“No me podía quedar en un lugar donde estaba siendo violentada por mi ex pareja. El padre de mis hijos nos abandonó una semana después que nació el más chico pero venía siempre al barrio a hostigarme y agredirme. Un día tuve que irme, conseguí una pieza y al poco tiempo tuve que irme también porque era una vivienda afectada por la urbanización. Estuve a punto de quedarme en la calle con mis hijos”.
Jennifer alquiló la primera pieza en el 2016, era una casa con cuatro habitaciones más, cada una alojaba a una familia del barrio de Fraga, también conocido como Playón de Chacarita, ubicado entre las calles Teodoro García, Palpa, Céspedes y las vías del Ferrocarril Urquiza, en la Comuna 15. En ese año fue parte de un censo que a futuro le aseguraría una vivienda definitiva para ella y su familia. Pero muchas veces el derecho a la vivienda también esta atravesado por la violencia de genero: Jennifer tuvo que abandonar la casa en la que estaba censada y buscar otro alquiler. Encontrarlo fue una odisea: “Para una persona que tiene bebes o niños pequeños las viviendas son inseguras y hay accidentes, entonces nunca te quieren alquilar”, finalmente consiguió una pieza muy pequeña donde solo entraba una cama de dos plazas y un placard.
El lunes 30 de noviembre del año pasado la dueña de esa ínfima habitación le dijo que se tenía que ir porque le habían adjudicado una vivienda nueva a la que podría mudarse con la condición de que Jennifer abandonase la pieza. En ese momento su único destino era quedarse en la calle con sus dos hijxs. Mientras el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) le negaba una vivienda nueva argumentando que se encontraba en un domicilio distinto al momento en el que fue censada, también la obligaban a irse de esa pieza sin tener en cuenta la situación de violencia de género que sufrió durante años.
La desesperación la llevó a pararse frente a una de las viviendas provisorias que ofrece el IVC a las familias que van a mudarse a los edificios nuevos. Resistió ahí con su hijo más pequeño en brazos y con el mayor en un ataque de pánico porque la Policía de la Ciudad intentó sacarla por la fuerza. “Sentí mucha angustia porque me iba a quedar en la calle y nadie me respondía, pero ese día había organizaciones sociales y compañeras del barrio organizadas, por eso tuve la fuerza para sostenerme ahí parada con mi hijo en la puerta de una vivienda vacía. Si el IVC te ve sola, ve que nos sabes cuáles son tus derechos, hace lo que quiere. Te tratan mal. Fui muchas veces a pedir ayuda y no me dieron respuesta. Ese día había cámaras y bajaron un poco, me terminaron dando una vivienda. Pero no puede ser así”.
Jennifer recuerda el momento en el cual agotadas todas las posibilidades, se sentó en la puerta de una de las viviendas nuevas que se encontraba vacía hace meses para exigir el techo que el instituto le había prometido hacía años. Jennifer estuvo varias horas parada frente a la casa junto a su hijo, al lado tenía colchones, bolsas con ropa y objetos personales.
El proyecto de integración socio-urbana, que hoy lleva adelante el IVC, fue aprobado por la Ley 5.799, sancionada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en marzo de 2017. Los procesos de integración social y urbana tienen como objetivo mejorar el acceso a la educación, la salud y el trabajo de lxs habitantes y realizar obras que garanticen servicios básicos y viviendas adecuadas.
El terreno donde está situado el barrio solía ser una playa para maniobras del ferrocarril, las primeras personas que habitaron el lugar lo hicieron en el 2001, en enero del año pasado el IVC anunciaba que mudaría a 678 familias del barrio Fraga a los departamentos financiados a 20, 30 y 40 años, en cuotas fijas que no superen el 20% del presupuesto familiar. ¿Cuáles son las problemáticas que surgen en un proceso de reurbanización en materia de violencia de género? ¿Qué incidencias tuvo un año de aislamiento social preventivo y obligatorio en el proceso que debía llevar a cabo el IVC en coordinación con vecinas y vecinos?
