A dos semanas de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Argentina, las diputadas de la Comisión de la Mujer y Equidad de Género de la Cámara de Diputados de Chile comenzaron el debate por la despenalización del aborto voluntario hasta las 14 semanas. “Despenalizar es la posibilidad, el primer paso, para sacar a las mujeres de la clandestinidad”, señaló Camila Rojas, diputada de Comunes y una de las parlamentarias firmantes del proyecto de ley que se presentó en 2018, y explicó que "la ley de tres causales no es suficiente". La presidenta de la Comisión, Maite Orsini, informó que el tratamiento seguirá cada miércoles, con invitados a favor y en contra del proyecto. El debate se da en medio de una semana decisiva para la conformación de las listas de candidatos entre los que la sociedad chilena elegirá el próximo 11 de abril a los integrantes de la Convención Constitucional, que se encargarán de redactar una nueva constitución.  

De la reunión de este miércoles, que se desarrolló de forma mixta, presencial y virtual, con pañuelos verdes de un lado y otro de las pantallas, participaron las diez diputadas que firmaron el proyecto de ley en 2018, las 13 integrantes de la Comisión, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett Said, y dos referentes de las organizaciones que impulsaron la iniciativa: Camila Maturana, encargada del Programa Seguimiento Legislativo de la Corporación Humanas, y Gloria Maira, referente de la Mesa de Acción por el Aborto.

“Descriminalizar es fundamental para el respeto de la dignidad y los derechos de las mujeres”, señaló Maira y aclaró que “no se trata de las causales, porque incluso en estas circunstancias la voluntad de las mujeres sólo se hace efectiva luego de enfrentar ponderaciones biomédicas y de credibilidad respecto de las situaciones de abuso sexual”. La activista recordó a las mujeres chilenas que el año pasado quedaron embarazadas por culpa de varios lotes defectuosos de anticonceptivos que tenían placebos en lugar de pastillas activas y remarcó que “las afectadas no han tenido oportunidad de acceder al aborto legal”. Por último, Maira remarcó que “este proyecto nace del sentido común, de la evidencia de que en todas las épocas y circunstancias las mujeres hemos abortado”.

El proyecto de ley prevé la modificación de los artículos 342, 344 y 345 del Código Penal chileno, para que las penas previstas para la interrupción de los embarazos cuando la práctica no estuviera justificada por una de las causales, tengan vigencia sólo después de las catorce semanas de gestación, siempre que el aborto sea consentido por la persona gestante. Previo a ese plazo la interrupción del embarazo no sería punible.

A pesar de que el proyecto contempla únicamente la despenalización, María José Hoffman, diputada oficialista de la Unión Democrática Independiente (UDI), aseguró que la iniciativa “es un paso hacia el aborto libre”, y aseguró: “desde la UDI vamos a rechazar este proyecto”. En la misma línea se manifestó la diputada Nora Cuevas, quien opinó que “es insólito hablar de aborto con todo lo que tenemos a la mano para evitar un embarazo”.

"No basta con las causales"

En 2017 el Congreso chileno aprobó la Ley 21.030, que despenaliza y regula el aborto por causales, es decir, cuando el embarazo es producto de violación, cuando estuviera en riesgo la vida de la persona gestante, y cuando se determina que el feto es inviable. En todos los casos, se requiere diagnóstico médico para que un profesional de la salud pueda garantizar la práctica. Sin embargo, distintas diputadas remarcaron este miércoles que “no basta con las causales” y que, incluso cuando se cumplen, en muchas ocasiones la práctica no se garantiza.

“Tenemos un Estado que no garantiza todo lo que hay que hacer antes para evitar que los abortos se produzcan”, señaló la diputada Natalia Castillo, de Revolución Democrática (RD), y advirtió que en Chile no se asegura la información a través de la educación sexual y que el “acceso garantizado a la anticoncepción” es una “cuestión que tampoco existe en nuestro país”. En octubre del año pasado, la Cámara de Diputados rechazó un proyecto de ley que proponía educación sexual y afectiva en los diferentes niveles educativos.

Despenalización, el primer paso

En Chile, la Constitución actual --vigente desde 1980-- establece que los proyectos de ley que involucren presupuesto del Estado los debe presentar el Ejecutivo, por eso el proyecto en debate plantea la modificación del Código Penal, pero no puede regular el acceso a la atención de los abortos en el sistema público sanitario.

“Nos encantaría que esto fuera con un acompañamiento, que fuera el sistema de salud el que garantizara esta prestación”, señaló la diputada Karol Cariola y advirtió que actualmente el Estado “no sólo criminaliza sino que no se hace cargo de atender correctamente a las mujeres”.

Informe: Lorena Bermejo