Sin ningún policía juzgado, este domingo se cumplieron 27 años de la "Masacre de Wilde", el emblemático caso de gatillo fácil en el que cuatro hombres murieron acribillados por once agentes de la Policía Bonaerense de Lanús. Los familiares de las víctimas continúan pidiendo justicia en el marco de una causa elevada a juicio en 2014, después de que un fallo de la Suprema Corte de Justicia provincial evitara el cierre de las investigaciones. Sin embargo, al día de hoy el proceso se encuentra congelado, ya que la Justicia de Lomas de Zamora viene postergando la realización de la audiencia preliminar que en principio estaba fijada para diciembre de 2019 y cerró el 2020 sin novedades al respecto. Este lunes la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación llevará a cabo un acto en el lugar de los hechos, donde se colocará una señalización en memoria de los fallecidos.
Más de 200 balas salieron de armas policiales el 10 de enero de 1994, luego de que los agentes de la ex Brigada de Investigaciones de la Policía Bonaerense de Lanús, Osvaldo Lorenzón, Eduardo Gómez, Marciano González, Roberto Mantel, Hugo Reyes, Pablo Dudek, Julio Gatto, Marcelo Valenga, Marcos Rodríguez, César Córdoba y Carlos Saladino, interceptaran en el cruce de Avenida Mitre y Franco el auto del remisero Norberto Corbo. En su Peugeot 505, Corbo llevaba a los pasajeros Claudio Mendoza y Enrique Bielsa. Detrás de ellos, el vendedor de libros Claudio Díaz manejaba un Dodge 1500 acompañado de su compañero de trabajo, Edgardo Cicutín, e intentó eludir el caos de tránsito que se había generado, pero los policías le ordenaron detenerse. Cicutín, Corbo, Mendoza y Bielsa murieron acribillados, mientras que Díaz fue el único sobreviviente de una matanza cuyos responsables aún no fueron juzgados. Los peritajes determinaron que todas las balas fueron disparadas por los agentes.
El pasado 6 de diciembre de 2019 era la fecha indicada para que al fin, a casi 26 años del hecho, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 3 de Lomas de Zamora realizara la audiencia preliminar de cara al juicio en el que nueve de los once policías -- dos de ellos, Córdoba y Saladino, ya fallecieron -- deberán enfrentar la acusación por "cuádruple homicidio simple y un homicidio simple en grado de tentativa".
Sin embargo, esa primera fecha fue suspendida y reemplazada por la del 20 de marzo de 2020, fecha también cancelada luego de que se decretara el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) en todo el país: el TOC N°3 determinó que sería imposible hacer la audiencia y el posterior juicio de manera virtual.
"Todo esto es muy largo, hasta el 30 de diciembre no había ninguna novedad, ahora tenemos que esperar a febrero", aseguró en este sentido Raquel Gazzanego, viuda de Cicutín. Hasta el día de hoy, con la feria judicial ya iniciada, no ha habido noticias sobre la realización de la audiencia, y la decisión del TOC N°3, integrado por los jueces Jorge Camino, Claudio Fernández y Marcelo Dellature, parece beneficiar a los acusados. Hasta la suspensión por el ASPO, los abogados defensores habían pedido la postergación de la audiencia en reiteradas ocasiones alegando, entre otras cosas, no haber tenido tiempo para leer el grueso expediente y hasta que uno de los acusados no podría seguir el proceso ya que sufre demencia senil.
Los once agentes de la Brigada de Investigaciones fueron detenidos luego de los asesinatos, pero pronto quedaron en libertad y posteriormente fueron absueltos, con sobreseimientos confirmados en 2003 y en 2007, cuando las familias de las víctimas apelaron la decisión. La causa estuvo cerrada hasta el 23 de noviembre 2013. En esa fecha, la Suprema Corte de Justicia bonaerense ordenó reanudar las investigaciones y realizar el juicio. Al día de hoy, por el hecho solo se encuentra detenido el ex cabo Marcos Rodríguez, no por condena sino por haber estado prófugo de la Justicia durante veinte años -- fue detenido en Córdoba en 2014 --, lo que representa un peligro concreto de fuga.
Este lunes a las 18 horas, en el marco del Plan Federal de Señalizaciones contra la Violencia Institucional, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación realizará un acto en la esquina de Mitre y Franco, donde se instalará una placa en memoria de las víctimas. Además del secretario Horacio Pietragalla Corti, de la ceremonia participará el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías Moreno, y familiares de las víctimas.
"A 27 años del caso que constituye un símbolo de la violencia institucional, la Secretaría realizará un acto para homenajear a las víctimas, ratificando su acompañamiento y compromiso con la búsqueda de justicia y la lucha contra la impunidad", se indicó desde el organismo en un comunicado, donde se remarcó que "tras décadas de impunidad, del grupo de policías acusados solo uno permanece detenido tras haber estado prófugo. Los ocho restantes llegarán en libertad al juicio oral, que se encuentra demorado".
Informe: Santiago Brunetto
