“Al no convocar a la paritaria nacional lo primero que se pone en cuestión es el acceso a una educación de calidad para todos los chicos del país”, advierte Daniel Filmus, ex ministro de Educación durante la presidencia de Néstor Kirchner. “Se desiguala perjudicando a las provincias más pobres o con crisis financieras”, destaca el investigador del Conicet y actual diputado del Parlasur, que advierte como objetivo central de la Alianza Cambiemos la desarticulación del sistema educativo nacional.
–¿Por qué el Gobierno se niega a convocar a la paritaria nacional? Argumentan que es porque los sueldos los paga cada jurisdicción.
–Ante todo hay un error en decir que la paritaria nacional la pacta sólo el gobierno nacional. La Ley de Financiamiento Educativo, que se acordó casi por unanimidad, inclusive con el voto de Esteban Bullrich, establece que el ministerio negocia “juntamente con el Consejo Federal de Cultura y Educación”. Las 24 jurisdicciones participan. ¿Por qué fue casi unánime? Porque en los ‘90 se habían transferido escuelas y hospitales, sin recursos, a las provincias. Se había desarticulado el sistema educativo nacional, se empezaron a desigualar salarios, por lo cual muchos docentes abandonaban sus cargos para ir a provincias con salarios mayores. El segundo día de mandato de Kirchner, el 27 de mayo de 2003, fuimos a una provincia radical (Entre Ríos), gobernador (Sergio) Montiel, con plata para solucionar el conflicto. Había siete provincias que no pagaban salarios y la Nación fue a ayudar sin preguntar de qué bandería política eran. ¿Por qué? Porque el derecho a la educación está garantizado por la Constitución Nacional, no se puede conculcar porque una provincia no pueda pagar. Por eso la primera ley del gobierno de Kirchner sobre educación estableció que si una provincia no puede pagar los salarios docentes le puede pedir al Ejecutivo el financiamiento necesario. El problema de fondo actual es un problema de derecho y conceptual respecto si los chicos tienen diferentes derechos según nazcan en provincias pobres o ricas.
–Tema que no aparece en la agenda.
–Si no hay un mínimo garantizado puede que en algunas provincias no se permita acceder a una educación de calidad. La Ley de Financiamiento Educativo hizo que el Estado nacional pasara de aportar el 24 al 40% de los recursos y las provincias bajaran del 76 al 60. La ley creó un Fondo de Compensación Salarial Docente para las provincias que no llegan a cubrir ese mínimo, a las que la Nación debe ayudar. Al no convocar a la paritaria lo primero que se pone en cuestión es el acceso a una educación de calidad para todos los chicos del país, garantizando un salario digno. Se desiguala perjudicando a las provincias más pobres o con crisis financieras.
–¿El objetivo es no recurrir al fondo de compensación?
–Ese y desarticular el sistema educativo nacional cargando la responsabilidad sólo en las provincias. Cuando se tomó el ministerio a fin de año fue por la desarticulación de los planes nacionales. Si logran ese objetivo se vuelve a los ‘90, con primarias de seis, siete o nueve años según cada provincia. Venimos de una década en que el Estado recobró su capacidad de ayudar: pasamos de una relación salarial de 1/7 a 1/1,8. Ahora el objetivo es ahorrarse ese fondo, por eso fueron desarticulados casi todos los planes nacionales. El riesgo es volver a un sistema muy desigual, que el propio Bullrich criticó al votar aquella ley. “No puede ser que provincias como Buenos Aires gasten 400 o 500 pesos por año por alumno y otras como Santa Cruz o Tierra del Fuego gasten cerca de 2000”, argumentó. Hoy las propias pruebas del Ministerio muestran mucha desigualdad entre provincias ricas y pobres, que lo más probable es que se profundicen.
–La gobernadora Vidal propone aumentar sueldos a cambio de bajar el ausentismo. ¿Fue un problema durante su gestión?
–Cuando me tocó ser ministro en Ciudad, que sería equiparable, bajamos el ausentismo. Es responsabilidad de las autoridades aumentar el control y evitar que los docentes utilicen argumentos estatutarios para faltar sin justificación real. Pero eso lo tienen que hacer de cualquier manera, no se puede hacer responsables a los gremios. En la Ciudad reducimos el ausentismo a los mismos niveles que cualquier empresa privada.
–Sonia Alesso advierte sobre la sintonía de Cambiemos con la tendencia mundial a mercantilizar la educación. ¿Comparte esa visión?
–Sí, el gobierno de Macri ha dicho que quiere ingresar en acuerdos de la OMC que está atrás del proyecto PISA para liberar el comercio internacional de servicios incluyendo la educación. El ministro habló en Davos de la formación docente internacional como si no se transmitiera cultura, como si fuera igual formar docentes de China, Estados Unidos o Argentina. Ese acuerdo dice que un Estado tiene que darle al inversor extranjero los mismos beneficios que a uno nacional. En el caso argentino es muy peligroso porque el gobierno contribuye con subsidios a la educación privada, con lo cual cualquiera que viniera de afuera tendría los mismos derechos que tienen por ejemplo organizaciones de la iglesia católica o judía. Previendo esto es que en la Ley de Educación Nacional se estableció que el Estado nacional no suscribirá tratados bilaterales o multilaterales de libre comercio que impliquen concebir la educación como un servicio lucrativo o alienten cualquier forma de mercantilización de la educación pública.
–Estuvo en la instalación de la “escuela itinerante”. ¿Qué clima percibe entre los docentes?
–Veo mucha indignación, yo mismo como docente, por la actitud del gobierno de restarnos autoridad frente a la comunidad, por ejemplo dando a conocer los resultados de la prueba Aprender 2016 el día de la concentración para decir “la escuela pública no enseña nada”. Más allá del tema gremial, eso lesiona la autoridad del docente al frente del aula. El problema de fondo es que el gobierno está viendo al docente como parte del problema y no de las soluciones a los problemas educativos. Y ninguna reforma educativa tiene éxito si no es de la mano de los docentes como protagonistas.
