El mismo día en que el Gobierno nacional formalizó la promulgación de la legalización del aborto a través del Boletín Oficial, el diputado de Juntos por el Cambio por San Juan, Marcelo Orrego, presentó un proyecto para derogar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).
Después de una jornada histórica, cuando este jueves el presidente Alberto Fernández, junto a la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, promulgó el proyecto que se aprobó el 30 de diciembre en la Cámara de Senadores, el legislador consideró a la iniciativa como "inconstitucional".
"Presenté un proyecto para derogar la ley IVE. Lo hice para proteger el derecho a la vida de todos los niños; y también señalando la inconstitucionalidad del proyecto que promulgó el presidente de la Nación", informó Orrego a través de su cuenta de Twitter.
La iniciativa cuenta con un solo artículo que deroga la Ley 27.610, que permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta las catorce semanas de gestación y garantiza la cobertura de la práctica y sus tratamientos posteriores desde el sistema público de salud, las obras sociales y entidades de medicina prepaga, en un plazo máximo de diez (10) días corridos desde su requerimiento.
La legalización del aborto implica que ninguna mujer y persona gestante muera por acceder a un procedimiento inseguro. En Argentina, desde la recuperación democrática, más de 3000 mujeres murieron como consecuencia de complicaciones por prácticas de interrupción de embarazo clandestinas.
Por otro lado, un informe realizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) da cuenta que en las provincias de Santa Fe, Río Negro, Chaco, Chubut, Córdoba, Neuquén, Formosa, Catamarca, Corrientes, Tucumán, Mendoza, Salta, Buenos Aires, Jujuy, San Luis y La Pampa existen 1532 causas por aborto y 37 por eventos obstétricos.
La mayoría de las mujeres criminalizadas pertenece a sectores sociales vulnerables: no tiene trabajo remunerado, tiene un bajo nivel de instrucción formal y vive en condiciones habitacionales precarias. Son menores de 30 años y muchas tienen une o más hijes. Por el principio de aplicabilidad de la ley penal más benigna, esas denuncias o causas por prácticas de abortos hasta la semana 14 ya no tendrán vigencia.
En este escenario, Orrego envió esta iniciativa que atenta contra la vida y los derechos de las mujeres y personas gestantes. "Creo profundamente en que hay que trabajar para evitar embarazos no deseados, pero de ningún modo el aborto es el camino", expresó en su cuenta de Twitter, en la que solicitó a sus seguidores que lo acompañen y viralicen su propuesta si desean que "avance" el proyecto.
Además, el diputado de Juntos por el Cambio sostuvo que "se debe amparar y proteger el básico y esencial derecho de todos los niños, que es el ejercicio de su derecho a la vida, cuestión que se verá avasallada, no sólo por la simple y lisa voluntad de la persona gestante, sino porque también dicho cometido va a tener acción pública en su concreción, lo que no debe ser permitido".
En su propuesta, el legislador aludió a la "Convención Americana sobre Derechos Humanos", conocida como "Pacto de San José de Costa Rica", que en su Artículo 4° establece que: "Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente".
