La defensa por la legalización del aborto traspasa todas las fronteras y el triunfo argentino contagia de fuerza a les hermanxs de Abya Yala para exigirlo en sus territorios. Los feminismos latinoamericanos han acompañado y apoyado el proceso de lucha que hoy nos encuentra celebrando el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, un proceso que se replica y se fortalece en los territorios de Nuestra América.

Desde el 30 de diciembre de 2020 Argentina se sumó a la pequeña lista de países latinoamericanos en los que el aborto es legal, en las primeras semanas de gestación y según los plazos establecidos por ley, junto a Uruguay, Cuba, Guyana, Guyana Francesa y Puerto Rico. Los territorios más hostiles donde el aborto está penalizado y prohibido sin excepciones son El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Haití. Paraguay también posee una de las leyes más restrictivas sobre aborto, donde está penalizado salvo en caso de peligro de vida de la persona gestante a criterio del personal médico quienes excluyen los embarazos de alto riesgo de niñas violadas porque no lo considera un riesgo de vida para la vida de la menor y son obligadas a gestar y parir.

En Venezuela, Guatemala, Perú y Costa Rica está despenalizado sólo en el caso que la vida o la salud de la persona gestante esté en peligro. La misma situación se repite en Chile, Colombia, Bolivia, Ecuador y Brasil pero en estos países se incluyen otras causales como violación e inviabilidad del feto.

En México, cada Estado tiene su propia legislación y las restricciones varían de uno a otro, solo en Oaxaca y el Distrido Federal el aborto está permitido sin condiciones hasta la semana 12 de gestación. En abril del año pasado entró en vigencia una Ley de Amnistía firmada por el presidente Andrés Manuel López Obrador bajo la cual dejaría en libertad a mujeres criminalizadas por abortar. Un informe publicado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), organización que promueve el debate informado sobre derechos reproductivos, señala que los efectos de esta nueva normativa serían limitados ya que se trata de una ley federal que no alcanza al orden de cada Estado de México. Tampoco modifica la norma que castiga la interrupción del embarazo, por lo tanto, las personas gestantes de los Estados donde la practica está penalizada seguirán siendo criminalizadas y además el beneficio se concedería en los casos en que el aborto haya sido cometido antes de la fecha de entrado en vigor del decreto.

BOLIVIA: La clandestinidad a favor de la violencia sexual

Lo que sucede en Bolivia es una muestra de las consecuencias del uso indiscriminado de la objeción de conciencia sin el control del Estado donde ni siquiera se garantizan los casos en los que es ley. En este país el aborto puede practicarse bajo dos causales: si afecta la salud de la persona gestante y si el embarazo es producto de una violación con denuncia mediante, sin embargo, la dificultad es encontrar un profesional que quiera realizar la práctica bajo las causales que están permitidas.

Adriana Guzmán, activista lesbiana aymara y referente del feminismo comunitario antipatriarcal en Bolivia, explica que el gran problema que se genera con lxs médicxs tiene que ver con el negocio de la medicina privada que prevalece en el sistema de salud. “En Bolivia no tenemos un sistema de salud universal para todos, por eso a nosotras no nos funciona el aborto legal, porque igual tendríamos que ir a un médico privado. Igual tendremos que pagar para hacerlo y eso va a depender, por supuesto, del mercado. Y otra vez las que van a morir son las que solo tienen para pagar un aborto en malas condiciones. Entonces, hay que fortalecer el aborto autónomo. Pero el problema de los médicos es el mercado de la clínica privada, que además está ligado a un ejercicio de poder porque ejercen violación después de practicar el aborto. Los estudiantes de medicina, los catedráticos de medicina tienen esta práctica tan patriarcal de practicar abortos y después violar a la mujer que se ha practicado un aborto y no se los puede denunciar porque el aborto está penalizado. Eso sucede en las clínicas más clandestinas, pero también es una práctica que sabemos está en la Facultad de Medicina y en distintos lugares del país”.

