La Cámara de Diputados arrancará la semana próxima con las sesiones extraordinarias. Pese a la resistencia de Juntos por el Cambio, el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, logró el aval de la mayoría de los bloques parlamentarios para prorrogar hasta el 12 de febrero el protocolo de sesiones remotas mixtas con mayoría presencial y así destrabar el funcionamiento del cuerpo legislativo.

Con la firma del jefe del bloque de Consenso Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, Massa consiguió la adhesión de la mayoría de las bancadas parlamentarias para renovar el protocolo de sesiones remotas, con el que funcionó a lo largo de la pandemia. Aunque el lavagnismo dejó expuesta su queja por la no inclusión todavía en el temario de extraordinarias de la prórroga de la ley de promoción de biocombustibles, que el oficialismo se había comprometido a sumar. De todas maneras, la bancada opositora consideró que no se podía obstaculizar las facultades del Ejecutivo para fijar el temario de las sesiones extraordinarias.

La última renovación había establecido que las sesiones se realizarán con mayoría presencial de los legisladores, con la excepción de aquellos que por razones de edad o salud no puedan movilizarse, tras acreditar su condición sanitaria ante las autoridades administrativas de la Cámara. La actividad legislativa continuará de la misma manera.

El acta de la renovación del protocolo lleva la rúbrica de Cecilia Moreau (Frente de Todos), José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo), Eduardo “Bali” Bucca (Interbloque Federal), Carlos Gutiérrez (Córdoba Federal), Ricardo Wellbach (Frente de la Concordia Misionero), Andrés Zottos (Justicialista), Alma Sapag (MPN), Luis Di Giácomo (Juntos Somos Río Negro), Felipe Álvarez (Acción Federal), Enrique Estévez (Partido Socialista), Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social), y Rodríguez.

En el oficialismo aseguran que con todos estas adhesiones existe un “consenso mayoritario” para habilitar las sesiones de la Cámara baja a pesar de la resistencia de Juntos por el Cambio. En tanto, fuentes cercanas a la Presidencia del cuerpo recordaron que la Justicia ya determinó que Diputados tiene facultades para funcionar bajo sus propios reglamentos, tras la resolución del titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 1, Enrique Lavié Pico, que en octubre rechazó un amparo presentado por JpC sobre la validez de las sesiones remotas.

Precisamente, los únicos que no firmaron la prórroga fue el interbloque macrista de JpC, que buscó condicionar la agenda del Gobierno a solo temas acordados con su bancada, para bloquear el tratamiento de la reforma a la justicia federal y las modificaciones a la ley del Ministerio Público Fiscal (para destrabar la designación de un nuevo procurador general), que ya tienen media sanción del Senado y conforman el temario que el Gobierno envió para las extraordinarias.

El Frente de Izquierda (FIT) tampoco firmó pero no se opone a sesionar. "No es necesario firmar el protocolo. No nos oponemos al funcionamiento, y así lo expresamos cuando firmamos el protocolo pese a la negativa de JpC que buscaban que solo hubiera sesiones 'de consenso'. Desde el comienzo de la pandemia hemos planteado que, ya sea de manera presencial, virtual o mixta, el Congreso debía sesionar para tratar leyes que atiendan las necesidades populares y hemos estado en todas las sesiones y en las comisiones", dijo Nicolás del Caño a Página 12 aunque cuestionó la agenda oficialista.  

Desde el oficialismo igual buscan acordar un temario para la sesión que en principios se realizaría el martes o miércoles de la próxima semana. Aunque el Frente de Todos quiere darle prioridad a un paquete de temas económicos que figuran en la agenda de 25 proyectos que el Ejecutivo incluyó en el temario para las extraordinarias. Una lista en la que figuran, entre otros, la ampliación de la sostenibilidad de la deuda externa y que cualquier futuro endeudamiento deba ser aprobado por el Congreso; incentivos para la reactivación de la industria de la construcción, y el financiamiento del sistema nacional de Ciencia (Conicet). A lo que sumarían los subsidios a los familiares de la víctimas del hundimiento del ARA San Juan durante la gestión de Cambiemos, y el traspaso de dominios territoriales de la nación a diversas provincias.