Sobre la Avenida Triunvirato entre Lacroze y Elcano hay una cadena montañosa de edificios de entre 4 y 8 pisos que atraviesa el barrio de Chacarita y que es parte de los procesos de reurbanización comandandos por el Gobierno de la Ciudad que implica la mejora de 300 viviendas que quedarán en el sector histórico del barrio y la construcción de 672 viviendas nuevas en el predio aledaño que pertenecía al Ferrocarril Urquiza. Gestionar las viviendas para lxs vecinxs del barrio que hayan entrado en el censo del 2016 es una tarea a cargo del IVC. Las viviendas construidas sobre la calle Triunvirato son para la gente del Playón de Chacarita, uno de los principales problemas a nivel infraestructura es el hacinamiento, el proyecto de reurbanización pretende mudar a las familias para permitir el esponjamiento y la apertura de calles.
“Confiamos que el IVC estaba haciendo bien su trabajo, que primero trasladarían a la gente con problemas de hacinamiento y a quienes tuvieran problemas de agua y de luz, pero con la pandemia se realizaron mudanzas masivas, los mismos vecinos denunciaban que a los edificios se estaba mudando gente que no era del barrio, gente que efectivamente tiene la necesidad de una vivienda, pero desde el organismo no lo manejaron bien” dice Mariluz Zambrana, referente barrial del Playón de Chacarita.
La mesa de gestión participativa (MGP) es un espacio integrado por vecinas y vecinos del barrio, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, la Defensoría General y el Instituto de la Vivienda de la Ciudad. Desde el 2018 se reúnen, según el IVC, para administrar conjuntamente los criterios establecidos por la ley en la adjudicación de viviendas. La última reunión no pudo realizarse “por falta de quórum”, según las funcionarias del IVC. Hasta ese momento nunca había sucedido que una mesa de gestión participativa se cancelara, se hizo justo el día en el que Jennifer junto a sus compañeras iba a relatar frente a organizaciones, vecinas y vecinas el conflicto habitacional que estaba atravesando. Ese día iba a relatar frente a sus vecinxs porque se paró frente a una casa vacía con su hijo en brazos, le iba a poner palabra a algo que probablemente no fuese un caso aislado en el proceso de adjudicación e viviendas, iba a discutir con alguna vecina que no le creyera o con algún otro que dijera que “denuncian violencia de genero para que les den una casa”. No pudo hacerlo, las reuniones empezaron a ser canceladas sistemáticamente y las vecinas organizadas ya tienen mas de 10 casos detectados. El lunes 11 de enero, desde el IVC volvieron a suspender una reunión pactada desde hace más de un mes donde se tratarían los casos atravesados por la violencia machista.
Ornella Agostino es integrante del Movimiento de Trabajadores Excluídos y acompaña a distintas mujeres en el barrio: “Cuando una compañera denuncia una situación de violencia frente a IVC la mandan al Centro Integral de la Mujer (CIM) para que les hagan un informe social dando cuenta que están viviendo una situación de violencia. El CIM se vuelve a comunicar con el IVC que le dice a la compañera que no le corresponde una solución habitacional porque no esta en la vivienda en la que fue censada, entonces el CIM no puede hacer el informe social porque a la compañera no le corresponde una vivienda. Es un circulo que nunca termina y mucho menos le da una respuesta a las mujeres en situación de violencia. Es increíble como les dan las espalda y las revictimizan”.
Del acompañamiento desplegado por las redes feministas en el barrio Fraga también es parte el colectivo Ni Una Menos, que durante la pandemia puso el énfasis en el enorme caudal de tareas que recaen en las mujeres en los barrios: “Una de las cuestiones que consideramos claves para lograr las autonomías de mujeres, lesbianas, travestis y trans en situación de violencia personal o institucional es la vivienda. Son necesarias políticas públicas concretas en materia de vivienda que desacoplen la titularidad y posesión de las mismas al varón proveedor, función que además ya está estallada: lo vemos como ejemplo concreto en nuestras compañeras de Fraga pero también en los relatos que salen de la red de asambleas feministas de las villas de CABA, son experiencias que dan cuenta de cómo se encargan de la crianza, los cuidados y también de que entren unos mangos a la casa” explica Natalia Fontana, integrante del Colectivo Ni Una Menos que viene articulando con las vecinas de Fraga y el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad la urgencia de poner en la agenda del Estado la cuestión de la vivienda.
