Pese al rebrote de los contagios de coronavirus que se viene registrando en las últimas semanas, con el epicentro justamente en la zona metropolitana de Buenos Aires, el gobierno porteño les reiteró a los sindicatos docentes que las clases comenzarán en CABA el próximo 17 de febrero y les planteó que “la presencialidad es una prioridad absoluta”. Los gremios de maestros reiteraron sus críticas a lo que consideran un regreso apurado a las aulas, en el marco de "una situación sanitaria muy crítica" por el aumento de casos de covid-19. "No están dadas las condiciones para iniciar las clases presenciales el 17 de febrero", sostuvo la secretaria general de UTE-Ctera, Angélica Graciano, en diálogo con PáginaI12. Los docentes propusieron que se instrumente un semáforo epidemiológico para consensuar estrategias claras para la circulación en las escuelas. Y la Ctera recordó que "son los gobiernos los que deben garantizar condiciones sanitarias, vacunación y cuidado de la salud" de la comunidad educativa.
Los partidos nucleados en Juntos por el Cambio vienen intentando instalar el debate sobre el regreso de las clases presenciales como una cuestión política que enfrenta al oficialismo y la oposición. En ese marco se inscriben tanto la postura del gobierno que encabeza Horacio Rodríguez Larreta de adelantar el inicio el ciclo lectivo sin tener en cuenta las condiciones sanitarias, como la carta que dio a conocer esta semana el expresidente Mauricio Macri para reclamar la apertura de las escuelas. El gobierno nacional, a través del ministro de Educación, Nicolás Trotta, sostiene que el objetivo es que la presencialidad sea el principio ordenador del sistema educativo este año, ratificando que las clases van a empezar en todo el país, pero sin desatender la situación epidemiológica de cada distrito. Por su lado, los gremios docentes insisten en advertir que el retorno de la presencialidad no puede implicar riesgos para la salud de los maestros y los alumnos.
Las posturas se volvieron a plantear en el encuentro que este viernes mantuvieron representantes del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y de los 17 sindicatos docentes del distrito. En realidad, fueron dos reuniones distintas --una a la mañana y otra por la tarde--, porque el gobierno porteño argumentó "cuestiones sanitarias" para separar a los sindicatos. La convocatoria fue presentada por la cartera que encabeza Soledad Acuña como parte de "un proceso participativo" para tratar los detalles y la modalidad del inicio de las clases, un proceso que --indicaron-- ya incluyó reuniones "con especialistas y distintas ONG".
Pero la decisión ya estaba tomada. En el inicio de ambas reuniones, la administración porteña representada por el subsecretario de Carrera Docente del ministerio, Manuel Vidal, les comunicó a los referentes de los gremios UDA, UTE, Camyp, Adef, Sedeba, Amet, Adia, Suetra, Sadop, Ademys y Sutecba, entre otros, que "la Ciudad considera que la presencialidad es fundamental y no hay más margen de tiempo que los chicos y las chicas puedan perder". Más tarde, desde el gobierno porteño sostuvieron que "se está realizando un trabajo conjunto con el Ministerio de Salud porteño para avanzar en la vuelta a clases con protocolos seguros y todas las medidas de higiene y seguridad".
Los maestros les presentaron a los funcionarios una nota con sus planteos. "En la nota hacemos hincapié en que el aumento de contagios en la Ciudad y la falta de infraestructura que garantice los cuidados sanitarios en los edificios escolares hacen que no estén dadas las condiciones para iniciar las clases presenciales el 17 de febrero", explicó Angélica Graciano, titular de UTE-Ctera. "Los edificios escolares están en las mismas condiciones que el 16 de marzo de 2020. Durante el último año, Larreta no invirtió ni en poner a punto la infraestructura escolar, ni en construir espacios para una presencialidad cuidada, ni en garantizar conectividad en todos los hogares", detalló Graciano.
En ese sentido, desde UTE proponen establecer un semáforo epidemiológico para evaluar el regreso a clases presenciales, según la cantidad de casos positivos de coronavirus por cada 100 mil habitantes. La dirigente gremial explicó que "este índice consensuado puede permitir la implementación de estrategias responsables que tiendan al cuidado de la salud de la comunidad educativa, con pautas certeras y claras para la circulación de los docentes y estudiantes”. Sobre la vacunación de los docentes, Graciano señaló que "la Ciudad no habilitó aún el registro y tampoco hay ningún tipo de fecha. Exigimos la implementación inmediata de un esquema de vacunación para el personal docente y no docente y la creación de los cargos que sean necesarios para sostener los probables esquemas mixtos”, precisó.
La secretaria general de Ademys, Mariana Scayola, consideró que la decisión del gobierno porteño de abrir las escuelas en el mes de febrero "es un planteo contradictorio y negacionista". "Larreta confirma que hay un rebrote de casos de coronavirus en la Ciudad y alerta sobre esta situación y aún así quieren abrir las escuelas. Es la negación de la pandemia", señaló Scayola a este diario. "Este plan de gobierno en este momento sanitario es impracticable", añadió la titular de Ademys. Luego, puntualizó que otro de los reclamos a tener en cuenta es el salarial.
Para remarcar la postura de los maestros, la Confederación de los Trabajadores de la Educación (Ctera) difundió una declaración donde afirmó que "son los gobiernos los que deben garantizar condiciones sanitarias, vacunación y cuidado de la salud de estudiantes, alumnxs y todxs lxs que interactúan en la escuela". En un texto firmado por sus titulares, Sonia Alesso y Roberto Baradel, la Ctera señaló que "el PRO, que descuidó la educación, maltrata a las y los docentes, descree de la vacunación y el cuidado, alienta políticas que están en contra de la salud y la educación pública".
