Cuando el sábado último las 346 familias que quedaban asentadas en Parque La Vega, en el sur de la ciudad de Salta, decidieron dejar la toma, se decía que se había llegado a un principio de acuerdo que incluía ayuda alimentaria y la compra de materiales para construir en terrenos de familiares.

Sin embargo, ayer en conferencia de prensa, el secretario de Tierra y Bienes del Estado, Esteban Carral, negó esas versiones e incluso aclaró que no fue un “acuerdo, sino más bien un entendimiento por parte de las familias de que el único mecanismo es acceder a través de la legalidad”.

En conversación con Salta/12 el funcionario reconoció que no todas las personas que dejaron el acampe tenían dónde ir, sin embargo, afirmó que el Ejecutivo no les ofreció en ningún caso relocalizarlas. Muchas de esas familias “no sabían a dónde ir porque antes alquilaban”, pero ante la falta de oportunidades laborales tuvieron que abandonar esas viviendas, afirmó Carral. 

El funcionario destacó incluso que en esas circunstancias “primó la solidaridad entre ellos, que hizo que muchos se agrupen en los patios de una madre o en lo de amigos”, una descripción que parece ajustarse a las razones que alentaron a muchas familias a participar de tomas y asentamientos, para escapar de hacinamientos. 

Carral fue taxativo al afirmar que “no se va a relocalizar a ninguna familia en ninguno de los casos cuando se trate de usurpadores, no hay forma de que este gobierno claudique ante una toma de tierras”.

En la conferencia el secretario informó que se tomaron 50 días de diálogo entre los representantes de los ocupantes y el gobierno provincial para llegar a ese “entendimiento”, que se concretó con la firma de un acta. Y aclaró que en todo momento se les había informado que el terreno donde se habían instalado tenía muy poca factibilidad para ser habitado por ser “totalmente inundable”, ya que por debajo pasa un canal “y que con las primeras lluvias iba a suceder lo que pasó”, en referencia a las inundaciones que afectaron a las familias asentadas. 

El funcionario también explicó que de ahora en más las trabajadoras sociales de la provincia visitarán a las familias que levantaron la toma en aquellos lugares que declararon como el domicilio donde se ubicarán “para facilitarles las inscripciones en algunos planes sociales nacionales que hay”, así como en el registro del Plan Mi Lote. Para eso, la Provincia desistió de la denuncia por usurpación, “atento a la voluntad de los ocupantes de salir del predio”, lo que los habilitará, según el reglamento del Plan, a participar de los sorteos.

Con respecto a Mi Lote, anunciado el 1 de agosto y que prevé entregar entre 10 mil y 12 mil terrenos a familias que no cuentan con vivienda propia, el secretario recordó que “hubo un problema en los últimos 4 años del gobierno de Macri en donde no se invirtió en desarrollos urbanísticos sociales”, y agregó que teniendo en cuenta que la demanda habitacional crece a un ritmo del 15% en forma anual, “se nos acumuló un 60% de demanda”.

A ese problema le sumó el aislamiento que produjo la pandemia de coronavirus, “que hizo que todo el mundo tenga que estar hacinado en sus casas y muchos sin trabajar para poder pagar los alquileres, lo que provocó todo esto”.

El funcionario contó que se asistirá a las familias para que se inscriban en el Programa nacional Potenciar Trabajo, que es un mix entre Hacemos Futuro y Proyectos Productivos Comunitarios y busca mejorar la empleabilidad y la generación de nuevas propuestas productivas a través de la terminalidad educativa, la formación laboral y la certificación de competencias. Para ello, los beneficiarios deberán participar en proyectos socio productivos, socio comunitarios o socio laborales o acreditar que están estudiando.

Una de las mayores preocupaciones de las mujeres que ocupaban Parque la Vega era saber dónde se alojarían aquellas que manifestaban haber recurrido al asentamiento porque convivían con parejas que ejercían violencia o con las que padecían violencia intrafamiliar junto a sus niños y niñas. Esa situación tampoco quedór resuelta con el levantamiento de la toma. 

Hace ocho meses, en plena pandemia, unas 600 familias ocuparon distintos baldíos ubicados al costado de la ruta provincial 21. De esas tomas, tras el desalojo de las familias de Parque La vega, solo quedan las del barrio San Calixto. Según Carral, en más de 5 meses de negociaciones “nunca se pudo llegar a un entendimiento”. Pero aclaró que se realizaron solo mediaciones judiciales impuestas por la fiscalía interviniente.