Bajo el influjo ideológico de Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, el diputado nacional Francisco Sánchez (Juntos por el Cambio) propició “la flexibilización del uso domiciliario de armas” en manos de “los ciudadanos decentes” como una forma de “hacer frente a la inseguridad” ante “la ausencia del Estado”. Sánchez aseguró que hay trabas para que una persona “decente” pueda ser “tenedor legítimo” de un arma de fuego, pero en una entrevista no pudo explicar cuáles son las supuestas trabas. Fueron tan precarios sus argumentos, en un periodista le dijo que sus ideas parecían “una bomba de humo”.
La entrevista terminó con una recomendación para Sánchez: que mantenga un diálogo virtual con el titular de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), Ramiro Urristi, para que le explique cuáles son las normas vigentes para que el organismo habilite a un tenedor legítimo de un arma de fuego.
Sánchez, legislador nacional por Neuquén, hizo el planteo desde su cuenta de Twitter, donde se presenta como un hombre “de derecha” cuyo lema es “Dios, Patria, Familia”. El diputado dijo que trabaja en la redacción de un “proyecto de ley” que llevará este año al Congreso Nacional, con el asesoramiento de las “asociaciones de legítimos usuarios”, que reclaman más “flexibilidad” sobre todo en los “controles psicofísicos”, uno de los ejes que toma en cuenta la ANMAC para desechar una habilitación, junto con la exigencia de que el usuario no tenga antecedentes penales.
“Bolsonaro quiere facilitar el acceso a las armas de los ciudadanos decentes. Lo mismo vamos a presentar este año en el Congreso, porque más de 30 años de garantismo solo han servido para desproteger a los trabajadores honestos que levantan este país”, fue la síntesis de la propuesta de Sánchez.
Cuando le preguntaron qué quería cambiar en la legislación argentina, su iniciativa empezó a hacer agua, por lo indefinida.
--¿Qué hay que cambiar para que los ciudadanos 'decentes' tengan acceso a un arma?-- le preguntó el periodista Pablo Duggan.
--Hay varias cuestiones que tienen que ver con lo psicofísico” (en referencia a los exámenes psicofísicos que deben superar los que quieran obtener la tenencia legal de un arma de fuego), fue la ambigua respuesta del diputado Sánchez.
Lo curioso es que dijo que no podía adelantar nada porque al tema lo está “trabajando con las asociaciones de legítimos usuarios”, algunas de las cuales hacen la apología de las armas. Para colmo, él mismo reconoció que “el acceso a las armas en la Argentina es legítimo, y los ciudadanos pueden armarse para defenderse de quienes cometen ilícitos”. Agregó que, gracias a eso, “las muertes de parte de legítimos usuarios hoy son casi nulas”, pero nunca aclaró de dónde tomó ese dato.
Por eso quiere que “se flexibilice y sea más sencillo el uso domiciliario de las armas”. Lo que hizo Sánchez, en cierto modo, es reflotar el discurso de la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, cuando dijo: “El que quiere ir armado, que vaya armado”, en una suerte de regreso al Lejano Oeste de las películas de Hollywood.
Acorralado, Sánchez volvió a reconocer que no hay restricciones para el acceso a las armas por parte de “las personas decentes”, pero igual insistió en que es necesario que las normas “sean más accesibles, más fáciles”, sin decir nada específico. Como único ejemplo dio el de un supuesto expolicía que fue rechazado como tenedor de un arma personal.
Ante una pregunta, afirmó que esa persona “no tiene antecedentes penales”, como ocurre con muchos policías retirados por delitos graves como gatillo fácil, torturas o violencia de género, entre otros.
Fue tan poco clara su exposición, que el periodista que lo entrevistaba, le dijo: “Perdón, pero me parece que su mensaje en Twitter es una bomba de humo, no entiendo qué es lo que quiere cambiar”. Sánchez volvió a decir que todavía estaba “trabajando en el proyecto” y hasta se mostró algo molesto porque interpretó que lo estaban “chicaneando”.
En su mensaje en Twitter había asegurado que “el Estado no está dando solución a los ciudadanos, que deben tener la garantía de poder defender sus vidas y sus bienes”, mediante la presencia de un arma de fuego en su hogar. Consideró, además, que “hay un avance de la delincuencia que hace que los ciudadanos estén desprotegidos”. Por eso avaló la justicia por mano propia cuando “los delincuentes entren a la casa de las personas para atacarlas”.
A fines de 2020, el diputado había generado polémica cuando propuso la pena de muerte para violadores y asesinos de menores de edad. "Voy a presentar un proyecto para aplicar pena de muerte a monstruos como éstos", publicó en aquella oportunidad en su cuenta de Twitter.
El modelo Bolsonaro
Desde que inició su mandato, en enero de 2019, Bolsonaro ha adoptado varias medidas para flexibilizar la posesión y el porte de armas en Brasil, lo que fue una de sus principales promesas de campaña. Entre tales medidas se incluye la que permite a cualquier ciudadano comprar hasta cuatro armas.
Otras normas que entraron en vigor en 2020 elevan la cantidad de municiones que las personas pueden comprar y revocan la legislación que facilitaba el rastreo de armas y municiones en el país.
La flexibilización comenzó a regir en junio de 2019, cuando entraron en vigor diversos decretos y una ley que facilitan el acceso a las armas y anulan varias de las disposiciones del Estatuto del Desarme que Brasil aprobó en 2003.
El mandatario asegura que su política armamentista busca combatir la violencia en el país al permitir que los ciudadanos puedan defenderse de los criminales. En diciembre pasado, anunció la decisión de su Gobierno de reducir desde 20 por ciento hasta cero el impuesto sobre la importación de revólveres y pistolas.
En aquel momento, el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del jefe de Estado y también un acérrimo defensor de la liberación de las armas en Brasil, destacó que la medida representaba un beneficio para personas que ya tienen derecho al porte de armas y que están interesadas en importar hasta dos armas cortas. "Mayor libertad de escoger para garantizar la legítima defensa", indicó por entonces.
Por último, Bolsonaro adelantó el pasado lunes que el Gobierno prepara “dos o tres” decretos más para poder facilitar a la población el acceso a las armas de fuego, ya que, pese al récord de ventas en 2020, “el ciudadano de bien ha sido durante mucho tiempo desarmado”.
