La Asociación de Pensamiento Penal espera que la Corte de Justicia de Salta autorice el uso de celulares para las personas privadas de la libertad como medida para mitigar las restricciones de visitas impuestas en el marco de la pandemia. El 24 de octubre último el juez de la Sala 3 del Tribunal de Impugnación, Eduardo Barrionuevo, falló a favor, pero la sentencia no se cumple porque la Provincia presentó una apelación. Como respaldo, ahora el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura envió una nota al magistrado y adjuntó recomendaciones para que sean elevadas a la Corte.
El abogado de la PP, Josue Díaz Cueto, explicó a Salta/12 que la semana pasada contestaron los planteos de la Provincia. Algunas de las objeciones del gobierno salteño son que el fallo incurriría en una gravedad institucional "porque el Poder Judicial entraría en esferas del Poder Ejecutivo", indicó el letrado.
Permitir el uso de celulares "restablece el derecho a la comunicación entre los detenidos y sus allegados hasta que perdure la emergencia sanitaria", añadió Díaz Cueto al explicar el pedido realizado por PP. Respecto a otra de las objeciones de la Provincia, sobre que esta medida pondría en riesgo a la ciudadanía, el abogado dijo que "no es cierto, porque hay muchos mecanismos de control", y recordó que el mismo juez Barrionuevo ordenó que la elaboración del protocolo o de los mecanismos para el uso de los móviles quede a cargo de la Subsecretaría de Políticas Penales, es decir, del gobierno provincial.
Díaz Cueto consideró que en el contexto de pendamia se debe adecuar a lo que se vive intramuros la realidad extramuros, donde se ha fomentado el uso de las nuevas tecnologías. En respuesta a otra objeción de la Provincia, respecto a que el juez no declaró la inconstitucionalidad de la ley 24660, que prohíbe el uso de móviles, el abogado dijo que en la Unidad Carcelaria N° 7, conocida como Granja Penal de Cerrillos, donde se aloja a las personas próximas a obtener la libertad, "ya se vienen utilizando celulares". "La gravedad inconstitucional es la última herramienta que debe usar un juez, antes tiene que esforzarse por armonizar la norma y es lo que hizo", remató.
PP solicitó en una audiencia con la Subsecretaría de Políticas Penales el ingreso a la Unidad Carcelaria de Varones y a la de Mujeres, para explicar a las personas privadas de la libertad sobre los requisitos y la solicitud que deben realizar para el uso de celulares. Todavía están a la espera de una respuesta. Díaz Cueto también relató que en la Alcaidía Judicial, el Servicio Penitenciario de Salta pedía que se ingresen celulares nuevos, pero ante el elevado costo de éstos, es una medida restrictiva para las familias, que no pueden comprarlos. El abogado dijo que, en lugar de esta exigencia, se pueden controlar los celulares que ingresan por el número de imei, que viene pregrabado en los móviles y es un código de identificación de cada celular.
Que se asegure el contacto
En la nota que hizo llegar al juez Barrionuevo para que sea elevada a la Corte de Justicia de Salta, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura pidió al máximo tribunal de la provincia que tome en cuenta sus recomendaciones, ya que lo que decidan afectará las condiciones de detención de las personas privadas de su libertad en todo el territorio de la Provincia.
Le solicitan que, "tal como ha hecho la Sala III del Tribunal de Impugnación", garantice "los estándares nacionales e internacionales vigentes" respecto a la habilitación para el uso de telefónica celular y método de videollamada, "asegurando un efectivo y periódico mantenimiento del contacto con el mundo libre para las personas privadas de su libertad en todos los establecimientos de detención de la Provincia" y mientras duren las restricciones impuestas en el marco de la pandemia de la covid-19.
La comisionada Josefina Ignacio dijo a Salta/12 que Barrionuevo les respondió "diciendo que iba a elevar lo enviado a la Corte, tal como lo solicitamos".
El Comité Nacional también recomendó que en los lugares donde ya se hubiere autorizado la utilización de teléfonos celulares y videollamada, se debían adoptar medidas concretas para que en su implementación se asegure en forma efectiva el acceso a los teléfonos por parte de las personas privadas de la libertad, en tiempo suficiente para realizar las comunicaciones necesarias para el mantenimiento de los vínculos con sus familiares y allegados. Asimismo, señaló que se debe garantizar conectividad con alcance a las áreas donde se permita la utilización de dispositivos para la comunicación.
Quien era el director ejecutivo de la Asociación Pensamiento Penal, Mario Juliano, ya fallecido, fue quien interpuso la acción de habeas corpus correctivo y colectivo a favor de las personas privadas de su libertad alojadas en la Alcaidía General y Unidades Carcelarias de Salta por entender que había un agravamiento de las condiciones de detención provocado por la prohibición de ingreso y uso de teléfonos celulares en los centros penitenciarios en la pandemia. Entonces el abogado sostuvo que esto "impide el derecho humano esencial a la comunicación y contacto con familiares y allegados de forma accesible y asidua".
