El caso del robo de 35 kilómetros de caños de 24 pulgas destinadas al malogrado Gasoducto del NEA valuados en aproximadamente 15 millones de dólares, no deja de ser noticia y periódicamente se desprenden nuevas tramas, complicidades o, en el mejor de los casos, datos que exhiben desidia del Estado para controlar. Esto es lo que denuncia la dirigencia de la Asociación de Trabajadores de la Administración Pública Provincial (ATAP) por parte de la Dirección General de Rentas de la Provincia (DGR).

El secretario general del gremio, Miguel Rojo, compartió documentos a este medio en donde se evidencia que el 28 de enero de 2020, 10 días antes que se realice la primera denuncia formal por el robo de caños, personal de la Dirección de Rentas provincial había realizado un decomiso de unos 15 caños que eran transportados en un camión desde la norteña localidad salteña de Campo Durán hasta Quilmes. El decomiso se hizo porque la carga no tenía documentación.

Sin embargo, tres días después, la carga continuó su camino rumbo a Buenos Aires sin siquiera haber pagado la multa correspondiente. Según el valor de cada caño valuado en 5.000 dólares, la multa ascendía al millón de pesos.

El mismo representante gremial, luego de pedir informe de lo actuado en dos ocasiones a las autoridades de Rentas, presentó la documentación al fiscal federal que lleva adelante la causa por el robo de los caños, Eduardo Villaba, el pasado 3 de diciembre, para que investigue el accionar del organismo de control provincial.

El primer pedido de Miguel Rojo fue en agosto al por entonces director de Rentas, Gustavo de Cecco. Mientras que el segundo lo realizó el 24 de noviembre a la nueva titular, Mercedes Uldry Fuentes. En ninguna de las dos ocasiones obtuvo respuestas.

El sindicalista contó que no sorprende el accionar de los funcionarios, ya que llevan presentados más de 16 pedidos de informe que el organismo ignora desconociendo su representación gremial.

ATAP denunció que la DGR “habría omitido ejercer sus obligaciones legales correspondientes al permitir que el robo se facilitara”, al no haber investigado más exhaustivamente la procedencia y el destino de esos 15 caños que habían sido decomisados en la localidad de Las Lajitas.

En el expediente 22-616.296/2020, realizado el 28 de enero del 2020, consta que se decomisó un cargamento de 15 caños que transportaba la empresa mendocina OSYP SA (cuyo dueño, Alejandro Alos, es uno de los principales apuntados por la justicia junto al ex intendente de Aguaray, Enrique Prado). El transporte desde Campo Durán a la localidad de Quilmes era para entregarlos a la firma Co-Marfil.

La carga permaneció dos días retenida en Las Lajitas, sin embargo, el 30 de enero, directivos de la DGR permitieron que el cargamento siguiera su marcha tras aceptar como único documento válido para su transporte la resolución 1215/19 emitida por el intendente imputado Enrique Prado el 23 de diciembre de 2019, en la que solicitaba a la empresa que extraiga todos los materiales “contaminantes” del municipio. Pero los caños eran de propiedad del Estado Nacional y por lo tanto, para movilizarlos, no era suficiente un documento municipal.

Otras de las irregularidades que se desprende de ese operativo, es que en un principio el transportista no contaba con los papeles que demostraran que la empresa OSYP SA, se encontraba inscripta como contribuyente de actividades económicas en Salta. Sin embargo, en su descargo, además de la resolución municipal, la firma mendocina presentó una supuesta inscripción en el registro provincial el 1 de enero del mismo año, es decir, solo 27 días antes, y en una jornada de feriado nacional.

Pero eso no es todo, ya que la dirección en donde supuestamente está radicada la empresa es inexistente o al menos entregaron datos incorrectos, ya que adujo estar asentada en la ciudad de Tartagal, en la calle “Barrio” al 350. Nada de eso al parecer levantó sospechas para los funcionarios de la DGR, que el 30 de enero emitieron una resolución permitiendo que el camión que transportaba los 15 caños siga su rumbo, sin siquiera tributar el valor correspondiente por la carga, que, según el representante gremial y por el precio de esos caños, rondaría el millón de pesos.

La denuncia

La primera denuncia sobre el robo de caños la realizó el 7 de febrero Sergio Fernando Figueroa, un inspector de la empresa Integración Energética Argentina. En ese momento, Figueroa indicó al personal de la Sección Aguaray de Gendarmería Nacional que dos camiones, como el decomisado por la DGR, transportaban unos 30 caños de acero de 24 pulgadas pertenecientes a la obra del Gasoducto del NOA.

“Uno de los conductores de estos rodados exhibió como documento que lo autorizaba al traslado de los caños, la resolución número 1215, del año 2019 de la Municipalidad de Aguaray”, dijo el fiscal Villalba en el momento de imputar al titular de la firma OSYP y al intendente Prado.