El represor Luis Firpo, que actualmente enfrenta un pedido a prisión perpetua de la fiscalía en el juicio por crímenes contra 94 militantes que participaron de la Contraofensiva montonera, no logró conmover a la Cámara Federal de Casación para abandonar la prisión de Campo de Mayo, donde está detenido desde fines de noviembre después de que lo fotografiaran violando el arresto domiciliario. Por lo tanto, Firpo perdió el privilegio y permanecerá en prisión hasta que finalice el juicio oral.

La sala de feria de la Casación --integrada por los jueces Liliana Catucci, Juan Carlos Gemignani y Diego Barroetaveña-- rechazó el planteo que presentó el defensor oficial de Firpo contra la resolución del 26 de noviembre del Tribunal Oral Federal (TOF) 4 de San Martín que ordenó su detención.

La situación había sido denunciada por la representante del Ministerio Público Gabriela Sosti durante una de las audiencias en las que desarrolló su alegato. Sosti explicó que un vecino de Mar del Plata, donde Firpo cumplía arresto domiciliario, había advertido que el militar hacía salidas frecuentes por el barrio y lo había fotografiado cuando su hijo lo pasó a buscar en un auto y fue hasta un supermercado a hacer las compras. Después de registrarlo, el vecino denunció ante la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que dirige la fiscal Ángeles Ramos. “La confianza que el Estado depositó en él fue traicionada”, dijo Sosti y advirtió que la violación de la domiciliaria por parte de Firpo era sistemática. El abogado querellante Pablo Llonto, por su parte, remarcó el grado de peligrosidad que representan los genocidas deambulando por las calles.

Ante la evidencia de las imágenes, la defensa de Firpo pidió tiempo para ensayar una respuesta. Explicó, después, que la salida había sido por poco tiempo, que sólo era para comprar comestibles. La Casación recordó que el TOF 4 lo había considerado irrelevante y que ellos no disentían con el tribunal de juicio. En su voto, Catucci dijo que la defensa de Firpo había ido a la Casación porque estaba en desacuerdo con la decisión del TOF 4 de enviarlo a la unidad de Campo de Mayo, pero que no pudo fundamentar ni que fuera arbitraria ni que tuviera defectos. "Es un fallo correcto", dijo Sosti a este diario después de conocer la resolución de la Casación. "Siempre se piensa que los genocidas están deambulando por las calles, pero algunos tribunales, como el TOF 4 --en este caso--, hacen un acto de justicia", agregó.

Firpo gozaba del beneficio de la domiciliaria prácticamente desde que fue detenido con prisión preventiva, en el marco de la investigación que la jueza de San Martín Alicia Vence desarrolló para describir y establecer responsabilidades por los crímenes que sufrieron militantes de Montoneros que regresaron al país en el marco de la Contraofensiva. Como él están imputados los exmilitares Jorge Norberto Apa, Roberto Bernardo Dambrosi, Jorge Eligio Bano, Eduardo Eleuterio Ascheri y Marcelo Cinto Corteaux.

Firpo tiene 89 años. Vivía en Nogoyá, Entre Ríos, pero solicitó trasladar el domicilio de cumplimiento del beneficio a Mar del Plata, donde viven sus dos hijos. Se estableció en una casa en el barrio de Nueva Pompeya, casa de la que se lo registró salir en, por lo menos, dos oportunidades. Para las elecciones presidenciales de 2019, Firpo pidió autorización al TOF 4 de San Martín para ir a votar a Nogoyá, Entre Ríos.

En diciembre, la fiscalía pidió que se condene a Firpo a prisión perpetua. El militar ejerció como jefe de la Central de Contrainteligencia y de jefe de la División Seguridad del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército al momento de la Contraofensiva, es decir, entre 1979 y 1980.  Está acusado por 40 casos de privaciones ilegales de la libertad y tormentos, 38 casos de homicidios agravados y seis de allanamientos ilegales. El juicio está en instancias finales. Después de la feria, se reanudará el jueves 4 de febrero y continuarán el resto de las partes con sus alegatos. Las audiencias se transmiten desde el portal La Retaguardia.