En 2016 la lucha feminista en Bolivia logró un avance muy importante en materia de derecho sexual y reproductivo, se modificó el Código Penal que incluía dos nuevas causales: la causal económica, es decir, que la interrupción del embarazo sea legal en los casos en los que las personas gestantes no posean condiciones económicas para la crianza; y la causal estudiantil, que permite el aborto para estudiantes, ya sea de escuela o de universidad. Sin embargo, en dos semanas, la presión de grupos antiderechos y el poder de las clínicas privadas que veían afectado su negocio hizo que estas modificaciones fueran revocadas. En Bolivia solo pueden acceder a un aborto seguro quienes puedan pagarlo, las personas gestantes pobres que no pueden costear un aborto en una clínica privada, lo hacen de manera insegura, arriesgando su vida: “Acá las que mueren en abortos clandestinos son las mujeres empobrecidas, que además son mujeres indígenas, migrantes en la ciudad y muy jóvenes.”

Uno de los desafíos para las hermanas del Altiplano en relación al aborto es recuperar la memoria ancestral de las mujeres indígenas que durante siglos han realizado la practica con sus propias medicinas, tiempos y procesos. “Abortar es una memoria ancestral. Eso no tiene que ver sólo con la medicina ancestral, sino también con que nuestros cuerpos tienen la capacidad de abortar, tienen una memoria de abortar y esto hace caer todos esos prejuicios de trauma, de que el aborto puede ser muerte. Nuestros cuerpos tienen esa memoria, como tienen memoria de parir, porque la memoria es genética, larga, de lo que han vivido mis abuelas y mis ancestras”, detalla Guzmán.

Las prácticas patriarcales y machistas que atraviesan las comunidades destruyeron casi por completo esa medicina ancestral y hoy es muy difícil conseguirla, “los hombres se han encargado de hacer desaparecer las plantas con las que ancestralmente hemos abortado. Sin embargo, hay lugares donde existen y también hay hermanas que son curanderas, sanadoras, que utilizan la medicina ancestral y la complementan con el misoprostol. Entonces no estamos hablando de una posición idealista. Tenemos que resolver el problema hoy porque nuestras hermanas mueren hoy. Entonces, si complementamos la medicina tradicional con otra medicina, está bien, y si logramos la medicina ancestral, también está bien. Aquí lo importante es la autonomía de nuestros cuerpos”, asegura Guzmán.

En Bolivia el triunfo de la ley en Argentina ha dado fuerzas a los grupos feministas para reencontrarse en las calles, un movimiento que sufrió una fragmentación grande durante el golpe al ex mandatario Evo Morales, y que dejó con posiciones muy polarizadas. Guzmán sostiene que el desafío hoy es reorganizarse como movimiento, para afianzar las estrategias de lucha que llevan adelante por la autonomía de sus cuerpos: “Hoy hay una línea de aborto, hay diferentes instancias feministas. Nosotras somos parte de Socorristas Comunitarias, hemos aprendido con socorristas en Argentina. Para nosotras no hay fronteras y creemos que es fundamental que no se pierda el socorro. Si bien tiene que ser legal, pero que la responsabilidad, la acción, los procesos no queden solamente en el Estado, que sigamos abortando autónomamente, que nos sigamos acompañando entre nosotras, porque esa es la mejor forma de abortar, cuando está en nuestras manos y no en manos del Estado.”

CHILE: Las causales no alcanzan

En Chile el miércoles 13 de enero la Comisión de la Mujer y Equidad de Género de la Cámara de Diputados comenzó el debate por la despenalización del aborto voluntario hasta las 14 semanas. “Fue un paso importante porque tuvo un revuelo mediático, pero aun así, creo que falta instalar mayor discusión como la que se dio durante el debate durante estos dos años en Argentina sobre por qué es importante hablar de aborto y terminar con el aborto clandestino”, detalla Veronica Latorre, psicóloga que realiza acompañamientos a personas gestantes que transitan interrupciones de embarazo en el sistema de salud chileno.