El 22 de diciembre pasado se realizó un encuentro entre la Ministra Elizabeth Gómez Alcorta y las vecinas de Fraga, la reunión se realizó en una huerta agroecológica y transfeminista ubicada sobre la Avenida Triunvirato, se trata de un espacio en donde además de Ni Una Menos, confluyen la Mutual Sentimiento, Futbol Militante y las vecinas organizadas del barrio: “La visita del 22 de la ministra para nosotras fue un apoyo más para visibilizar nuestro problema en el Playón” cuenta Mariluz que junto a otras compañeras le expresaron a la Ministra los distintos casos de cruzan violencia de género y vivienda en el barrio: “Le explicamos cómo se desvincularon las distintas instituciones, no sólo el IVC, sino el también el CIM y la Defensoría General, al momento de proteger a las mujeres, se mantienen al margen. Es como que hay un límite, un límite donde no pueden traspasar si las mujeres nos organizamos. Eso es lo que le fuimos expresando cada una. Eli se comprometió a tomar cartas en el asunto y nosotras contamos con la esperanza de que eso suceda, ya que ella como ministra puede pedir una intervención institucional. Es compañera, se acercó hasta acá y nos escuchó” dice Mariluz que siembra expectativas en las respuestas del Ministerio pero también asegura que si eso no llega, ellas igual seguirán adelante haciéndose visibles y accionando.
Desde el Colectivo Ni una Menos el pedido fue concreto: “Queremos que el Ministerio se involucre físicamente en una mesa de trabajo para que el IVC implemente el artículo 6 inciso D de la ley 5.799 de Reurbanización e Integración socio-urbana del barrio denominado “Playón Chacarita”, que establece que uno de los criterios de prioridad para la adjudicación de viviendas es la violencia de género, no queremos que sea palabra muerta”
Reurbanización sin perspectiva de género
El IVC elaboró un programa con criterios de adjudicación de viviendas nuevas basado en un sistema de puntajes con determinados criterios. Cada criterio suma puntos, por ejemplo, tiene mayor puntaje una casa que se encuentra afectada por la traza de apertura de calles para poder realizar las obras de infraestructura de servicios básicos, que una casa que tiene peligro de derrumbe. El puntaje más alto que es de 51 puntos lo reciben aquellas viviendas que deben demolerse para poder concretar la obra, le siguen con 13 puntos las viviendas que presenten peligro de derrumbe, las familias que tengan integrantes adultos mayores, discapacitadxs, o alguna patología de salud agravada por la condición de hábitat reciben 10 puntos y viviendas con hacinamiento 8. El criterio de prioridad por violencia de género, fue incorporado gracias a la lucha que dieron las vecinas, poniendo el cuerpo en la Legislatura porteña, no pidieron permiso, se hicieron lugar y obtuvieron este logro, sin embargo, dentro del scoring es el que menos puntaje suma, solo 8 puntos.
Cuando Las12 consultó a las autoridades del IVC cómo responden ante una situación de violencia de género respondieron: “A las mujeres que manifiestan que se encuentran atravesando situaciones de violencia de género se les otorga una solución habitacional diferente, la cual no comparten de ninguna manera con su agresor.” Sin embargo, la historia de Jennifer demuestra que el IVC no cumple con lo acordado, recién le adjudicaron una vivienda cuando estuvo en la puerta de una casa durante horas y ya no tenía donde vivir.
Rosa, se encuentra en una situación similar a la de Jennifer, tiene 27 años y una hija de 5, viven en el barrio desde hace 8, y hace algunos meses se separó de Gastón, el papá de su hija, porque la violentaba. Él está denunciado y tiene una orden de restricción perimetral, pero hasta llegar a esta instancia, Rosa vivió un calvario.
