"Hay que destruir al Consejo Agroindustrial, nos está haciendo ruido". El mensaje al que accedió PáginaI12 es uno de los tantos que se colaron en los chats de productores agropecuarios, unas horas después de que una negociación entre esa entidad y el Gobierno Nacional terminara por reabrir las exportaciones de maíz, forzando al campo más ultra a levantar la medida o quedar expuestos sosteniendo un lock out de corte económico y político-ideológico.
Es que la interlocución entre la agroindustria y los ministerios de Agricultura, Economía y Desarrollo Productivo, que ya se venía trabajando desde que se creó el CAA y hubo fotos con el presidente Alberto Fernández y la vice Cristina Fernández, es vista por el campo primario, los autoconvocados y una parte de la Mesa de Enlace como un problema serio para su representación y su poder de lobby contra lo que consideran un modelo económico que hay que combatir.
En su dinámica sinuosa y con idas vueltas en un conflicto menor en el que entró solo y del que le costó salir, el Gobierno consiguió que el Consejo sea un aliado que, inclusive, soporta alguna traición menor, como el cupo de 30 mil toneladas para exportar justo cuando se había hablado de que habría una apertura total de las ventas externas. El CAA es un socio nada despreciable para el Ejecutivo, dado que nuclea a los grandes exportadores de granos, las Bolsas de cereales de todo el país, tres patas de la Mesa de Enlace y casi todas las economías regionales. Un polo que le permitió además abrir una grieta en el campo y exponer a los que decidieron jugar a la política partidaria.
En este contexto, con dos entidades de las Mesa de Enlace lanzadas a la guerra ideológica, como Confederaciones Rural y la Sociedad Rural, la interlocución con la agroindustria será clave para sostener un sujeto central del anuncio que hizo el ministro de Agro, Luis Basterra: el fideicomiso que busca desacoplar del valor internacional el precio local del maíz, en una especie de "barril criollo" del grano que garantice la exportación y la provisión al mercado interno. Este punto es el más resistido por los sectores que se niegan a sentarse a la mesa de la política.
Detrás de la fachada del reclamo económico, el affaire del maíz expuso más claramente la existencia de dos campos: uno dispuesto a salir de los conflictos con el Gobierno de forma negociada; y otro que iría a la guerra ante cualquier decisión que no guste. En esta dinámica se inscribe la relación del Gobierno con uno de los sectores del establishment que no esconde sus preferencias políticas.
