El procurador general de Salta, Abel Cornejo, se reunió ayer con las referentes locales de la organización Mujeres Trans Argentina (MTA), María Pía Ceballos y Luz Bejerano, con quienes dialogó sobre la implementación del cupo laboral trans en el Ministerio Público Fiscal de la provincia.
El organismo informó que como en la provincia no hay una ley de cupo laboral para personas del colectivo LGBTIQ, la estrategia para avanzar en su implementación en el MPF será definida por el Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género, que integran Bejerano y Ceballos, quien además es funcionaria del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.
El procurador adelantó que las primeras medidas se adoptarán durante los próximos 30 días, a través de una resolución que establezca la inclusión y contratación de personas trans en el Ministerio Público Fiscal.
Ceballos y Bejerano presentaron al procurador un informe basado en una encuesta que MTA y la Cátedra Lohana Berkins, de la Universidad Nacional de Salta, realizaron en 2020 en relación a la situación de la población trans y travesti. Ceballos, quien es docente de la Cátedra, sostuvo que del total encuestado, más del 90% pide la inclusión en el trabajo y el cupo laboral.
La referente, que es coordinadora de la Promoción de Empleo para Personas Trans en el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, consideró valioso “sumar aliades para el abordaje de la cadena estructural de violencia y dar cuenta de acciones afirmativas que permitan incorporar a personas trans” a los distintos ámbitos laborales.
Un pedido viejo
El MPF informó que Ceballos y Bejerano dejaron al procurador una copia de la nota presentada en julio de 2020 al presidente de la Corte de Justicia de Salta, Guillermo Catalano, pidiéndole que apruebe el cupo laboral trans, teniendo en cuenta el antecedente del Poder Judicial de Tucumán.
En febrero de 2020 la Corte de Justicia de esa provincia dictó la acordada 74/2020, por la que aprobó un sistema de ingreso democrático diferenciado, destinado a la inserción laboral en el Poder Judicial de personas travestis, transexuales y transgénero. La medida respondió precisamente a una demanda presentada por el Colectivo “Frente por el cupo laboral trans”.
En septiembre último el Poder Ejecutivo Nacional, mediante el decreto 721, estableció que en la Administración Pública Nacional "los cargos de personal deberán ser ocupados en una proporción no inferior al uno por ciento (1%) de la totalidad de los mismos por personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo”.
“Esa fue una decisión política del presidente Alberto Fernández, pero esperamos que este año se trate legislativamente, porque la inclusión no debe quedar solo en experiencias aisladas. Por el contrario, debe abarcar todos los espacios de la sociedad, los distintos poderes y los sectores privados”, analizó Ceballos. En el Congreso de la Nación hay al menos 14 proyectos de ley que buscan establecer el cupo y la inclusión laboral de personas trans y esperan tratamiento.
Ceballos también recordó que cinco municipios de Salta aprobaron por unanimidad el cupo laboral trans. Son Orán, El Carril, Cerrillos, Joaquín V. González y Metán.
Cincuenta y cinco municipios salteños siguen sin tratar este tema, entre ellos la ciudad de Salta. Y tampoco lo aprobó la Legislatura.