Publicada en el Boletín Oficial el 15 de enero, la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo habilita a cualquier mujer o persona gestante a concurrir al centro de salud -público o privado- y pedir la práctica en un plazo de diez días. Es un derecho. ¿Cómo se va a garantizar? En Rosario, entre enero y noviembre de 2020, se hicieron en el ámbito de la salud municipal 442 interrupciones legales del embarazo, de las cuales 130 se hicieron en centros de salud de atención primaria. Desde 2012, la ciudad no registra muertes por abortos clandestinos. “Nosotros tenemos una mesa, un equipo que trabaja las políticas de salud sexual y reproductiva, y tenemos una historia de trabajo sobre este tema. Lo que vamos a hacer es avanzar. Hasta ahora teníamos una interpretación amplia de la causal salud. La ley habilita y crea un marco de una intervención más general, que en la ciudad y los propios equipos incorpora la modificación con respecto a las causales. El resto lo venimos trabajando, con el abordaje del problema como un tema más de salud”, adelantó el secretario de Salud Pública municipal Leonardo Caruana, quien dijo que la ciudad ya proporciona abortos por AMEU (Aspiración Manual Endouterina) y también cuenta con misoprostol, la droga utilizada para interrumpir embarazos. Además “el equipo se compromete con las consejerías posaborto, que están funcionando en el municipio”.

El funcionario municipal afirmó que deberán “modificar las cuestiones comunicacionales, tanto con cartelería o los medios de difusión”, pero también subrayó que “los equipos en salud tienen muy asumido recepcionar estas demandas. Sobre la respuesta de la salud privada, que deberá garantizar la práctica ya que está contemplada en el Programa Médico Obligatorio, confió en que “todos los subsistemas” cumplan con la ley.

Caruana consideró que “la ley era totalmente necesaria, pero no alcanza si no se siguen monitoreando los servicios de salud. Es necesario seguir gestionando, monitoreando que estén los insumos, los equipos, en todos los lugares”. Por eso subrayó que “la ley es un hito, es un punto de llegada de una construcción social”, aunque consideró necesario “seguir trabajando juntos para que siempre se garantice” la IVE.

En ese sentido, Caruana destacó “lo que significan los colectivos sociales y la relación con el Estado para transformarlo. La ley es un ejemplo más de esa agenda de cambios” que propone la sociedad civil.

Justamente, desde la sociedad civil así lo consideran las feministas que vienen acompañando a mujeres y personas gestantes que desean abortar. “Tal vez nosotras lo que suponemos es que todo el país se va a parecer un poco más a la situación rosarina, sería deseable que suceda en todo el país. Pasa que en la ciudad, la ILE funciona relativamente bien hace bastante tiempo y aún así para algunas personas es difícil acceder. Ni pensar en Corrientes o Mendoza, que son lugares súper hostiles para las personas que quieren abortar y para los médicos que puedan garantizar esas prácticas. Esperamos que al menos se iguale la situación en el resto del país”, plantea Laura Clementi, integrante de Las Fugas, la colectiva de Rosario que forma parte de la red de Socorristas.

Su compañera socorrista Stefanía Flores agrega: “Que se haya aprobado y promulgado la IVE es el nuevo escalón con el cual vamos a conformar esta lucha. Que haya una ley no implica que eso se garantice per se. Va a ser un punto de inicio y ahora tal vez el trabajo sea estar vigilando que esto se cumpla, que el acceso sea real para las personas”.

Desde esa organización consideran que “con ley o sin ley, puertas adentro del consultorio es innegable que le médique o le profesional de la salud tiene un poder y una autoridad en ese espacio. Por más que haya una ley, se haya aprobado, se haya promulgado, no significa que la relación paciente médique funcione sin problemas. Nuestro activismo como socorristas no pasa por que haya una ley, sino con todo el acompañamiento que hacemos, no sólo con brindar la información. También consideramos que en el país estructuralmente hay un imaginario respecto al aborto que es estigmatizante”.

