En el quinto aniversario de la detención de la dirigente social Milagro Sala que se cumplió este sábado 16 de enero, distintos organismos de Derechos Humanos de Argentina manifestaron su "enorme preocupación por la persistencia de presas y presos políticos del macrismo, sometidos hasta hoy a detenciones arbitrarias e ilegales", entre ellos "ex funcionarios, referentes sociales y dirigentes políticos que claman por su inocencia y exigen justamente la revisión de sus causas".

Así lo expresaron en un comunicado las Abuelas de Plaza de Mayo, las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, los Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, H.I.J.O.S. Capital, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, la Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, la Fundación Memoria Histórica Social y Argentina, la APDH La Matanza, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz y Buena Memoria. 

Este sábado se cumplieron 5 años de la "ilícita prisión a la que aún está sometida Milagro Sala y otrxs militantes de la Tupac Amaru en la provincia de Jujuy", recordaron las organizaciones, en referencia a aquellos "perseguidxs y detenidxs por voluntad y decisión política del gobernador Gerardo Morales", quien "sometió" al Poder Judicial provincial "a sus designios, consolidando así un Estado de No Derecho".

"La persecución y la cárcel impuesta a Milagro y a lxs suyxs", denunciaron los firmantes, "fue consecuencia de su militancia y compromiso con lxs más humildes y vulnerables, por animarse a enfrentar a los poderosos y lograr el reconocimiento de derechos para su pueblo". 

En el comunicado, los organismos de derechos humanos también exigieron una respuesta a la Corte Suprema, quien debe pronunciarse sobre la causa conocida como "Pibes Villeros", un "un juicio escandaloso, absolutamente viciado y por lo tanto nulo". "El tiempo apremia --reclamaron--, veremos si deciden consolidar una infamia o finalmente serán capaces de hacer justicia".

La de Milagro Sala, advirtieron, no es la única "condena injusta" que llama la atención "en esta etapa democrática de recuperación y ampliación de derechos", sino que se encuentran en una situación similar "otros dirigentes y referentes políticos y sociales" cuyos procesos judiciales "revelan un entramado de complicidades cruzadas entre jueces, fiscales, servicios de inteligencia, medios hegemónicos y poderes fácticos", señalaron.

Entre ellos, los organismos destacan los casos del dirigente Luis Delia y del ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, "en los que, inescrupulosamente, la misma Corte Suprema ni siquiera se dignó abrir los recursos planteados por sus defensas y de ese modo sus injustas condenas quedaron firmes", puntualizaron.

"Es evidente que el poder judicial en la Argentina demanda urgente atención, debe ser reformado y democratizado. Mientras tanto, creemos que las injusticias señaladas aquí hay que repararlas perentoriamente, revisarlas y sanearlas, al igual que las causas y los responsables que las promovieron y ejecutaron", expresaron. En el caso puntual de Jujuy, exigieron que el "Senado avance con el trámite para lograr la intervención del poder judicial de esa Provincia, que obsecuente con el poder de turno y los poderes fácticos, ha validado, por acción u omisión, infinidad de arbitrariedades".

"Resulta por demás notorio que, a pesar del tiempo transcurrido, la guerra judicial desatada por Mauricio Macri y sus socios no ha cesado", alertaron. Y concluyeron: "Es una rémora que no acabará por autodepuración, que debe ser removida por el gobierno popular, porque condiciona la gobernabilidad y pone en serio riesgo la Democracia".