El debate tiene lugar en un momento político trascendente en Chile donde se están conformando las listas de candidatxs que luego elegirá el pueblo para integrar la Convención Constitucional encargadxs de redactar una nueva constitución. En ese proceso están puestas las esperanzas: “Despenalizar es un paso pero tenemos que apuntar a tener una ley de aborto en Chile en la nueva Constitución. La organización y el movimiento feminista están creciendo más fuerte, pero en el poder legislativo falta instalarlo. Todavía nos queda un año más del nefasto gobierno de Piñera, no vamos a poder avanzar mucho con un gobierno de derecha, pero en la medida en que podamos cambiar la Constitución y salgan candidatos que apoyen al movimiento feminista y que se inicie la discusión sobre los derechos sexuales y reproductivos vamos a poder avanzar más,” explica Latorre.

Chile hoy posee una ley que despenaliza y regula el aborto bajo tres causales: riesgo de vida de la persona gestante, malformación fetal incompatible con la con la vida (sin límite de edad gestacional) y en caso de violación (hasta las 12 semanas de gestación en  mayores de dieciocho años y hasta catorce en menores de dieciocho años). Latorre destaca que gracias a la lucha del movimiento feminista lo que ya se ha logrado instalar en Chile es la despenalización social, “hoy día hay organizaciones socorristas que realizamos acompañamientos y aborto farmacológico, pero en condiciones de clandestinidad, donde muchas mujeres tienen temor y dudan realizar una interrupción porque pueden ser detenidas, las van a buscar al hospital directamente. Yo he visto estos casos, no son alejados en el tiempo, aunque si bien tenemos una legislación que es tan antigua que probablemente no lleve a las mujeres a la cárcel, pero sí las hacen pasar por un control de detención o por un juicio.”

Latorre detalla las deficiencias en el sistema de salud chileno que hoy representan una barrera para llevar a cabo incluso las interrupciones que no están penalizadas: “Estas prácticas solo se realizan en los hospitales que son de alto riesgo obstétrico, que son 69 en todo el país y no están en la atención primaria. Una de las cosas que logramos en un comienzo fue derribar la objeción de conciencia institucional, ahora es solo individual. Pero aun así los abortos no se garantizan porque no hay equipos de salud suficiente y además durante este gobierno también se cayó un muy buen proyecto de educación sexual integral.”

URUGUAY: Falta de información y objeción de conciencia

Mucho se ha hablado del caso uruguayo como faro y guía de los beneficios que trajo la legalización del aborto en el país vecino, donde disminuyó el número de interrupciones y la tasa de mortalidad materna, la segunda más baja de toda América detrás de Canadá. Lilian Abracinskas, activista feminista y directora de Mujer y Salud (MYSU), organización feminista para la promoción y defensa de la salud y los derechos sexuales y reproductivos como Derechos Humanos, asegura “la ley uruguaya quedó vetusta en comparación con la que acaba de promulgarse en Argentina”.

“Sin dudas el gran éxito en Uruguay es que en estos ocho años de implementación de la ley aproximadamente diez mil mujeres por año pasaron por los servicios legales de aborto para interrumpir, pero eso es a groso modo, no hay una mirada atenta para ver quienes están quedando afuera del sistema, porque particularmente en localidades chicas lo que sigue habiendo es la sanción moral”, explica Abracinskas. Frente a estas fallas las redes feministas uruguayas continúan realizando un arduo trabajo para que efectivamente se garantice la práctica, “el año pasado lanzamos la Red feminista de acompañamientos en aborto. Articulamos con las socorristas de Argentina, porque efectivamente, una de las cosas que nos dimos cuenta es que ha habido un debilitamiento de la causa feminista en relación al aborto, que no se termina con haber logrado una ley. Hay que empezar a inscribir aborto en la dimensión de ciudadanía sexual y reproductiva, tiene que ver justamente con cómo adquieren esa ciudadanía las adolescentes, cómo eso también se trabaja en los lugares de contexto religioso, ultraconservador y en ámbitos rurales mucho más restrictivos”, detalla.

La aprobación de la ley en Uruguay se dio a partir de una negociación con un sector que posee “una concepción muy cristiana sobre aborto y además es de centro derecha”, esa fue la condición que hubo para que efectivamente se pudiera aprobar un texto de ley asegura Abracinskas y agrega: “ya se sabía que si no se aprobaba en esa oportunidad que hubo durante el gobierno de Mujica, cuando volvía el de Tabaré Vázquez, que iba a ser candidato de la izquierda en las próximas elecciones, se iban a perder otros cinco años.”