Desde el activismo, las Socorristas plantean: “No nos parece que sea exclusivo de los médicos. Creemos que es una práctica cultural ancestral, ahora tenemos la tecnología y el avance científico para saber que hay una forma recomendada para hacerlo y todo. No tiene que estar en el sistema médico”. Por lo mismo, postulan el “aborto feminista”, para que cada persona se lo pueda gestionar “y que no esté sola”. Para ellas, “la información completa y el acompañamiento hacen que el aborto sea seguro”. En esa línea, Stefanía y Laura cuestionan que “sólo se difunda la cuestión traumática del aborto, cuando lo traumático es el estigma alrededor del aborto y el prejuicio”.

Para las Socorristas, “queda mucho por divulgar sobre abortos y los métodos para hacerlos, porque algunos profesionales todavía no se actualizaron. Hemos acompañado a personas con el tratamiento mal indicado. La ley es un inicio”.

En la intersección entre activismos y pertenencia –como trabajarxs- al sistema de salud, la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir plantea una agenda concreta, también a la espera de una pronta reglamentación. “Hacemos hincapié en que se pueda garantizar el acceso a todas las mujeres y personas gestantes, que se pueda definir cómo reglamentar la objeción de conciencia”, indicó Paula Botta, integrante de la red. Sobre el Registro, plantea que “en Santa Fe no tuvo mucho éxito el Registro Público de Objetores de Conciencia” y lanzó “una propuesta de algunos espacios para que haya algo contrario que sería publicitar quiénes son los profesionales que sí acompañan interrupciones. Ese es un punto clave”.

La otra urgencia es “el acceso a la terapéutica, es decir al misoprostol”. Esta droga considerada esencial por la Organización Mundial de la Salud hoy se vende en farmacias con dos marcas comerciales (una tiene uso específico y la otra es utilizada para úlceras gástricas y también contiene diclofenac), con precios que oscilan entre los 6.200 y más de 10.000 pesos. Además, el laboratorio farmacéutico de la provincia de Santa Fe, LIF, también produce, aunque aún no está autorizado a vender a otras provincias. Existe otra droga, no disponible en la Argentina, que se llama mifepristona y que combinada con misoprostol tiene una eficacia de entre 98 y 99 por ciento para hacer abortos. “El ANMAT tiene que aprobar la mifepristona, ya no hay más excusas”, plantea Botta y también pide que se garantice “la aplicación de la técnica de aspiración manual endouterina en todo el territorio de la Argentina”. Sobre la disparidad geográfica, recordó que en algunas provincias del país –como Mendoza y San Juan– no está autorizada siquiera la venta de misoprostol en farmacias. “Sigue siendo muy heterogéneo en el país”, afirma.

Botta plantea otros dos puntos. Uno es la difusión del derecho, a través de folletería, en todos los centros de salud y hospitales. Considera imperioso que “las mujeres y las personas gestantes consulten tempranamente en los servicios de salud. Por lo tanto, el tema de la folletería es algo importante”.

Desde su práctica como integrante de la Red, Botta plantea que “cuando se da la consulta de un Evatest positivo se tiene que dar la posibilidad del derecho de continuar el embarazo con los controles como también el derecho a interrumpirlo hasta las 14 semanas a voluntad de la mujer”.

Desde la perspectiva de la profesional, “el cambio más importante en la práctica cotidiana es que los profesionales de la salud ya no tenemos que interrogar sobre la causa de la solicitud. Desde la gestión de los servicios de salud, venimos dando una discusión sobre cómo van a ser estas consultas, hay experiencias en otros países. La idea es que tampoco sea un trámite, que la persona llegue, se le de la medicación y se vaya, la idea es que pueda haber una atención que no se remita a lo médico o terapéutico, que sea integral, pero nunca tiene que ser un obstáculo la repregunta sobre por qué solicita la interrupción”.