La fiscala penal Ana Inés Salinas Odorisio requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 1 de la ciudad de Salta para una adolescente imputada como autora del delito de homicidio calificado en perjuicio de la docente Rosa del Milagro Sulca. También lo solicitó para otras ocho personas, un amigo de la chica y siete operadores del Servicio de Emergencias 911, que falló al no responder al pedido de ayuda de la víctima.
Sulca fue asesinada a cuchillazos la madrugada del 28 de abril, en su casa de Villa Mitre. Según la descripción del hecho que hizo la Fiscalía, la adolescente entró a la vivienda con el objetivo de robarle, algo que ya había hecho en otras oportunidades. La agresora vivía con su familia a pocas cuadras de la casa de la víctima.
Salinas Odorisio también pidió que sea juzgado un joven que apareció en escena en las afueras de la casa de Sulca, cuando ya se había cometido el crimen. Se trata de Martín Oscar Laime, apodado "Loro"; en su caso está acusado por el delito de encubrimiento agravado, porque se reunió con la chica en las inmediaciones, y a pesar de que la vio con su ropa ensangrentada y lesionada, no denunció este hecho y hasta le prestó un abrigo. La adolescente y Laime estuvieron juntos hasta el día siguiente y en la causa se reunieron registros fílmicos y testimonios que los ubican a ambos en la vereda de la casa de la víctima horas más tarde.
Fallas en la respuesta
Los otros acusados para los que la Fiscalía pidió juicio oral son operadores del Sistema de Emergencias 911 que estaban de guardia la madrugada del crimen y a quienes se les atribuyen fallas al momento de responder al llamado de auxilio de la docente, que alcanzó a informar que la estaban matando. Dos policías de la Comisaría 4º, fueron hasta su casa, pero como no respondía, se fueron, sin verificar el estado en que se encontraba. El cuerpo de Sulca fue encontrado al atardecer de ese día por la acción de una vecina, que se extrañó al no verla en los quehaceres diarios.
Sobre los supervisores de Demanda Ciudadana del 911, Marcelo Tintilay Cordeyro y Gabriela Moyano, la fiscala sostuvo que deben ser juzgados como autores de incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque "incumplieron un acto propio de su cargo, esto es llevar adelante la 'supervisión' de las llamadas que ingresan al SE 911 y en su caso, disponer las medidas necesarias para verificar que dicho incidente sea catalogado correctamente y que se asignen los recursos necesarios para asistir en la emergencia".
Ya en cuanto a los operadores de turno en el Centro de Coordinación Operativa, el despachante policial Héctor Roberto Herrera, el jefe de Despacho de Emergencias Policiales Gustavo González, el supervisor de Despacho Domingo Normando Corbera y los efectivos policiales Antonio Ezequiel Sanhueso y Juan Carlos Vizgarra, la fiscala también les requirió juicio por incumplimiento de los deberes de funcionario público porque consideró que no realizaron la tarea que se les había asignado y con ello contribuyeron a que se concretara la muerte de Rosa Sulca. Sanhueso y Vizgarra son los policías que fueron a la casa de la docente y se fueron al no recibir respuestas a sus llamados golpeando las manos.
Pedidos de sobreseimiento
Lo novedoso del requerimiento de juicio es que la fiscala pidió el sobreseimiento del joven Pablo Exquiel Verón, quien al comienzo de esta investigación estaba sospechado de haber sido el autor material del femicidio. El Ministerio Público Fiscal de Salta informó que al avanzar la pesquisa, y particularmente cuando se hizo la reconstrucción de la agresión, "no se advierte indicio probatorio alguno que permita aseverar que el acusado haya participado en la comisión del hecho investigado".
Salinas Odorisio también solicitó el sobreseimiento de los policías operarios de Demanda Ciudadana Pablo Ezequiel Bisón Enriquez y Héctor Fabián Tolaba, que hasta ahora venían imputados por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte. "De las tareas investigativas, surge que ambos actuaron de acuerdo al protocolo de trabajo vigente", afirmó el Ministerio Público Fiscal.