El día en que realizaron el censo ni él ni ella estaban en la casa que alquilaban en el barrio, por eso Rosa tuvo que recopilar toda la documentación necesaria para que pudieran entrar en el censo, pruebas que dieran cuenta de que vivían en el barrio. “Si bien yo trabajaba, no había nada a mi nombre, mi DNI tenía la dirección de una casa en la que yo vivía antes y que estaba fuera de la villa”. Para que la familia pudiese ingresar al censo del 2016 tenía que presentar esos papeles, Gastón no quería saber nada con la adjudicación de la casa: “Él me decía que no quería pagar una vivienda de acá a 30 años, y yo le dije que yo sí, entonces como él vivía en el barrio desde hacía más tiempo, tenía muchas documentaciones, yo las reuní, se las llevé a defensoría y ellos se la llevaron al IVC. Después de insistir por varios meses finalmente ingresaron a la familia al censo, lo que faltaba era el certificado de convivencia que probara que yo también vivía en el barrio ya que todos los documentos estaban a nombre de Gastón. Tuve problemas con los testigos, después él no se presentaba a firmar, y así, hasta que comenzó la pandemia y ya no pude tramitarlo”
Rosa pasó la cuarentena con Gastón y su hija, en ese momento dice que su máxima preocupación era cuidarse. En agosto del año pasado se comunicaron con ella para presentar de manera urgente el certificado de convivencia porque la casa estaba a punto de ser adjudicada pero a nombre de él. “En ese momento, nos separamos y él me dijo que me quedara en la casa nueva con mi hija, que me la cedía porque no quería la casa. Yo hablé con la defensoría, con el IVC insistiendo en que él me lo quería ceder, y ellos me decían que yo no había presentado nada a mi nombre. Lo peor no fue eso, lo peor fue que Gastón se arrepintió y tomó la decisión de quedarse con la vivienda”. La situación habitacional de Rosa empeoraba a medida que pasaba el tiempo, la adjudicación era para su ex y a ella le ofrecían un subsidio de 7000 pesos. La casa que alquilan es un monoambiente y sale alrededor de 10 mil.
“Cuando me enteré que Gastón no me iba a ceder la vivienda, nos aíslan por el Covid, tuvimos que estar encerrados los tres y fue un calvario. Me llamaban de la defensoría diciéndome que me daban el subsidio pero que saliera de ahí, él se puso muy agresivo y violento: Me decía que me tenía que ir de la casa y dejarle a la nena. Me pegó, me amenazó diciéndome cosas horribles: “de acá no salís viva”. Entonces dije “basta”, no quiero que me sigan torturando y busqué ayuda. Hice la denuncia, que no es fácil, pero yo quería estar tranquila, que se fuera de la casa. Lo denuncié un viernes y el martes ya tenía la perimetral. Esa noche, cuando llegó a la casa, le mostré el papel y no me dijo nada. Armó la valija y se fue. Esto fue hace tres meses, todavía tiene ropa acá”
Rosa tuvo que emprender una vez más el camino de la documentación para poder presentar papeles a su nombre, tuvo que revolver hasta encontrar alguna factura que dé cuenta que ella vivió en el barrio durante todos estos años. Ahora tiene que esperar a que le digan si le adjudican o no una casa.
Prioridad para agresores
Jesica delgado tiene 22 años, vive en el barrio hace 10, es promotora de salud, y durante el 2020 comenzó a trabajar de manera formal en el CeSAC N°33 que depende del área programática del Hospital Tornú. De acuerdo a los criterios de prioridad le corresponde una nueva vivienda donde viviría con su pareja y su hijo de dos años. Le sería adjudicada en enero de este año, pero en noviembre pasado su situación cambió rotundamente, una prueba más de que en el camino hacia la adjudicación de las viviendas surgen una serie de problemáticas que es urgente atender.
“El papá de mi hijo me levantó la mano, yo estaba con el nene encima, me golpeó en la frente y al rebotar mi cabeza deslizó justo en la cabeza del nene, me asusté mucho y en ese mismo momento fui hacer la denuncia. Tomé mucho valor y actué rápido. Anteriormente ya venía teniendo problemas porque el papá de mi hijo me cela por todo, no quiere que estudie, ni que trabaje. Me da culpa hacerle pasar por todo esto a mi hijo y por eso dije no me callo más.”
