Organizaciones sociales campesinas e indígenas nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) Jujuy denunciaron que el gobernador Gerardo Morales lleva adelante, de manera sistemática, una política de criminalización de la protesta social en perjuicio de sectores de la economía popular y de trabajadores.
En una conferencia de prensa realizada ayer, referentes de las distintas organizaciones que integran la UTEP informaron que la semana pasada fueron notificados de que se les habían labrado actas acusándolos de haber violado normas sanitarias y contravencionales durante la jornada "Por una Navidad Sin Hambre", realizada el 15 de diciembre último, con demandas de puestos de trabajo y tierra para vivir y producir.
“Fuimos criminalizados con argumentos sin justificación”, afirmó Jorge Angulo, coordinador del Consejo de Pueblos Originarios Llankaj Maki. Esta organización y el coordinador fueron notificados de que están acusados de haber incurrido en contravenciones.
Los avisos de las actas contravencionales llegaron cuando se está desarrollando una mesa de trabajo entre Gobierno y organizaciones sociales. En su afán de advertir a los dirigentes, la Policía jujeña dejó las notificaciones pegadas en las puertas de merenderos y comedores de distintas organizaciones.
El Código Contravencional de Jujuy prevé penas de multas, la realización de trabajo comunitario o la prisión.
José Surita, referente del Movimiento Evita y otro notificado, añadió que rechazan "la criminalización de la protesta social porque protestar es un derecho que tenemos todos los ciudadanos argentinos y denunciamos la persecución”, aseguró. En ese marco los dirigentes insistieron en reclamar la renuncia de la ministra de Desarrollo Humano, Natalia Sarapura, a quien acusan de no dar respuesta al reclamo ni solución al hambre que padecen muchas familias en Jujuy. "No solo que no da respuesta, sino que lo niega” afirmó Surita.
“No queremos romper la mesa de trabajo, sí queremos discutir. Si el gobierno cree que con las multas desviamos el eje de discusión, están equivocados. Si ellos quieren romper que se hagan cargo, no vamos a dejar de lado nuestros derechos ni las demandas de los hermanos de base”, sostuvo por su parte Angulo.
Las notificaciones llegaron a al menos ocho referentes de organizaciones sociales, Angulo, Surita, Gabriel Taboada, Gabriela Arroyo, Ivone Aparicio, Arnaldo Navarro, Sara Cruz y Eva Girón, y a las organizaciones Llankaj Maki, CCC y MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos). La abogada Mariana Vargas se presentó ayer ante la jueza jueza contravencional N° 3, María Fernanda Yapur, como abogada defensora de estas personas y organizaciones.
El coordinador de Llankaj Maki recordó que las organizaciones sociales han estado en los lugares donde el estado provincial no ha llegado. "Hemos asistido a personas contagiadas de covid, siendo víctimas de la falta de políticas de salud en el pueblo”, afirmó.
“Estamos en una mesa de trabajo con el gobierno de la provincia donde han planteado las problemáticas que tienen los espacios colectivos comunitarios y en Casa de Gobierno dejaron el año pasado un documento con cinco puntos para discutir”, indicó Angulo sobre la conformación de la mesa de trabajo con el Estado provincial.
Precisamente, esa mesa se constituyó en la práctica en respuesta a la jornada de diciembre último. “El 15 de diciembre hemos logrado esa mesa de trabajo para discutir la realidad del trabajo genuino en Jujuy para paliar la situación de desocupación y las consecuencias de la pandemia", reseñó el referente del Consejo de Pueblos Originarios.
Angulo explicó que, en cambio, en cuanto a la situación de tierras para vivir y producir "no se logró avanzar". Y también informó que en las reuniones plantearon que "se actualice un presupuesto acorde a la realidad jujeña para merenderos y comedores”. Dijo que estos son los puntos que lograron conversar sin concretar nada aún.
