La visita de la madre y el hermano de María Cash, la joven desaparecida el 8 de julio de 2011, sirvió para dar un nuevo impulso a la discusión de la creación de una defensoría de las víctimas, que impulsan organizaciones de la sociedad civil y el propio defensor general de Salta, Pedro García Castiella.
María del Carmen Gallego y Máximo Cash mantuvieron reuniones con miembros de la Justicia Federal, donde el fiscal federal Eduardo Villalba está a cargo de la investigación de la desaparición de María Cash, y con el titular de la Defensoría General de la provincia, un viejo conocido, dado que antes de asumir en este cargo García Castiella representó a la familia Cash.
El jefe de la Defensa Pública recibió ayer a los familiares de la joven, en un encuentro del que también participaron el nuevo abogado de la familila, Pablo Tort, y Ana Fernández, presidenta de la Fundación Cintia Fernández, organización que viene acompañando a la familia Cash desde el mismo 2011.
Tras el encuentro, el defensor general explicó en una comunicación oficial que "Sin perjuicio de que la investigación por la desaparición de María Cash es llevada adelante por la Justicia Federal, y reconociendo el incesante trabajo llevado adelante por el fiscal Eduardo Villalba y el Juzgado Federal Nº 2 (a cargo de Miguel Medina)", el encuentro con los familiares de María Cash y Ana Fernández "se enmarca en el contexto de un nuevo perfil a imprimir a la Defensa Pública de la Provincia de Salta, mediante la implementación e impulso de políticas públicas intensivas direccionadas a la debida asistencia, contención y acompañamiento que el Estado debe garantizar a las víctimas de delitos, objetivo compartido y acompañado por el Ministerio Público de Salta en su conjunto”.
De la reunión también participó la Coordinadora de Defensoría General del Ministerio Público de la Provincia, Belén Rubio.
La familia de María Cash dará una conferencia de prensa hoy, a las 11, en la sede de la Fundación Cintia Fernández (Santiago del Estero 555).
Sin adhesión a la ley de víctimas
Salta es una de las pocas provincias que todavía no adhirió a la ley nacional 27372, sobre derechos y garantías de las personas víctimas de delitos, dictada en 2017. El dato fue machacado ayer por Ana Fernández, que creó la Fundación en memoria de su hija Cintia, asesinada en abril de 2011.
"Nosotros como víctimas de la impunidad acompañamos esta ley, más allá de que a mí obviamente ya no me sirve (porque la causa de su hija ya llegó a una sentencia), pero yo trabajo en pos de una sociedad menos violenta, y para las futuras víctimas y víctimas que todavía no llegaron a juicio, es muy importante el defensor de víctimas", sostuvo Ana Fernández, que es además una de las referentes de la Asociación de Familiares contra la Impunidad de Salta.
Fernández afirmó que la adhesión por parte de la provincia a la ley nacional conllevaría a "crear una defensoría de víctimas" en el ámbito de la justicia provincial. Para reforzar esta afirmación destacó que en la Justicia Federal ya se creó la figura del defensor público de víctimas y el primero del país, Carlos Nicolás Escándar, asumió a principios de diciembre último precisamente en la jurisdicción de Salta.
Fernández sostuvo que la defensa pública de víctimas será un gran avance para que las víctimas de escasos recursos económicos puedan tener un mejor acceso a la justicia. Recordó en este aspecto que la Fundación Cintia Fernández "les da mucha solución a las víctimas que no tienen como acceder a un abogado, a una querella paga", pero destacó que "no todos los casos llegan a la Fundación" y que esta organización tampoco puede atender toda la demanda.
Para Fernández, la Defensoría General podría hacer un convenio con el Colegio de Abogados para que los letrados "competentes, idóneos en la materia" puedan asistir a víctimas y luego cobrar este trabajo a la Defensoría. Dijo que en otras provincias se viene actuando de ese modo y que no implica una gran erogación para el Estado, por lo que entendió que "hace falta voluntad política desde los legisladores" para crear esta figura.
"Este defensor de víctimas es para las víctimas que son carentes de recursos, más allá de que la Fundación va a seguir atendiendo, es un gran paso para las víctimas porque hoy las defensorías. Yo tuve la posibilidad de contratar un abogado privado, pero ¿qué pasa con la gente que no tiene la posibilidad? entonces esto viene a ser un gran avance para las víctimas carentes de recursos", subrayó.
Fernández destacó que el impulso de esta figura será una de las acciones que la Fundación llevará adelante este año, así como el año pasado batalló para la aprobación de la ley provincial 8224, que modificó el Código Procesal Penal de Salta y otorgó más derechos a las víctimas, entre otros aspectos, para que puedan "ser querellantes desde el minuto cero de la noticia criminis".