Jesica apenas pudo terminar de relatar ese episodio de violencia que vivió y el llanto le cortó la voz. Su ex pareja tiene una restricción perimetral y ella el botón antipánico: “Cuando fui a buscar a la policía él me dijo que el nene se iba a quedar sin mamá y sin papá, me amenazaba. Estuve desde las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana en la comisaría y al día siguiente fui a la OVD a hacer la denuncia, me volvieron a preguntar todo, ahí estuve nueve horas. Es muy difícil, el desamor es duro, la angustia, mi hijo quiere mucho a su papá y me pone muy mal que pregunte por él a cada rato, que llore, que se comporte mal, pero le voy explicando que ahora su papá no puede estar, igual él lo ve, pero estaba acostumbrado a dormir con su papá y levantarse con él. Yo me tuve que reorganizar, sigo trabajando y estudiando, no voy a parar porque alguien me diga que no le gusta.”
La ex pareja de Jessica fue censado en una vivienda afectada, mediante un procedimiento de desglose familiar, Jessica y el hijo que tienen juntes, fueron sumados al proceso de adjudicación como grupo familiar.
Después de la denuncia, Jesica se dirigió al IVC para contar lo que le había sucedido, en enero le sería adjudicada una vivienda con quien ahora es su agresor. “Estuve reclamando al IVC para que nos adelantaran el trámite porque mi hijo y yo tenemos problemas de salud, él tiene broncoespasmo y yo soy asmática. Hablé con las defensorías y lo que me dice el IVC es que a quien corresponde la vivienda es al papá de mi hijo porque él es el que está censado en ese lugar y yo no. A veces desde el mismo IVC dicen ‘la gente se separa para tener dos departamentos y después se vuelven a unir’. Le dije al IVC que me den la prioridad para que me muden con el nene, que no me separé de palabra, sino que tengo una denuncia, una perimetral, un botón antipánico pero me dijeron que le corresponde al papá de mi hijo.”
Cuando se presenta un caso en el que media la violencia de género y la vivienda está por ser adjudicada el IVC específica: “En los casos en donde se manifiesta una situación de violencia, se articula la intervención de la Dirección General de la Mujer y los Centros Integrales de la Mujer para que la víctima reciba orientación, asistencia y acompañamiento. Si bien a ambas personas le corresponde la solución habitacional, se prioriza la adjudicación de la mujer y se mantiene la mayor distancia posible. En caso de haber una restricción perimetral se adjudicará en un consorcio de Manzana A y en un consorcio de Manzana D, o se analizará la posibilidad de un crédito de relocalización externa.” Nada de esto está sucediendo con Jesica, no recibió ni prioridad, ni ayuda, ni contención. Ella continúa golpeando puertas, peleando por la vivienda que le corresponde, presentó su caso en la Defensoría General y en la Defensoría del Pueblo y el pasado 18 de diciembre cuando pudo concretar una reunión con el IVC se refirieron al conflicto que estaba atravesando Jessica como una “separación”, sin dudarlo ella las corrigió: “no es una separación, es violencia de género”. Durante la reunión Jessica se mantuvo firme en su posición de demandar que la vivienda adjudicada le corresponda a ella y a su hijo, desde el IVC consideran que la situación “no es tan clara” porque ella se fue de la vivienda adjudicada a una casa que al no estar afectada no le corresponde una adjudicación, en palabras de una funcionaria del IVC “queda en el aire” y entra en el terreno de la excepcionalidad. Jessica ahora vive con su abuela provisoriamente, el único lugar donde podía ir.
Mariluz cuenta que en el barrio empezaron a pedir explicaciones al IVC cuando se enteraron que hay muchos casos como el de Rosa, Jennifer y Jessica, que hace años están esperando una solución habitacional y las viviendas no van a alcanzar: “A una vecina se le cayó el nene de un segundo piso dentro del barrio, hace más de un año estaba solicitando la vivienda y el IVC se la negó. El nene estuvo en terapia intensiva tres días, varios vecinos salimos a apoyarla, ella está dentro de los casos especiales, tiene 5 hijos y uno de ellos es discapacitado, debía tener prioridad y todo esto lo sabía la Defensoría del Pueblo, la Defensoría General. El IVC nos dice que no hay muchas viviendas. Si el IVC hizo mal el trabajo de cómo repartir las viviendas no es problema de los vecinos y todo el barrio exigimos más información”.