Hace dos años el gobierno de Morales había propuesto una mesa de diálogo con las organizaciones sociales y sindicatos que puede tomarse como un antecedente de la actual mesa de trabajo. Entonces y ahora fue encabezada por el secretario General de la Gobernación y hermano del gobernador, Freddy Morales, quien se comprometió a ver la situación de las organizaciones sociales y asumió el compromiso de que en cada reunión estuviera presente el ministro del área que fuera requerido por las organizaciones. Se realizaron encuentros con el ministro de Desarrollo Económico y Producción y con otros funcionarios de las áreas de Ordenamiento Territorial, Recursos Hidricos y Vialidad Provincial.
Los referentes de las organizaciones sociales indicaron en la conferencia de prensa que esperan que la semana próxima se concrete una reunión con la ministra Sarapura y poder avanzar en la mesa de diálogo. Advirtieron que, de lo contrario, se verán obligados a movilizarse y "poner de manifiesto la falta de diálogo con los funcionarios de Gerardo Morales".
Asi también adelantaron que comenzarán reuniones con diputados de la oposición para que se vuelva a tratar la Ley de Emergencia Alimentaria. “El hambre recorre el territorio” finalizo Surita.
En un comunicado la UTEP también resaltó que en 2020 realizaron "distintas protestas sociales" por un abanico de cuestiones que afligen a sus integrantes: los femicidios, la falta de presupuesto para la alimentación, el no reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras esenciales, "en defensa de los territorios, ante los desalojos de comunidades originarias, ante injusticias laborales". Protestas en las que también participaron "los sindicatos, trabajadores del estado, diferentes empresas privadas y distintas entidades” dejando expreso el compromiso social ante varias injusticias en la provincia.
En la capital jujeña hay cerca de 400 merenderos y comedores de las organizaciones que atienden en diferentes barrios y otra cantidad se registra en localidades del interior. En general estos lugares han aumentado considerablemente la asistencia, de recibir a 120 personas entre niños y adultos, pasaron a duplicar esa cifra. El estado les entrega una partida de $14,50 por persona y por día para los comedores. En cuanto a los merenderos, solo reciben mercadería que dura una semana como mucho, según relatan los dirigentes.
En ese marco, en diciembre las organizaciones que integran la UTEP, la Corriente Casista y Combativa (CCC), el Movimiento Evita, el Consejo de Pueblos Originarios Llankaj Maki, Somos Barrios de Pie, el Movimiento popular la Dignidad, el Movimiento MTE, el Movimiento Nacional Campesino lndigena (MNCI), el Frente Popular Darío Santillán, la Federacion Nacional Campesina, el Movimiento de Acción Popular, determinaron una jornada de medidas de fuerza ante la falta de asistencia del Estado y el retraso de tres meses para pagar a aquellos comedores presupuestados. Las medidas, que recuerdan a las prácticas históricas que impulsaba la dirigente social Milagro Sala, hoy detenida, fueron cortes de puentes desde la mañana hasta la tarde en los accesos a la ciudad. El 15 de diciembre pasado marcharon bajo el lema “Por una Navidad Sin Hambre", columna que recorrió las calles de la ciudad.
Ante esa visibilización de la problemática, el gobierno contestó ahora con persecuciones y multas por “infringir las medidas sanitarias”.
Es una práctica que viene desde los inicios de la gestión de Morales, usando para eso el Código Contravencional, que el gobernador puso en vigencia el 1 de enero de 2016, denunciado como una herramienta para disciplinar a dirigentes opositores y, a la vez, recaudar dinero con las multas. La Justicia Contravencional es un órgano del Estado provincial, no del Poder Judicial.
En 2016 se usó esté Código para detener a Milagro Sala. Y en 2017 otros dirigentes sociales, gremiales y políticos fueron multados por una movilización, y cada uno deberá pagar $151 mil.
La arbitrariedad de las contravenciones motivó que en marzo de 2017 se realizara una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar la represión y la criminalización de la protesta social en Jujuy. Elena Chaves, de la organización Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), destacó en esa instancia que con este Código Contravencional se puede sancionar cualquier manifestación en la calle, en una avenida o en una ruta porque penaliza la ocupación del espacio público y que se obstaculice la circulación vehicular.
