A casi cinco años de su detención y sin ninguna condena firme, la dirigente social Milagro Sala volvió a apuntar contra el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, al asegurar que su detención "es de carácter político" y que corresponde únicamente a una "intención" del jefe provincial. Y agregó: "Hoy la Justicia argentina no está funcionando correctamente".
"Lo nuestro es político. Se ha demostrado en varios ejemplos, audios y videos, en donde los mismos jueces y fiscales decían que estábamos detenidos por Gerardo Morales", afirmó Sala, en una entrevista con el canal IP. "La Justicia de Jujuy tiene pintado los colores de los radicales", indicó, al hacer referencia a la incorporación de Ekel Meyer como nuevo integrante de la cúpula judicial en Jujuy.
Es que días atrás, el gobierno de Gerardo Morales logró imponer su mayoría en la Legislatura jujeña y designó a su ministro de Seguridad como nuevo integrante del Superior Tribunal de Justicia. La designación del funcionario provincial fue cuestionada tanto desde sectores de la política como de los derechos humanos.
Por su parte, la dirigente social recordó que, tanto ella como ocho compañeros suyos, permanecen detenidos sin condena firme, ahora en prisión domiciliaria. "La Constitución de Jujuy es clarita: no puede estar nadie preso sin una sentencia firme. En nuestro caso, por ejemplo, ya hubo hasta tres extensiones de prisión preventiva", aclaró Sala y añadió: "No podemos seguir viviendo así".
Este sábado se cumplen cinco años desde que la líder política y social Milagro Sala fue detenida por participar de un acampe de protesta frente a la casa de gobierno de Jujuy. Desde entonces se ha ido desarrollando una descarnada avanzada judicial en su contra que ya arrastra un total de seis juicios y dos condenas (ninguna firme). La primera, de 2017, fue por un "huevazo" en contra de Morales cuando este era senador de Jujuy en 2009. Aunque se probó que ella no había participado, a Milagro la acusaron de ser la instigadora del escrache y la condenaron a tres años de prisión. La segunda condena fue el año pasado, donde la sentenciaron a 13 años de prisión por asociación ilícita, extorsión y defraudación al Estado en una causa conocida como "Pibes Villeros", que investigó supuestos desvíos de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas.
Por su parte, organizaciones sociales, políticas, gremiales y derechos humanos se movilizarán el próximo sábado hasta la sede del Palacio de Tribunales para reclamar a la Corte Suprema de Justicia por la "libertad" de la referente nacional de la Tupac Amaru.
Consultada por si existió alguna iniciativa del gobierno nacional para regularizar la situación de la dirigente social, Sala comentó que tanto ella como sus ocho compañeros detenidos le pidieron al Ejecutivo Nacional "que tome los recaudos suficientes para ver como se puede solucionar nuestra situación". "Considero que el Gobierno Nacional, antes de seguir trabajando o haciendo acuerdos políticos, que comience a hacer acuerdos para ver cómo nos liberan y comienzan a respetar las leyes y la constitución", completó Sala.