Aprobada en 2012 la ley uruguaya establece la legalización del aborto hasta la semana 12 de gestación, que se extiende a 14 en caso de violación y sin límite cuando está en riesgo la salud de la persona gestante o por malformación fetal. Sin embargo, en la práctica, activistas feministas aseguran que se presentan inconvenientes, por un lado, en el sistema de salud y por otro en el déficit de información. Durante el proceso post promulgación de la ley, no hubo difusión sobre cómo acceder a la práctica, ese fue un trabajo que en Uruguay han hecho fundamentalmente las organizaciones feministas, y por otro lado se produjo un uso abusivo de la objeción de conciencia por parte de profesionales de la ginecología.

La principal barrera que hoy obstaculizan los abortos en Uruguay es la objeción de conciencia pero no responde a una cuestión religiosa, sino a la falta de control sobre lxs objetores, cómo se concibe la práctica del aborto en el ámbito de la medicina y la mercantilización de la salud por parte de lxs médicxs, Abracinskas explica: “Nosotras detectamos tres causas para objetar conciencia, una de ellas es porque realizar abortos no es una práctica prestigiosa para los profesionales y hay un estigma hacia quienes los realizan. La otra es el no sentirse preparados para entender la salud sexual y reproductiva como una dimensión del derecho y no como una intervención médica. Muchos profesionales de la ginecología nos decían que ni siquiera están formados en la carrera profesional para realizar abortos. La tercera se debe a que un aborto no tiene valor comercial, a diferencia de otros actos médicos, como cesáreas, colocar dispositivos intrauterinos, hacer laparoscopia o incluso atender partos que en Uruguay tienen valor comercial. Muchos profesionales dicen que en lugar de estar ‘perdiendo el tiempo’ en formar parte del equipo interdisciplinario, durante ese período pueden hacer una cesárea, una laparoscopia y ganan más plata que haciendo abortos. Y por último, no hubo ningún tipo de control fiscalizador de las autoridades sanitarias para que no hubiera un uso abusivo de estas prácticas. Lo que ha funcionado en el sistema es que, si la mujer se tiene que trasladar 400 kilómetros porque en su localidad todos los profesionales son objetores, la autoridad cubre los gastos del traslado. Pero no tienen en cuenta otra cantidad de cuestiones como, por ejemplo, que no todas las personas pueden organizar un viaje de 400 kilómetros para tener algo que se le podría dar en la policlínica de su barrio, cómo es la prescripción de la medicación para abortar.”

PARAGUAY: ¡Son niñas!

Las repercusiones de la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Argentina parecieron molestar a lxs funcionarixs de la Cámara de Diputados de Paraguay donde realizaron "un minuto de silencio por las miles de vidas de hermanitos argentinos que no van a nacer". El cinismo de esta expresión queda reflejado en la gran problemática sin resolver que posee el país vecino, donde no solo mueren personas gestantes por realizarse abortos inseguros, sino que, además, las niñas violadas son obligadas a gestar y maternar. Según un informe de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia el año pasado hubo 574 niñas de entre 10 y 14 años violadas y obligadas a parir. Consultada por Las12 Michi Moragas, abogada y referente feminista, de Paraguay explica: “La lectura que se hace de la única causal donde el aborto no está penalizado es muy restrictiva, el personal médico excluye a las niñas que tienen un embarazo de alto riesgo como consecuencia del abuso sexual. En la lectura del personal médico eso no necesariamente o por sí mismo es un peligro para la vida. En Paraguay hay aproximadamente alrededor de 30.000 abortos anuales, que es un número bastante alto y los números de muertes fueron bajando principalmente como resultado de las redes de acompañamiento y de la autogestión, y no por medidas como, por ejemplo, la educación sexual porque en Paraguay hay mucha resistencia de parte de los grupos conservadores, fundamentalistas y religiosos a que haya educación de la sexualidad. La otra consecuencia es que al día dan a luz dos niñas de entre 10 y 14 años que hoy podrían estar accediendo a abortos legales, están obligando a maternar a niñas violadas en Paraguay.”

