El gobierno nacional anunció con bombos y platillos medidas para “mejorar la competitividad” del sector textil y de calzados, que son completamente insuficientes. Como es bien conocido por los empresarios pyme, las únicas decisiones que puede impactar positivamente sobre la producción del sector son aquellas que apunten a la recuperación de la demanda interna y a administrar el comercio exterior. No obstante, políticas que apliquen sobre el lado de la oferta algún respiro sobre sus costos (como fueron los subsidios sobre el pago de servicios públicos), o la Ley Pyme (aprobada el año pasado y de la que todavía no hemos conocido ningún resultado positivo), suelen ser bien recibidas. 

En este caso, por las declaraciones de funcionarios y de algunos actores sectoriales, se puede intuir que este primer intento de acompañar a textiles y calzados no parece ser un plan que revierta la crítica situación de supervivencia que hoy viven estos dos sectores. En efecto, los resultados de las negociaciones que tuvieron como corolario el acuerdo alcanzado no pueden considerarse ni un paliativo, ni un programa global que actué sobre toda la cadena de valor, sino sobre algún sector aislado.

Es cierto que  gracias a la visibilización del conflicto pyme y la inédita unidad entre trabajadores y empresarios, el gobierno debió aceptar la existencia de la emergencia textil y del sector calzados. En este sentido, las movilizaciones de trabajadores y empresarios textiles en Luján a fines del año pasado abrieron el camino para instalar el tema en la población y que estas expresiones sean tomadas por legisladores de todas las fuerzas políticas. Fue así que se llegó a la declaración de emergencia textil en Luján, emergencia industrial en San Martín, y en otras localidades de la provincia de Buenos Aires como, por ejemplo, Morón.

Pero la decisión del Ministerio de Producción se queda corta, porque no abarca a toda la cadena de valor y, en textiles, solo se ocupa de las confecciones, coincidencia o no, subsector donde tiene su actividad económica la familia Awada. 

 Por otro lado, el borrador dado a conocer no especifica si los beneficios serán sólo para firmas que utilizan insumos nacionales, o también abarcará a confeccionistas importadores. Si fuera este último el caso, el erario público estaría financiando a empresas que importan todos sus insumos y producen con un bajo agregado de valor nacional.

Por último, cabe destacar que el período de la emergencia de sólo seis meses parece demasiado breve, dado que a esta altura del año ya ingresaron, o están en camino, todas las importaciones ya acordadas para abastecer la temporada de invierno. Si no se alarga el período del programa, en septiembre ya estarían todos los importadores en la gatera y con vía libre para traer desde el exterior toda la temporada de verano, beneficiando a empresas y trabajadores del resto del mundo y dejándonos sin empleo y sin empresas pyme a todos los argentinos.

Este borrador de proyecto de ley que se dio a conocer en estos días todavía debe definir la letra chica, pero por las consultas realizadas a referentes empresariales y sindicales, las medidas están lejos de frenar el industricidio de las políticas implementadas por Macri desde el 10 de diciembre de 2015. 

Sin aumentos de los salarios e ingresos reales de todos los argentinos, que incrementen el poder de compra del mercado interno, ninguna medida paliativa motorizará al sector pyme y cualquier acción del lado de la oferta –por mejor intencionada que sea– será una gota de agua en el desierto de la recesión que ya ha dejado en el camino cientos de empresas y miles de trabajadores.

Q Economista. Coordinador de la Lic. de 

Economía en la U. N. de Moreno.