Control Urbano del municipio, pero otros funcionarios la “habilitaron” en forma clandestina, se presume que luego de recibir una coima. Hasta el intendente Julio Garro tuvo que ir a prestar declaración dada la gravedad de las irregularfidades.

En las redes sociales se mencionó en su momento a Juan Manuel Martínez Garmendia, otra vez el hijo de la jueza, como supuesto responsable de la autorización ilegal de la fiesta que terminó en tragedia. Los eventos de ese tipo, en lugares no aptos para reunir a miles de personas, son moneda corriente en la ciudad de La Plata.