Falta de presupuesto y precarización laboral
Por si acaso fuera poco, además de no dar respuestas para resolver las situaciones de violencia machista que se han presentado al momento de las adjudicaciones de las viviendas, otro de los conflictos que acarrean las autoridades del IVC es la precarización laboral de sus trabajadores quienes a fines del año pasado denunciaron 30 despidos sin indemnización, irregularidad en el pago y falta de recursos para continuar con los proyectos de urbanización que perjudica directamente a lxs vecinxs. “Durante la pandemia seguimos trabajando como esenciales y siempre contratados como monotributistas, no tenemos obra social, ningún tipo de ART y los despidos que se dieron a fin de año fueron sin preaviso, ni indemnización. Ni siquiera tras tres o cuatro años de antigüedad, porque el pase a planta transitoria se da recién a partir de los seis o siete años y si uno tiene conexiones con el gremio, que es Sutecba (Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de la CABA) o tiene algún familiar trabajando en planta. De esas 30 personas despedidas que trabajaban en los distintos barrios, algunos tenían muchos años de desempeño en el Gobierno y la mayoría con hijxs a cargo, jefas de hogar para quienes ese era su único sustento. Y además hay al menos otros 30 trabajadores despedidos que son militantes y habitantes de los barrios con contrato temporales a través de las organizaciones que los nuclean en los barrios, que siguen haciendo su trabajo, porque el IVC no puede hacer nada si no es con las organizaciones porque no tienen el personal suficiente”, asegura Denise, una de las trabajadoras quien prefiere reservar su nombre real por temor a represalias.
El IVC es un organismo que hoy depende del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Airesdirigido por María Migliore, por lo tanto, todas las decisiones que se toman en el proceso de reurbanización parten de una política habitacional que proviene del ministerio. En la teoría, el IVC desarrolló un proyecto de reurbanización ideal que el Gobierno de la Ciudad utiliza constantemente para promocionarse pero no resuelve las problemáticas que se presentan en los barrios durante los procesos de integración social y urbana. En la práctica, no se aplica tal como es enunciado y no alcanza con una foto de una calle terminada o un cartel amarillo del Gobierno marcando presencia en los pasillos. Sobre lo que se avecina para el futuro inmediato Denise explica: “Ahora con la cuestión de la coparticipación como excusa hicieron un recorte enorme en el presupuesto del IVC, y está en riesgo la posibilidad de terminar con procesos que fueron muy costosos y largos. Si hoy no está garantizado ese presupuesto, los insumos y los trabajadores necesarios, ese proceso puede quedar trunco, porque lo único que hicieron hasta ahora fue mover a la gente de un lado a otro. Eso no es un proceso de integración de la Ciudad ni de reurbanización. Terminan primando decisiones arbitrarias como, por ejemplo, mudar familias que no estaban habilitadas porque no estaban en situaciones de emergencia y por el solo hecho de ser ‘amigos de’ recibían adjudicaciones.”
Mientras las autoridades del IVC se encuentran veraneando -durante todo el mes de diciembre, al cierre de esta nota no hubo ningún avance- las urgencias que denunciaron las vecinas del Playón de Chacarita continúan sin respuestas y en el medio lxs trabajadores intentan lo imposible: “Además de toda la vulneración que tenemos como trabajadores, nos obligan a exponernos y dar la cara nosotros sobre decisiones con las que no estamos de acuerdo, con las que estamos luchando internamente y tratando de resolverlas, como las situaciones que se dan cuando media la violencia de género. Con los despidos más la cantidad de compañeros que se fueron durante la pandemia porque estaban en la primera línea y no resistieron, es menos personal que tenemos para llevar los procesos en los barrios y hay muchas situaciones de emergencia que no se atienden porque no hay suficientes trabajadores.”
En el barrio se están tejiendo redes de contención desde hace tiempo, entre vecinas, el MTE y Ni una Menos, se hacen acompañamientos para realizar denuncias y buscar alternativas provisorias frente al desahucio que produce el quedarse sin un techo para vivir. La urgencia está dentro del barrio, del lado de los organismos del Gobierno de la Ciudad está la obligación de buscar respuestas reales frente a todos los conflictos que se desprenden de la cuestión habitacional. Como decían las vecinas que acompañaron a Jennifer y su hijo esa tarde que la temperatura superó los 30 grados “ole ole, ole ola, vivienda digna y popular para las villas de toda la capital”.
