El sábado último las 346 familias del asentamiento Parque La Vega desarmaron sus carpas y comenzaron a desalojar el predio. Una de las vecinas contó que hubo un acuerdo con el gobierno aunque no les ofrecieron la solución que pedían, la entrega de terrenos donde vivir. También el gobierno informó que el desalojo se logró mediante un acuerdo con las familias. 

La toma comenzó en mayo del año pasado. En ese momento, según cálculos de la Policía, eran unas 600 familias distribuidas en seis grupos de asentamientos, en baldíos que desde la ruta provincial 21 se extendían mil metros adentro, en el sur de la ciudad de Salta. De esas tomas, solo quedan los grupos en zona del barrio San Calixto, que serían dos. 

Celeste, una vecina, contó que el gobierno se comprometió a ayudar "con materiales a las personas que quieran construir en casa de familiares o donde estaban viviendo" antes de la toma. También asumió el compromiso de incorporarlas al Plan Mi Lote: "Se acordó que tampoco vamos a figurar como usurpadores", sostuvo la vecina. Indicó que esto es lo que "firmaron los delegados". "Al principio la gente no estaba muy de acuerdo pero se levantaron todos. La mayoría volvió con sus familiares. Algunas familias de madre con un hijo, fueron alojadas con las personas que vivían en el predio y que alquilaron", relató. 

El Plan de Urbanización Social y Regularización Dominial "Mi Lote", lanzado por el gobierno provincial el 1 de agosto último, prevé entregar entre 10 mil y 12 mil terrenos a familias de sectores populares que no cuentan con vivienda propia. El propio gobernador Gustavo Sáenz había afirmado que nadie que estuviera en una ocupación de tierras o asentamiento podría acceder a este programa. 

El desalojo "voluntario y pacífico" de la toma de Parque La Vega comenzó el sábado y siguió hasta ayer. Las familias se habían comprometido a dejar limpio el predio, por lo que desarmaron las precarias carpas que habitaban. La vecina que ofició de vocera también consideró que la situación más sacrificada ante las lluvias llevó a que la gente decidiera abandonar la toma y que el secretario de Tierras y Bienes, Esteban Carral, fue quien dialogó con los delegados el jueves.

Celeste reconoció que no sabe que ocurrirá con las mujeres que manifestaban haber recurrido al asentamiento porque convivían con parejas que ejercían violencia contra ellas o con las que padecían violencia intrafamiliar junto a sus niños y niñas. 

"Los asentados entendieron que el método para conseguir una solución habitacional no es el asentamiento o la fuerza. Se trabajó en un esquema de contención social y bajo ese esquema se fue descomprimiendo la situación y ahora estamos a la expectativa que este fin de semana se desocupe el terreno", dijo a El Tribuno el secretario de la Gobernación, Matías Posadas. Además, aseguró que brindarán ayuda alimentaria o asesoramiento jurídico para situaciones puntuales. 

Y qué pasa con Yuthiel 

Quien fuera delegado de la toma, Yuthiel Alderete, continúa detenido por causas vinculadas a su rol dentro del asentamiento, se le imputó "turbación de aguas" cuando intentó conectar un caño para los cientos de familias y tras haber intentado infructuosamente de que la conexión la hiciera la empresa proveedora del servicio, Aguas del Norte. 

También lo acusaron por coacción agravada, lesiones, amenazas, robo en poblado y en banda y por entorpecimiento al normal funcionamiento del transporte y comunicación, cuando cortó las calles con los otros vecinos. 

La Mesa de Derechos Humanos de Salta señaló que el operativo de detención estuvo "teñido de irregularidades" y, de hecho, distintas organizaciones se pronunciaron asociándola a una persecusión política judicial. Los abogados Adolfo Mariano Sánchez y Juan Carlos Rodríguez Alfesi, que asistieron en su momento a Alderete, denunciaron que el delegado les contó que en la Alcaidía lo llevaron encapuchado y lo sometieron a torturas sumergiendo su cabeza en un piletón tres veces mientras los efectivos le pedían nombres de otros delegados y delegadas de la toma. 

El informe preliminar del censo realizado por la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta encontró que “el hacinamiento previo en casa de familiares, la falta de ingresos suficientes para pagar un alquiler y la violencia de género o relaciones conflictivas previas” fueron las causas que impulsaron la ocupación del predio en Parque La Vega.

Ese relevamiento describe que las familias vivían en el asentamiento en carpas precarias de polietileno o en algunos casos, casillas de madera y plástico, en donde pueden encontrarse hasta  2 y 3  familias, sin provisión de agua potable ni energía eléctrica. Además detalla que utilizaban letrinas improvisadas, muchas de las cuales estaban colmatadas; vivían bajo condiciones ambientales que "no reúnen los requisitos mínimos de un espacio saludable"; en carpas/viviendas levantadas sobre un terreno irregular de tierra y ripio, y donde el servicio público de recolección de basura se negaba a retirar los desperdicios.

El estudio sostiene que la gente solo accede a empleos eventuales y no registrada, que es el 66% de la población adulta, y que un 21% busca trabajo sin conseguirlo. Los ingresos de las familias se estiman en $16.000 o menos por mes, por debajo de la línea de indigencia.

El 26 de agosto el asentamiento fue reprimido por la Policía y terminaron con heridas  mujeres, hombres, adolescentes, niños y niñas. "La represión y hostigamiento ejercidos por la fuerza policial, sumado a la discriminación social de los vecinos aledaños, y a la violencia general que afecta principalmente a mujeres y niños, agudiza la situación de vulneración de derechos”, afirmó el informe de la UNSa.