El gobierno provincial, instituciones académicas y organizaciones sociales firmaron el convenio Uniendo saberes contra el hambre, mediante el cual se investigará sobre el acceso a la alimentación en las comunidades indígenas y criollas más vulneradas de la provincia de Salta. De acuerdo a los resultados, el Estado provincial elaborará estrategias para promover la calidad nutricional. 

"La población beneficiaria es la de comunidades indígenas y criollas en situaciones de gran vulnerabilidad en toda la provincia de Salta", sostuvo la ministra de Desarrollo Social, Verónica Figueroa. De esta manera, se busca atender no sólo a las poblaciones que se encuentran en emergencia en el Chaco salteño, sino expandirse a las demás regiones de la provincia. 

Según Figueroa, esto se debe a la necesidad de "atender a la diversidad" que tiene Salta. En 2020, desde la cartera que dirige realizaron un trabajo junto a 20 municipios mediante el que se constataron "situaciones en donde nosotros podíamos llegar a tener injerencia para mejorar una política pública en relación a la alimentación". 

Con ese diagnóstico se llegó al acuerdo que habilita que se genere un marco de colaboración entre el sector público, las organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas. Para eso, el convenio establece ejes de trabajo. Primero, la formación e investigación en lo referente al fortalecimiento institucional; por otro, las intervenciones de redes de articulación, a las que se suman la implementación y asistencia por parte del Estado.

La propuesta, que nació desde Desarrollo Social, fue presentada en la Mesa Argentina contra el Hambre, que se conformó a comienzos de la gestión de Alberto Fernández, con la intención de atender la emergencia socio sanitaria que se profundizó durante el macrismo. 

Se informó que el proyecto de investigación se desarrollará durante todo 2021, mientras que en paralelo se continuará con la asistencia y educación también acordados en el convenio. Para tener un mayor despliegue y alcance, se trabajará en mesas regionales.

Figueroa estipula que los resultados de las investigaciones "llevarán a tener una propuesta específica para el 2022 y para el resto de los años" que integrará estrategias adecuadas para dar cumplimiento al acceso del alimento, la calidad nutricional y la producción en las zonas más desprotegidas históricamente por el Estado. 

La ministra sostuvo que el objetivo final es "evaluar realmente cómo es hoy la calidad alimentaria, el acceso al alimento y qué producción de alimentos tenemos" en el territorio. Aseguró que entendieron la gran diversidad, geográficas, étnicas y culturales, en cada una de las regiones y con ella, la posibilidad de aprovechar cada uno de los recursos presentes de una manera más eficiente. 

El convenio fue firmado por Figueroa; el ministro de Salud Pública, Juan José Esteban; el ministro de Educación, Matías Cánepa. También participó la Asociación Civil Saberes, a través de su presidente Eduardo Luther; el rector de la Universidad Nacional de Salta, Víctor Claros, y en representación del Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas (Cemic) “Norberto Quirno”, estuvo de manera virtual Sergio Solmesky, quien refrendará el convenio en los próximos días.

No más muertes

Luther manifestó que se sumaron a la iniciativa de Desarrollo Social por la preocupante situación de la desnutrición en la zona y las muertes de niños y niñas a causa de ella. Por eso destacó que una de las tareas definidas sea la elaboración de huertas en las escuelas. Afirmó que esta acción, permitiría "completar los bolsones alimenticios que en estos momentos se están dando, pero a veces no alcanzan para una correcta alimentación de la gente". 

Luther valoró que se haga un monitoreo de la nutrición en el Chaco salteño "para ver cómo se puede ir mejorando y si es posible, que haya menos niños que se mueran por desnutrición". El 16 de diciembre pasado se conoció la muerte de una nena wichí de casi dos años, por desnutrición en Tartagal. Y anteriormente se había informado el fallecimiento de un bebé de 11 meses, indocumentado, también de una comunidad wichí, a raíz de una deshidratación grave. 

El fiscal penal de Tartagal, Pablo Cabot, tiene plazo hasta el 23 de enero para recabar  toda la información y pruebas de los casos de niños y niñas fallecidos en el Chaco salteño desde inicios de 2020. Esto se da en el marco de la investigación que el fiscal inició en actuaciones caratuladas como “Averiguación de causa de muerte”, tras conocerse los decesos de niños y niñas en el norte de la provincia a raíz de causas vinculadas al bajo peso.

Luther reiteró en la firma del convenio que se trata de un trabajo a largo plazo. En ese sentido dijo que al ser un trabajo de investigación y que como asociación ya están en el territorio, mantienen la ventaja de la confianza con las comunidades. "En todos los trabajos es muy importante tener la confianza de los locales", expresó.

La asociación Saberes está en el Chaco salteño, ahora más específicamente en la localidad de Embarcación, del departamento General San Martín. Cuenta con el antecedente de haber articulado con el Ministerio de Educación para trabajar en educación sexual integral, y con el Ministerio de Salud Pública, para ver las cuestiones vinculadas a la salud de las mujeres indígenas.