La sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que despenaliza y regula el aborto por fuera de las causales fue un triunfo histórico para quienes luchan hace décadas por el derecho a decidir y fue celebrada por organismos nacionales e internacionales, así como por una gran parte de la ciudadanía argentina. Sin embargo, para que el acceso a la interrupción segura y gratuita del embarazo se garantice en la práctica de manera plena, todavía resta la reglamentación, que se estima estará lista en un mes y en la que trabajan integrantes del Ministerio de Salud y del de Mujeres, Géneros y Diversidad, y de la Secretaría Legal y Técnica, junto a diferentes asesoras, entre ellas referentes de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Si bien en la reglamentación se establecerán las condiciones para garantizar el acceso en la práctica, la modificación al Código Penal es el primer paso contra la criminalización del aborto. Así lo afirmó el ministro González García en una entrevista con este diario: "al descomprimir legalmente, con una ley como hay ahora, mucha gente que usaba la objeción de conciencia por miedo, porque ha habido lugares donde se han hecho cosas muy feas vía judicial sobre los propios médicos o los actuantes (ante una ILE), seguramente no se declará objetora".
“El trabajo continúa. Hay que estar atentas para que la implementación sea inmediata y se aplique en todo el país”, señaló a Página/12 Jenny Durán, referente de la Campaña, y aseguró que hubo “un gran trabajo previo en el armado del texto de la ley para dejar allanado el camino” de la reglamentación. Respecto a la objeción de conciencia, Durán sostuvo que “la letra es bastante explícita: los servicios públicos y privados de salud tienen que atenerse a la ley y encontrar la forma de garantizar el acceso”. Según afirmó la activista, la Campaña está trabajando en conjunto con la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva de la cartera nacional de Salud en la reglamentación de la nueva norma.
Clara Noceti, médica generalista y referente de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, coincidió en que “es esencial el monitoreo y la cobertura de la práctica en todo el país”. Para Noceti, el paso siguiente a la reglamentación de la Ley IVE es la capacitación a los profesionales de la salud, “no sólo de obstetricia y ginecología, sino de todos los niveles del sistema sanitario para que puedan realizar las prácticas recomendadas”, y remarcó que “los médicos no somos los jueces morales de la vida de nadie, tenemos que acompañar las decisiones que toman las personas”. Si bien la ley establece la posibilidad de que un profesional de salud, por objeción de conciencia, pueda negarse a realizar un aborto voluntario, Noceti advirtió que, en los dispositivos de salud públicos, “es importante que las jefaturas no sean objetoras”.
Otro de los pasos siguientes para la aplicación de la ley es el registro de la mifepristona, una medicina que se combina con el misoprostol cuando se realiza la IVE mediante medicamentos. “Permite un aborto más eficaz y con menos dolor”, explicó Noceti, y señaló que también “hay que capacitar sobre aborto por aspiración, una práctica que es segura cuando el método con medicamentos no funciona, y que todavía se aplica en muy pocos lugares”.
Al día siguiente de la sanción de la norma en el Senado, el Ministro de Salud remarcó que la implementación será de la misma forma en que llegó a convertirse en ley, es decir, con el trabajo de organizaciones sociales y del movimiento feminista para garantizar los abortos seguros. “La ley permite que muchos profesionales puedan salir del ‘closet abortero’ y realizar las prácticas sin miedo a que los persigan”, señaló Eugenia Ferrario, integrante de la Red de Socorristas que durante el 2020 acompañó a 18 mil personas de todo el país en el acceso a la interrupción del embarazo.
“Las leyes por sí solas no garantizan nada. Son un piso, ahora hay que cuidarla, poner el cuerpo”, advirtió Ferrario, desde Necochea. Con el nuevo marco legal, la Red se concentrará en “difundir, dar a conocer los derechos y seguir acompañando, con estrategias regionales, para que se cumpla en todo el territorio”. La activista hizo hincapié en la situación de las niñas y adolescentes “que son obligadas a ser madres, a parir, por llegar a los centros de salud muchas veces después de las 14 semanas de gestación”, y remarcó que “con las causales siempre hubo trabas y hay que estar atentas, articular con los profesionales de la salud”.
Para la activista de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, la promulgación es “una manera de cerrar toda la lucha del 2020” y empezar con otra militancia, concentrada en la capacitación, la educación sexual integral, la garantía de que estén los insumos necesarios para garantizar los abortos seguros y, también, agregó Durán, “que en toda Latinoamérica haya aborto legal”.
Informe: Lorena Bermejo
