La agrupación Apemia y la Asociación 18J se reunieron el martes con el ministro de Justicia Germán Garavano para expresarle su disconformidad y rechazo a la ofensiva que el gobierno encaró en relación al tema AMIA. Aunque el funcionario prometió modificar el reciente decreto que puso la desclasificación de los archivos secretos en manos del Poder Ejecutivo, se trató de un encuentro “áspero”, tal como lo definió Laura Ginsberg ante Páginai12. “Estamos muy enojados, entendemos que en muy pocos días el gobierno hizo una ofensiva muy brutal, en la cual el decreto es la cereza del postre, cuando le pedimos la reunión todavía no había sido publicado el decreto y salió el día del paro el anuncio”, dijo la dirigente de Apemia (Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA).
Durante la reunión, los representantes de las dos agrupaciones, que nuclean a familiares y amigos de víctimas del atentado, le explicaron a Garavano que la ofensiva a la que aluden se verifica en varios aspectos. En primer lugar mencionaron “la presentación gubernamental de un proyecto de ley de juicio en ausencia en el Senado, cuyo único objeto es cerrar definitivamente la posibilidad de investigar las responsabilidades criminales y encubridoras del Estado argentino, y bloquear un debate serio para crear una Comisión Investigadora con personalidades independientes y familiares de las víctimas, poniendo a su disposición todos los archivos del atentado a la AMIA que el Estado dice ‘desclasificar’ pero sigue ocultando”.
Luego hablaron sobre “la posición adoptada por el Ministerio de Justicia, alineada con las defensas de (el ex juez Juan José) Galeano, (el ex jefe de la SIDE Hugo) Anzorreguy y (el ex titular de la DAIA Rubén) Beraja en el juicio oral por encubrimiento, para evitar la declaración del testigo que hizo la denuncia hace 17 años y que dio lugar a ese juicio”. La posición oficial se hizo pública durante las audiencias del juicio y, tal como reveló Páginai12 motivó la renuncia del equipo de abogados que representaba al Estado.
En tercer lugar, cuestionaron la sanción del decreto 229/2017, cuyo espíritu y disposiciones, dijeron, “están puestas al servicio de la re-apropiación por parte de la AFI y la Secretaría AMIA del Ministerio de Justicia dirigida por (Mario) Cimadevilla (ambas dependencias del Poder Ejecutivo) de los archivos secretos”, lo que vaciaría a la fiscalía de sus obligaciones y desplazaría al grupo de trabajo de relevamiento documental (GERAD), de la Procuración, de sus tareas. En este punto Ginsberg fue muy precisa. “Con este decreto, el gobierno volvió a poner los archivos secretos en manos de la ex SIDE, organismo que formalmente integra la Unidad AMIA (ahora con rango de Secretaría) del Ministerio de Justicia desde su creación en el año 2000. Es un retroceso enorme porque el equipo de la fiscalía (GERARD) está trabajando seriamente, es gente con experiencia en el Archivo Provincial de la Memoria”, dijo la dirigente. “No es casualidad que justo ahora tomen esta iniciativa, cuando en el juicio por el encubrimiento está declarando (Claudio) Lifschitz, quien inicio esa causa hace 17 años con su denuncia, y dijo que la SIDE cometió y encubrió el atentado. Ahora dicen que ‘abren’ los archivos, cuando en realidad apunta a un manejo discrecional de la información por parte del Ejecutivo”, agregó. Sobre todos estos puntos, también fue crítica Memoria Activa, otra agrupación de familiares de víctimas del atentado a la AMIA, que incluso se presentó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por este tema.
Apemia y 18J consideraron que “estas medidas fueron tomadas a espaldas y abiertamente en contra de los reclamos de Verdad y Justicia de las agrupaciones de familiares de víctimas del ataque, y están articuladas al servicio de satisfacer las demandas de la Embajada de Israel y sus grupos de presión locales, entre otros la DAIA”. Por esta razón, exigieron “la renuncia del secretario Cimadevilla y la urgente intervención ministerial para evitar que la AFI y la Secretaría AMIA de su ministerio cumplan con las amenazas de impedir el trabajo de los Fiscales y el equipo de profesionales del GERAD, basados en el decreto presidencial”. Según ambas agrupaciones, Garavano “comprometió su intervención personal para modificar los términos del Decreto 229/17, aumentar el número de integrantes del grupo de relevamiento bajo la dirección de los fiscales, retomar el debate del proyecto de ley para crear una Comisión Investigadora Independiente”.
