Juntos por el Cambio busca nuevamente condicionar el funcionamiento del Congreso en las extraordinarias. Desde el interbloque macrista afirman que no renovarán el protocolo de sesiones con mayoría presencial en la Cámara de Diputados si no hay un temario acordado previamente, del que excluyen el tratamiento de las reformas de la Justicia Federal y del Ministerio Público Fiscal que ya tienen media sanción del Senado. El Frente de Todos quiere retomar la actividad en la Cámara baja este mes con una batería de temas a consensuar y ya giró la renovación del protocolo con mayoría presencial que respaldaron el resto de los bloques con la excepción de JxC, mientras define la estrategia para avanzar “mas adelante” con las reformas que les pidió el presidente Alberto Fernández.

“Hay que renovar el protocolo de funcionamiento de la Cámara, y Juntos por el Cambio quiere que haya temario acordado para prorrogarlo”, confirmaron desde el interbloque opositor ante la consulta de Página/12. Aunque admiten que no fue una definición que se adoptó en un encuentro formal de los integrantes de la coalición, sino de “charlas entre los diputados” que comandan la bancada: Mario Negri (UCR), Cristina Ritondo (PRO) y Juan Manuel López (CC).

La intención de la principal alianza opositora es bloquear el tratamiento de la reforma a la justicia federal, que amplia su actual estructura en la Ciudad de Buenos Aires y otras provincias para avanzar en la implementación total del sistema acusatorio que estará en manos de los fiscales. JxC no quiere que se diluya el poder que ejercen los actuales jueces de Comodoro Py. “En la excepcionalidad de la pandemia no te pueden meter por debajo de la mesa la reforma judicial, que no es prioridad en este contexto”, afirmaron desde el interbloque a este diario. bajo es misma lógica rechazan que se trate la reforma al Ministerio Público Fiscal, cuya media sanción del Senado reduce de los dos tercios de los votos  a “mayoría absoluta” (la mitad mas uno de la Cámara alta) el requisito para la designación del Procurador General, cuyo mandato se acotará a cinco años para un cargo que dejará de ser vitalicio. Hasta ahora JxC se aferró a mantener los dos tercios para impedir la designación del juez Daniel Rafecas como nuevo jefe de los fiscales propuesto por el Gobierno.

La estrategia opositora no es una novedad para el oficialismo. La ejerció a lo largo del año parlamentario atravesado por la pandemia. Reclamó sesionar cuando el Gobierno implemento el Aspo para prevenir la propagación del coronavirus, condicionó el protocolo para sesiones remotas mixtas a temas acordados; volvió a reclamar “sesiones presenciales” e impuso sesiones con “mayoría presencial” para tratar temas como el Presupuesto, el impuesto extraordinario a las grandes fortunas y la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que el FdT logró trasformar en leyes. Ahora insiste en condicionar la agenda de las sesiones extraordinarias, cuyos temas constitucionalmente los propone el Gobierno.

El FdT impulsa una sesión durante este mes de enero con “temas consensuados”. Una batería de temas que incluyen la sostenibilidad de la deuda externa, el traspaso de dominios territoriales de la nación a diversas provincias, el financiamiento del Conicef, y los subsidios a los familiares de la víctimas del hundimiento del ARA San Juan durante la gestión de Cambiemos. Además de la prórroga a la ley de biocombustibles, si el Ejecutivo la incorpora en el temario de extraordinarias.

Desde la presidencia de la Cámara baja, ya se envió la propuesta de prórroga de la renovación del protocolo de las sesiones con mayoría presencial, con la excepción de aquellos diputados que por cuestiones sanitarias soliciten hacerlo de forma remota. Como se había establecido en su última renovación y que se aplicó en las últimas sesiones del año pasado. La mayoría de los bloques e interbloques opositores ya dieron su visto bueno para la continuidad del actual protocolo, con la única excepción de la principal bancada opositora de JXC. 

Algunos especulan, que la demora del interbloque macrista se debe a que "muchos de su diputados aun están de vacaciones" y no quieren adelantar el regreso a sesionar sin garantizar las presencia de su tropa en el recinto.   

Desde el oficialismo tampoco buscar forzar ahora definiciones sobre otros temas que la oposición considera "conflictivos". Incluso trocaron el dicho popular de "paso a paso" por el de "mes a mes", cuando se renueva el protocolo que vence cada 30 días. En el FdT afirman que buscarán el momento oportuno para avanzar con las reformas judiciales. Una estrategia que podría trasladar su tratamiento a febrero, donde todo el mes forma parte de las sesiones extraordinarias dictadas por el Gobierno o el comienzo de las sesiones ordinarias que arrancan el primero de marzo.

También consideran que no necesariamente se deban tratar en sesiones totalmente presenciales. "Es un tema que la oposición planteó para tratar temas como el tributo a las grandes fortunas, aunque la sesión se hizo con mayoría presencial, como terminaron planteando las mayoría de los bloques", afirmaron a Página/12 desde el oficialismo.