El juez federal Daniel Rafecas elevó a juicio a once represores que actuaron en provincia de Buenos Aires durante los años del terrorismo de Estado. Se trata de integrantes de la Fuerza Aérea, que estuvieron vinculados a la Mansión Seré y a las brigadas áreas que también funcionaron como campos de concentración durante la última dictadura, y de policías que actuaron en el centro clandestino conocido como Cuatrerismo o Protobanco, donde el horror comenzó antes del golpe de Estado de 1976.

Desde que Rafecas se hizo cargo del juzgado federal 3 en 2004, investigó 43 centros clandestinos que funcionaron bajo la órbita del Primer Cuerpo de Ejército. Antes del inicio de la feria, el juez federal decidió enviar a juicio a seis represores que operaron en la llamada subzona 16 -- que corresponde a los partidos de Morón, Merlo y Moreno -- y a cinco que actuaron en la entonces División Cuatrerismo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Con la excepción de dos de ellos que están alojados en la Unidad 34 de Campo de Mayo, el resto esperará el juicio en prisión domiciliaria.

Subzona 16

Para mitad de 1976, la zona de Morón, Merlo y Moreno ya estaba a cargo de la Fuerza Aérea. El principal centro clandestino de la zona fue la Mansión Seré, que se mantuvo operativo entre 1976 y 1977, cuando fue desactivado después de la fuga de cuatro detenidos-desaparecidos. Rafecas sostiene en su resolución que existió un circuito represivo en la zona, aunque no existía un patrón que mostrara las distintas escalas que transitaban quienes padecían el infierno del secuestro y la tortura allí. "Mansión Seré constituyó, sin dudas, el lugar de destino más destacado e importante de dicho circuito represivo, ello debido a la cantidad de víctimas que pasaron por él, los tiempos de cautiverio registrados, la crueldad de las torturas aplicadas en forma sistemática, como así también debido a que éste era el único recinto cuya concepción y existencia fue clandestino de un modo absoluto hasta su apresurado desmantelamiento", explicó el magistrado en la elevación a juicio.

La jefatura de la subzona 16 estaba a cargo de la Brigada Aérea del Palomar, que también funcionó como centro clandestino entre agosto de 1976 y junio de 1978, al igual que las brigadas aéreas de Morón y Moreno. La novedad es que el juzgado de Rafecas pudo avanzar en la delimitación de la brigada de Moreno como lugar de cautiverio, donde las personas secuestradas eran interrogadas y alojadas por períodos cortos de tiempo y después trasladadas a otros centros de detención. El juez logró acreditar esta metodología en, al menos, ocho casos. De la VIII Brigada Aérea de Moreno también dependían las "Tres Marías", como se conocían a las tres camionetas azules de la Fuerza Aérea que surcaban las calles de la zona en busca de nuevas víctimas. "Han sido emblema y la punta de lanza del accionar represivo en el Área 162", las describió el juez.

Además de estas dependencias de la Fuerza Aérea, Rafecas dio por probado que también funcionaron como lugares de cautiverio las comisarías de Castelar, Morón, Moreno, el destacamento de Paso del Rey y la subcomisaría de Francisco Álvarez. También, como quedó acreditado en el juicio de 2016, tuvo ese rol la Regional de Inteligencia Buenos Aires (RIBA).

La elevación a juicio actual contempla lo padecido por 127 víctimas y abarca a seis represores. Entre ellos, Alejandro Noel Lazo (86), Juan Carlos Herrera (74) y José Juan Zyska (64), que revistaban en la Brigada Aérea del Palomar y que deberán responder por secuestros y tormentos en la Mansión Seré. También están incluidos en la resolución del juez Ernesto Rafael Lynch (77), que oficiaba como capitán de la VIII Brigada Aérea de Moreno, y los dos integrantes de la RIBA Julio César Leston (74) y Arturo Rafael Giménez (91). En este tramo también debió ser elevado a juicio el capitán de la Fuerza Aérea Juan Manuel Taboada, pero falleció en noviembre pasado.

Cuatrerismo

En tanto, son cinco los represores que deberán responder por lo sucedido en el centro clandestino que funcionó en la División Cuatrerismo de la Policía bonaerense, ubicada en Puente 12. Ese centro clandestino recibió distintas denominaciones por parte de los sobrevivientes como Cuatrerismo, Brigada Güemes o Protobanco, aunque la descripción del horror es unívoca. Entre ellos están Carlos Alberto Tarantino (77), Ángel Salerno (79), Néstor Ciaramella (68) y Enrique Osvaldo Gauna (79), a quien lo recuerdan otros policías como “Péndulo” por su forma de andar oscilante.

Además, con ellos, está elevado a juicio un agente del Batallón de Inteligencia 601 Enrique José del Pino, que ya fue juzgado por otros hechos. Del Pino, conocido como Miguel, era uno de los interrogadores que enviaba el Batallón a los centros clandestinos como una de las formas estratégicas que tenían los altos mandos de la dictadura para reunir inteligencia para que la maquinaria de secuestros y muertes continuara aceitada. En esta causa, el juez ya elevó a juicio a otro agente del Batallón, Carlos Antonio Españadero, cuyo proceso comenzó a fin de año. 

Rafecas está a la espera de que la Cámara Federal de Casación Penal resuelva la situación de un tercer agente de inteligencia del ejército, Walter Roque Minod, a quien la Sala I de la Cámara Federal le revocó el procesamiento. Minod era el superior de Españadero y estaba a cargo del área de Operaciones y Logística del temible Batallón que tenía sede en Viamonte y Callao.

La Bonaerense creó la División Cuatrerismo en 1968 para perseguir el abigeato, pero, desde fines de 1974, esa división estuvo enfocada en otra persecución: la de los militantes políticos. Cuatrerismo funcionó en una dependencia relativamente pequeña en Puente 12, a la que se accedía a través de una tranquera, y en la que era imposible que alguien que prestara funciones allí pudiera estar ajeno de lo que sucedía.

Al menos tres expolicías declararon en la causa en calidad de testigos y aportaron datos importantes para la investigación. Relataron, por ejemplo, que había un pozo profundo alrededor del centro clandestino, que, en todo momento estaba encendido con gasoil que traían desde el regimiento de La Tablada. Los trabajos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia fueron fundamentales para determinar, precisaron desde el juzgado, que allí se incineraron cuerpos de los detenidos en ese centro clandestino. Los exagentes también mencionaron la presencia de quienes podrían ser instructores franceses, que venían a replicar los métodos aplicados en Argelia.