Organizaciones de derechos humanos de Jujuy repudiaron este sábado el "desmedido y desproporcionado operativo policial" desplegado en la provincia con motivo del quinto aniversario de la detención de la jefa de la agrupación Tupac Amaru, Milagro Sala.

"Este operativo es una muestra más del proceso de represión, criminalización y judicialización de la protesta social que venimos denunciando desde diciembre del 2015", subrayaron los firmantes del comunicado.

Agregaron también que "tanto la Constitución Nacional como la de la provincia de Jujuy garantizan el derecho a la protesta social y a disentir y a expresarse públicamente en contra de cualquier medida que pudiere tomar un gobierno, es más, estos derechos constituyen la base de nuestra democracia".

Del mismo modo, los organismos responsabilizan al gobierno de Gerardo Morales de "cualquier situación represiva o de violencia que pudiera suscitarse en el marco de la protesta".

"Asimismo, informamos que hemos presentado un Habeas Corpus Preventivo con el objetivo de garantizar el legítimo ejercicio del derecho de la protesta social", alertó el texto.

El viernes, en un comunicado conjunto el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional y Abogados y abogadas del Noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) advirtieron sobre Sala que "la persecución continúa hasta hoy".

"Resulta inadmisible que el ejercicio de la libertad de expresión en Argentina sea materia de persecución penal", consideraron y señalaron que la detención preventiva de la líder social "resulta violatoria de las garantías del debido proceso y presunción de inocencia".

Las expresiones de solidaridad con Sala contarán este sábado con movilizaciones en la provincia y en la Ciudad de Buenos Aires, donde se realizará una marcha frente al Palacio de Tribunales con el propósito de protestar ante la Corte Suprema por la situación legal que atraviesa la dirigente.

Las actividades en reclamo de la líder de la organización Tupac Amaru comenzaron el miércoles con una carta abierta firmada por funcionarios, dirigentes políticos y referentes sociales, culturales y de derechos humanos.