Dos hombres y una mujer fueron imputados formalmente por el transporte de 93 kilos de cocaína desde el norte del país a Buenos Aires. A pedido de la Fiscalía, el juez federal de Garantías Julio Bavio dispuso la prisión preventiva de los tres, pero en el caso de la mujer ordenó que sea domiliaria para no separarla de sus dos hijos pequeños, que estaban con ella al momento de ser detenida. 

Uno de los hombres y la mujer, de nacionalidad boliviana ambos, eran pareja y viajaban con los niños menores de edad. El  otro hombre, de nacionalidad argentina, es el padrino de estos chicos y era el conductor del vehículo en el que viajaban, una camioneta Renault Oroch. Fueron detenidos el domingo último en la ruta nacional 34, en el puesto de control El Naranjo, de Gendarmería Nacional en Rosario de la Frontera, en el extremo sur de la provincia. 

En la audiencia de imputación el fiscal federal Carlos Amad explicó que los ocupantes de la camioneta provenían de La Quiaca, en la frontera de Jujuy con el Estado Plurinacional de Bolivia, y se dirigían a Tucumán. Sin embargo, al responder sobre el itinerario tuvieron contradicciones y eso despertó la sospecha de los gendarmes que realizaron el control.

Y al revisar la camioneta advirtieron que había tornillos removidos en la estructura de metal del tubo de gas, como en el cobertor de plástico de la caja. Ya en la requisa exhaustiva, tras desatornillar la estructura metálica y el cobertor, se descubrió un compartimento con paquetes rectangulares. 

Amad relató que se extrajeron 86 paquetes de cocaína, que pesó 93 kilos. La pareja y el chofer fueron detenidos y se secuestraron los teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para el caso.

El fiscal imputó a los detenidos el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de personas intervinientes. 

Los acusados fueron asistidos por Agustín Mogaburu, de la Defensa Pública. Los tres accedieron a declarar y coincidieron en responsabilizar al hombre boliviano, en lo que para la Fiscalía y el juez fue un evidente intento por librar de culpa a las otras dos personas. 

La primera en declarar fue la mujer. Negó haber tenido algún conocimiento del transporte de la droga, y lo adjudicó a su pareja e incluso afirmó que el chofer también desconocía esto. Con llantos en varios tramos de su declaración, la mujer aseguró que su pareja salió el sábado a la mañana y regresó sin la camioneta, y en la tarde la recuperó.

La mujer detalló que el lunes 11 de enero salieron de su domicilio en el partido de La Matanza, en Buenos Aires, con destino a Jujuy para pasar unos días de vacaciones; relató que en el trayecto tuvieron un inconveniente por un desperfecto del vehículo en Santiago del Estero, pero después siguieron sin más problemas y llegaron a La Quiaca el viernes 15 de enero. 

En ese lugar estuvieron hasta el día siguiente por la noche, cuando emprendieron el regreso y fueron detenidos el domingo al mediodía en Rosario de la Frontera. La mujer rogó al juez que no la separara de sus hijos y aportó detalles para demostrar que tiene un vínculo fuerte con ellos. 

El chofer coincidió con la mujer. Dijo que fue invitado por el padre de los chicos y que aceptó porque trabaja como chofer y “me gusta manejar”. Sobre la cocaína, afirmó que nada sabía al respecto. 

El concubino se adjudicó la maniobra. Contó que le ofrecieron dinero para hacer el viaje. Siguiendo estas instrucciones, al llegar a La Quiaca llamó a un teléfono. “Me encontré con una persona que se llevó la camioneta y luego me la devolvió”, relató antes de ratificar que ni su pareja ni el chofer conocían sobre la droga. 

Prisión domiciliaria, por los niños 

El fiscal Amad y la auxiliar fiscal Josefina Vargas pidieron que las tres personas queden en prisión preventiva fundándose en la gravedad del hecho, el riesgo de fuga y la posibilidad de que entorpezcan la investigación. Hubo una discusión particular sobre la situación de la mujer, por los niños involucrados. La propia Fiscalía solicitó que la madre cumpla la preventiva en la modalidad de prisión domiciliaria para resguardar su vínculo con los chicos, que siempre estuvieron con ella.

La defensa insistió en que la mujer es ajena al hecho y pidió su libertad, aunque de manera subsidiaria aceptó la prisión domiciliaria.

También intervino la defensora de menores Clarisa Galán, en representación de los intereses de los niños. Galán adhirió al pedido de la defensa pública, y realizó otros planteos referidos al retorno de la mujer y de sus hijos a la provincia de Buenos Aires.

El juez Bavio dio por formalizada la imputación penal, dictó la prisión preventiva para los tres acusados, pero dispuso que la mujer la cumpla en su casa, explicó que no accedió a la libertad porque consideró poco creíbles sus argumentos. Pero, para resguardar los intereses de los chicos, dispuso que esté en su vivienda, donde será controlada por el Patronato de Liberados y la fuerza de seguridad más cercana, con la posibilidad de que, cuando haya disponibilidad de una pulsera electrónica, se la coloquen.

Los hombres fueron trasladados al Complejo Penitenciario NOA III, en General Güemes.