"Tratamos de tener un punto de concordia con el establecimiento de salud y hemos recibido tratos crueles, inhumanos y degradantes", denunció José María Lorenzo, hijastro de Oscar Jorge García Rúa, el paciente con coronavirus que murió este lunes luego de que un juez ordenara tratarlo con dióxido de cloro, en línea con la demanda que presentará la familia contra el Sanatorio Otamendi.
Invitado al programa "Somos PM", del canal de noticias Información Periodística (IP), Lorenzo detalló cómo fue el vínculo con la institución de Salud que se negó a aplicar los tratamientos solicitados por la familia, como la aplicación de dióxido de cloro o ibuprofenato de sodio.
"Empezamos a buscar alternativas para darle una chance de vida, porque el tratamiento que le estaban implementando no estaba dando resultados. En un primer término se intentó con el plasma. No daba respuestas y seguimos en un intento desesperado buscando alternativas", explicó el familiar.
Sobre este punto, declaró que "el dióxido de cloro no está autorizado, hay una recomendación tengo entendido", y añadió: "el andamiaje jurídico no lo comprendo en profundidad, pero hasta lo que indagué no hay una prohibición, es una recomendación. Pero hay innumerables testimonios de personas que lo utilizan y los ha ayudado mucho".
El 4 de agosto de 2020, el Ministerio de Salud de la Nación publicó que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) recomendaba no consumir medicamentos no autorizados, como el caso del dióxido de cloro.
"Se recuerda que el producto mencionado no cuenta con estudios que demuestren su eficacia y no posee autorización alguna por parte de este organismo para su comercialización y uso", expresó la cartera de salud a través de un comunicado.
Y agregó: "Se advierte a la comunidad no consumir productos que contengan dióxido de cloro o sustancias relacionadas (clorito de sodio, hipoclorito de sodio, lavandina) ya que no hay evidencia científica sobre su eficacia y la ingesta o inhalación de estos productos podría ocasionar graves efectos adversos".
Tras la decisión del juez federal Javier Pico Terrero de admitir como válida la medida cautelar para administrar el uso de ibuprofenato de sodio y de dióxido de cloro, cuarenta y cinco sociedades científicas repudiaron el fallo, al tiempo que avalaron el accionar del Otamendi y recordaron que se trata de un tratamiento no autorizado por la Anmat.
Por su parte, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) emitió un comunicado para expresar “su total respaldo a los colegas médicos del Sanatorio Otamendi” en su negativa a suministrar a un paciente dióxido de cloro, “que no tiene ninguna evidencia científica para ser utilizado como droga de tratamiento", y nebulización con ibuprofeno, “que tampoco, hasta la actualidad, tiene trabajos científicos que avalen su indicación en esta forma”.
“Una de las bases de la práctica médica es no hacer daño al paciente. Claramente, con esta decisión judicial se está obligando a los profesionales del Sanatorio Otamendi a violar este precepto y poner en riesgo la salud del paciente”, resumieron.
A lo largo de la entrevista, Lorenzo habló en muy duros términos contra el Otamendi y el trato recibido sobre su familia: "los centros de salud tienen que contener a las familias. Nosotros no queríamos imponer nada, simplemente intentar que mi mamá se salve y veíamos que lo que estaban haciendo no daba respuestas".
"No siento odio, ni rencor. No quiero tomar revancha. Creo que deberían replantearse muchas cosas, el trato a quien pierde un ser querido, no poder recibir a un familiar por día para poder dialogar", advirtió.
En otro fragmento del diálogo con IP contó que, el día que su madre falleció, "sacaron a los empujones" a su hermana del lugar, razón por la cual tuvo que llamar a la policía. "Fue el colmo. Tuve que llamar a la policía para que mi hermana pudiera ingresar. Después le pidieron disculpas", precisó.
"¿Qué hubiera ocurrido si nos hubieran abierto un espacio para consensuar y que no se desate una guerra? Acudimos a la Justicia en procura de una debida asistencia de mi mamá, hicimos lo que considerábamos correcto. Yo no soy médico. No es que somos activistas del dióxido de cloro, buscamos todas las alternativas posibles", concluyó.