Durante la década de los 90’ en el sistema educativo argentino se primarizó y disolvió la enseñanza técnica mediante la Ley Federal de Educación de 1993, se impulsó asimismo el disgregamiento y desarticulación del sistema educativo nacional preuniversitario culminando en 1994 con el proceso de las transferencias de servicios educativos nacionales a las provincias sin el financiamiento; en un contexto general de desmantelamiento del Estado Benefactor y Desarrollista.
Sin embargo a fin del siglo y a resultas del prolongado conflicto liderado por los docentes en defensa de la educación pública, la Nación volvió a participar del financiamiento salarial preuniversitario a través del Fondo Nacional de Incentivo Docente. La Carpa Blanca docente tuvo un triple mérito: reivindicar la importancia de la educación, abortar la tendencia a la privatización y atomización del sistema educativo argentino y volver a corresponsabilizar a la Nación en el financiamiento del sistema educativo preuniversitario. La crisis terminal generalizada de fines de 2001 interrumpió ese camino y afectó no sólo al sistema educativo sino que llevó a la desarticulación de las instituciones y la sociedad argentina.
Desde 2003, el punto de inflexión se vuelve permanente con los cambios normativos tendientes a unificar el Sistema Educativo Argentino no universitario y armonizarlo con un modelo de desarrollo nacional (Ley de Financiamiento Educativo, la Ley de Educación Nacional y de Educación Técnico Profesional) y se transita un sendero de reducción en la brecha de desigualdad salarial jurisdiccional docente con el financiamiento nacional del incentivo docente y la compensación salarial docente, para lo cual una institución tuvo el rol protagónico central: la paritaria nacional docente, establecida para los docentes como un derecho en la Ley 26.206 de Educación Nacional y garantizada a los gremios en la Constitución Nacional.
En Argentina, el Estado nacional, las provincias y la Ciudad Buenos, de manera concertada y concurrente, son los responsables de la planificación, organización, supervisión y financiación del Sistema Educativo Nacional (con al menos el 6 por ciento del PIB) y de garantizar el acceso a la educación en toda su estructura. En ese marco las autoridades provinciales como agentes naturales del Gobierno federal deben hacer cumplir la Constitución y las leyes de la Nación, tanto como el Poder Ejecutivo Nacional como responsable político de la administración general del país y la ejecución de las leyes.
La ley nacional de educación mantuvo la vigencia de la Ley de Financiamiento Educativo, en cuanto a que el Ministerio de Educación Nacional y de las Provincias y los gremios docentes con representación nacional, acordarán un convenio marco que incluirá pautas generales sobre condiciones laborales, calendario educativo, salario mínimo docente y carrera docente para el desempeño docente en el ámbito del Sistema Educativo Nacional; con la supervisión del Ministerio de Trabajo de la Nación. Esa negociación, la Paritaria Nacional Docente, es un marco homogeneizante para las Provincias y CABA de las temáticas relacionadas al desempeño docente. En lo salarial es un parámetro del incremento docente, mediante la fijación del piso mínimo docente (maestro de grado ingresante de jornada simple).
En su funcionamiento formal desde 2008, la paritaria, tuvo acuerdos (2008 a 2010, 2011, 2014 a 2016) y no acuerdos (2012 y 2013); sin embargo con el acuerdo en la paritaria nacional se reduce la probabilidad de mantener conflictos locales en el tiempo, ya que la referencia acordada es un piso para todas las jurisdicciones y no menoscaba la potestad de las negociaciones colectivas jurisdiccionales de definir autónomamente las modificaciones de los distintos componentes del salario docente provincial.
En el piso salarial se define el aporte nacional con un incentivo docente igual para los docentes de las 24 jurisdicciones (el FONID) que inicialmente fue 60 pesos y en 2016 alcanzó 1210 pesos; y también la compensación salarial, un aporte extra que en 2006 arranca en 100 pesos y en 2016 es 945 pesos, en el marco del Fondo Nacional de Compensación Salarial docente creado en la Ley de Financiamiento Educativo para contribuir a la compensación de las desigualdades en el salario inicial docente en las provincias. Ambos fondos están incluidos en el Presupuesto Nacional 2017 aprobado por el Congreso de la Nación con créditos por 21.408 millones de pesos. Sin embargo su valor y con ello el esfuerzo por nivel no ha sido discutido.
Lo anterior implica que el financiamiento nacional ha venido solventando un rango mínimo del 4,7 por ciento a un máximo de 16,4 por ciento del piso salarial docente preuniversitario; y para los docentes de las provincias que son asistidas también con compensación salarial, el aporte federal ha variado en un rango mínimo del 15,7 por ciento a un máximo del 29,8 por ciento del piso docente.
La paritaria nacional docente ha sido responsable de que cada año la brecha salarial docente entre las 24 jurisdicciones sea entre un 5,1 y un 22,8 por ciento, haciendo además que la distribución salarial entre los docentes de las 24 jurisdicciones sea menos desigual.
El primer acuerdo nacional en 2016 entre las cinco representaciones docentes nacionales y el nuevo gobierno nacional (acta paritaria del 25/02/2016) en el Ministerio de Trabajo de la Nación, estableció además del aumento del 51,8 por ciento en el salario mínimo testigo, en tres etapas, el aumento del Incentivo docente hasta 1210 pesos y de la compensación salarial a 945 pesos; y un reaseguro para que ese mínimo docente sea en adelante al menos un 20 por ciento superior al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM); lo que no reemplaza la paritaria nacional 2017; porque llevado al extremo del ridículo, si esa garantía piso además de piso es techo, un gobierno que decidiera congelar el SMVyM; lo haría con el salario docente.
En 2016, hubo tres paritarias nacionales más (4 de mayo, el 23 de junio y el 4 agosto) en las que el gobierno nacional convocó a discutir: salario, Formación Docente, Educación de Calidad y Convenio Colectivo para el sector. Sin embargo 2017 parece que por ser un año impar no debe respetarse la institucionalidad y puede avallarse todos los marcos normativos.
El sistema educativo necesita mejorar, modernizarse y adaptarse a un mundo tecnologizado, con alumnos de cultura más ágil, rápida y de más fácil dispersión. Ese desafío irremediablemente será más asequible en una sociedad donde no solo todos los actores de la comunidad educativa “arrastren el carro”, sino donde la Nación juegue un rol central junto a las Provincias. Volver para atrás es un retroceso
* Centro de Investigación en Economía Política y Comunicación (Ciepyc-UNLP).
Revista Entrelíneas de la Política Económica 3ro. 47.