En Paraguay tanto la Iglesia católica como los grupos evangélicos tienen gran incidencia y vínculos en el poder político, el parlamento absolutamente conservador se declaró pro vida y pro familia, los diputados y diputadas que protestaron contra la aprobación del proyecto Ley pertenecen a los partidos más conservadores como Patria Querida, un partido de derecha católica y también al Partido Colorado que hoy gobierna. “Las propuestas de despenalización que se hicieron ni siquiera han sido consideradas hasta el momento. Hay que recordar que en Paraguay teníamos un Código Penal en 1914, que fue modificado en el año 97. Los únicos artículos que no se modificaron ese año fueron los artículos relativos al aborto, que recién se modificaron en el año 2008 porque el Parlamento se negó a discutirlo. Esto es un indicador de la falta de voluntad política para dialogar estos temas, que son difíciles, pero que realmente son fundamentales en la vida de las niñas, mujeres y personas gestantes”, asegura Moragas.

BRASIL: El aborto clandestino mata

En Brasil el aborto es legal cuando está en riesgo la vida de la persona gestante, en caso de anencefalia y cuando el embarazo es producto de una violación, sin embargo, el avance de sectores conservadores de la derecha brasileña y la falta de servicios para acceder a un aborto en el sistema de salud impiden que se realicen las interrupciones incluso en los casos que ya es legal, empujando a las personas gestantes a caer en la clandestinidad y las prácticas inseguras. “Los últimos datos que hay del Ministerio de Salud informan que cada año en Brasil hay 203 muertes por abortos clandestinos, lo que representa una una muerte cada dos días. Las víctimas del aborto inseguro son principalmente las mujeres más vulneradas, pobres, negras e indígenas que no pueden acceder a un procedimiento seguro en Brasil. Y además la clandestinidad genera una criminalización de las mujeres, genera inseguridad y mucha violencia, sobre todo contra las mujeres de las clases más bajas.” Asegura Luiza Mançano, editora de Brasil de Fato.

Mientras el aborto clandestino en Brasil continúa cobrándose vidas, el presidente Jair Bolsonaro no solo niega la gravedad de la problemática en su país, sino que, además, luego de la aprobación de la ley en Argentina criticó la medida, “la vida de los niños argentinos ahora está sujeta a ser terminada en el vientre de sus madres con el consentimiento del Estado” escribió vía Twitter, olvidando que el aborto en condiciones inseguras es la cuarta causa de mortalidad materna en su país. “De acuerdo a los últimos datos recolectados en Brasil se realizan entre 700 mil y un millón de abortos por año y una de cada cinco mujeres de hasta 40 años se practicó al menos un aborto”, asegura Mançano.

La periodista cuenta que en Brasil se recibió con mucha alegría la legalización del aborto de Argentina, una lucha que las hermanas feministas brasileñas han acompañado y apoyado, “hemos visto la importancia de una movilización tan masiva en las calles como resultado de un trabajo de comunicación de base y de pedagogía feminista que se dio durante muchos años y esa experiencia nos dice muchas cosas sobre la importancia de la movilización para llevar el debate del aborto a nivel público”. Sobre los desafíos en su territorio asegura: “creo que en Brasil tenemos un reto que es popularizar la lucha por el aborto y ampliarla hacia los demás movimientos sociales y partidos progresistas que en los últimos años desde antes del golpe contra Dilma tienen un recelo muy grande para hablar sobre aborto, la derecha ganó fuerza en el debate y el progresismo de Brasil quedó arrinconado. Por eso tenemos que realizar una campaña masiva como la que se dio en Argentina, acá tenemos el Frente de Lucha por la Legalización del Aborto y está compuesto por diversas organizaciones feministas en Brasil.”

La lucha por la autonomía de nuestros cuerpos no conoce fronteras, atraviesa toda Abya Yala, hermanadas en la defensa por el derecho a decidir, elegir, desear, vivir, sin riesgos, ni castigos, libres, contra el cinismo y la hipocresía de quienes dicen defender la vida pero tienen las manos manchadas con la sangre de todxs aquellxs a lxs que les negaron su derecho y no sobrevivieron.