Las 346 familias en situación de calle que se asentaron en la ampliación de Parque Las Vega siguen esperando una solución habitacional del gobierno provincial. Mientras resisten o "sobreviven" en las tierras tomadas en la zona sur de la ciudad de Salta, con las reiteradas lluvias se han vuelto a inundar, a pesar de lo cual no han recibido ninguna asistencia social. La delegada de la toma, Mercedes Vilte, indicó que están en una etapa de diálogo con funcionarios gubernamentales.
Con las lluvias del período estival y a la intemperie, las carpas precarias que armaron en el asentamiento se llenan de agua, las familias no tienen resguardo y sus pertenencias también se mojan. "Teníamos el agua cerca de la rodilla, es zona inundable, estamos aguantando. Logramos rearmarnos. Algunos vecinos se solidarizan y nos permiten meter a los niños en sus casas hasta que deja de llover y los volvemos a traer a las carpas", narró la delegada.
Y durante los días de altas temperaturas, en la toma siguen padeciendo la falta de agua potable. "Vamos sorteando el día a día. Tenemos que subsistir porque no se vive, se sobrevive en este predio", expresó Vilte.
La delegada sostuvo que no tuvieron asistencia social del gobierno provincial ni del municipal en estos 9 meses de la toma. Y agradeció a las organizaciones sociales y políticas que en ese período se han acercado a solidarizarse. También aclaró que ninguna de éstas interviene en la organización interna del asentamiento e indicó que las decisiones la toman entre los vecinos y las vecinas, quienes han elegido a 27 representantes.
Vilte dijo que han cedido ante los pedidos del gobierno y que han logrado completar las carpetas para presentar ante el Plan Mi Lote. "Entablamos conversación para que se nos quite el título de usurpadores, para que se nos permita entrar en el Plan Mi Lote. La situación de covid-19 nos ha llevado a tomar esta tierra, la mayoría trabajamos al día, no pudimos pagar el alquiler pero creo que ningún padre quisiera estar así con sus hijos", expresó. Por su parte, el secretario de Tierras y Bienes, Esteban Carral, no respondió las consultas de este medio.
En la toma, debido a la apertura del diálogo por parte del gobierno salteño, ahora se manifiestan esperanzados en que les den soluciones y esperan llegar a un acuerdo.
La Universidad Nacional de Salta realizó un censo a la familias de la toma. "Nos sirvió (...) quedó plasmado que somos familias en situación crítica", sostuvo Vilte. La delegada consideró que los datos que aporta ese relevamiento demuestran que no son oportunistas asentados en ese lugar sino familias con una necesidad habitacional real.
El informe preliminar de la UNSa señaló que las carpas viviendas están asentadas sobre piso de tierra y que durante las lluvias sufren destrozos y anegamientos y en los días de sol y calor, en su interior alcanza altas temperaturas. También ha registrado 346 familias integradas por 1.207 personas, de las cuales 669 son mujeres (55%), 536 varones y 2 adscriben a otra identidad de género. Hay 195 niños entre 0 y 4 años y 342 entre 4 y 12 años.
Otro dato que resalta con el informe es que el grupo mayoritario es el de las infancias, que comprenden entre 0 y 10 años, siguiéndole el grupo de jóvenes de entre 20 y 30 años. Además, señala que el 74,27%, 257 familias, han designado como referente a una mujer y que es notable "la cantidad de familias monoparentales, mayormente a cargo de mujeres".
Las causas registradas por las cuales las personas están en el asentamiento son diversas, la más recurrente es el hacinamiento en el que vivían antes "en general en viviendas paternas con hermanos y sus hijos conviviendo en espacios pequeños, en permanente conflicto y en algunos casos sufriendo violencia y abusos".
El informe de la UNSa plantea que el asentamiento sirvió como forma de descomprimir situaciones conflictivas que se exacerbaron aún más en contexto de pandemia, donde se exigía la permanencia continua en los hogares y manteniendo medidas de distanciamiento. Por otra parte, la falta de ingresos y la suba de los alquileres se marcó como otro de los motivos más importantes.
"En el 45% de los casos (156 Unidades Domésticas o familias) se declaró que hay alguna persona que sufrió violencia de género, en general de parte de sus ex-parejas, suegros, u otro familiar directo (padres, hermanos). En la mayoría de los casos al no tener a donde recurrir se instalaron en el asentamiento con la expectativa de conseguir una vivienda en las que puedan vivir seguras", se señala en el censo de la UNSa. El informe recomienda a las autoridades atender la situación habitacional de las familias asentadas.
